La Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia le pidió a la Fiscalía investigar a los empresarios bananeros Rosalba Zapata y Felipe Echeverri Zapata, por presuntamente, facilitar un despojo de tierras en Turbo (Antioquia) en la que resultó favorecida Bananeras de Urabá S.A., empresa que entró a explotar los predios. Asimismo, esa sala pidió que se investigue a los empresarios bananeros de Urabá S.A., Banacol y Uniban, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y financiación voluntaria a grupos paramilitares, declarada como delito de lesa humanidad por el propio investigador. Es decir, que la investigación de los hechos no prescribe.
En dicha sentencia el tribunal ordenó la restitución de 11 predios a familias campesinas en la vereda California, corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo, reconocida zona bananera en el norte de Antioquia. Luz Mary Calderón Mendoza, una de las beneficiarias de la sentencia expresa estar agradecida por el fallo después de 20 años de lucha “le pido un acompañamiento al gobierno para que no nos dejen solos en todo este proceso para así sentirnos más seguros de retornar. Me siento agradecida de todo lo que estamos viviendo, cuanto habíamos anhelado volver a nuestras tierras”.
Las denuncias de los reclamantes señalan que, a comienzos de este siglo, el empresario Felipe Echeverri Zapata convocó a los campesinos una reunión en la vereda La Teca, ubicada también en el Corregimiento de Nueva Colonia. A esta asistieron Rafael García alias El Viejo y Antonio Arboleda, quienes eran reconocidos jefes paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas, liderado a su vez por alias Pedro Bonito. Según los campesinos, los paramilitares llegaron armados “buscando intimidar a los convocados a fin de que cedieran a la exigencia que se les imponía, que se dirigía a que pagaran cuatro millones de pesos por hectárea de tierra que detentaran, para supuestamente lograr la propiedad de la tierra”, dice el tribunal.
Los reclamantes señalaron que se les impuso que el pago debían hacerlo por cuotas a través de Banacol, empresa con la que comercializaban el banano que cultivaban en las parcelas. “Banacol hacía los descuentos de manera mensual y esos dineros iban a parar a las cuentas de la familia del comandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún (alias Pedro Bonito). A causa de esas deducciones, los reclamantes sufrieron una notoria disminución de sus ingresos, afeitándose su subsistencia y la de sus familias, incluso, llegó el momento en que ya no pudieron seguir haciendo el pago establecido. Ante esta imposibilidad y bajo la presión ejercida por el señor Echeverri Zapata y el actuar de los grupos paramilitares”, recoge la sentencia.
Sobre Unibán, la sentencia señala que una de sus filiales, Sara Palma, funcionó en uno de los predios que hoy son restituidos. Unibán, que administra 27 predios (3.634 hectáreas) en la región de Urabá es mencionada por la empresaria bananera Rosalba Zapata, representante legal de Bananeras de Urabá S.A. «Declaró que se hicieron aportes a las Convivir: ‘A las Convivir si aportamos todos los bananeros, eran legítimamente constituidas, aportábamos a través de la compañía (…) se aportaba por caja exportada, por descuento por Unibán», señala la sentencia.
“El material probatorio allegado por la Unidad de Tierras (…) resulta más que contundente para generar el convencimiento de esta Sala en punto a que los reclamantes sí fueron compelidos por el fenómeno de violencia regional, a desplazarse forzadamente junto con su núcleo familiar. De esta manera la Sala considera demostrado todo el panorama de violencia que los grupos paramilitares ejercieron en la Vereda California, Corregimiento Nueva Colonia del Municipio de Turbo (Antioquia), en donde se hallan ubicados los bienes objeto de la solicitud restitutoria”, señala la sentencia conocida por este diario.
La sentencia, que es del 12 de marzo, una semana después que se decretara el estado de emergencia en Colombia por el COVID-19, ha impedido que se realice la entrega material de los predios. “Días después la empresa Bananeros de Urabá SAS abandona los predios a sabiendas del riesgo fitosanitario que se presenta por la presencia de sigatoka en las plantaciones, generando que los cultivos sean saqueados por parte de moradores de la zona que están aprovechando la pandemia para hacer explotación indebida de los predios” Afirma Julio Cuastumal abogado de Forjando Futuros, representante de los reclamantes de tierras.
¿Qué ha dicho Felipe Echeverri?
El portal periodístico verdad abierta tuvo acceso a la declaración que hizo el empresario bananero en 2005 ante la Unidad de la Fiscalía delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Turbo. Alli dijo que fue la familia Hasbún la que lo buscó para gestionar un arreglo con los ocupantes de la finca La Niña, que, según él, era propiedad de la Sociedad Emilio Hasbún S.A. «Dijo también que buscó a su amigo y asesor Antonio Arboleda, para que le ayudara a reunir a la gente que tenía el predio», dice el medio de comunicación.
Según Echeverri desde el 13 de mayo de 1997 se envió “una comunicación por parte de los invasores hacia el Incora donde reconocen el dominio ajeno y manifiestan estar dispuestos a negociar”. Este documento se realizó supuestamente para lograr que la Sociedad Emilio Hasbún pudiera entregar las escrituras sin necesidad de que mediara un tercero, en este caso el Incora.
Sobre la reunión en la que es mencionado por los campesinos Ecehverri dijo que sólo cuando llegó a la reunión se dio cuenta de que había paramilitares, pero que, contrario a lo declarado por los campesinos, los paramilitares estaban apoyándolos a ellos y no a él. Pese a que afirmó ser amigo desde la infancia de Raúl Hasbún, en una entrevista que le concedió a El Tiempo, dijo que solo se enteró de que su amigo era paramilitar el día en que se desmovilizó, en 2004.
Tomado de El Espectador
