Lima, 13 septiembre.– Tiene la mortalidad más alta de la COVID-19 por millón de habitantes, sufrirá una recesión del 12 % este 2020 y la próxima semana vivirá bajo la amenaza de quedarse sin presidente elegido por voto popular. Es Perú, el país de la triple crisis: sanitaria, económica y ahora también política.
Este reciente cisma político es el último capítulo del ya irreconciliable y fratricida enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde la oposición busca ahora dar, en plena pandemia y crisis económica, un golpe de efecto para desbancar a Vizcarra y hacerse con el poder, aunque sea de manera interina.
Pese a los rumores que desde hacía semanas circulaban sobre las intenciones de que el Congreso buscaría la destitución del presidente, nadie esperaba este movimiento tan extremo y desestabilizador cuando el país está sumido en controlar el coronavirus y reactivar su maltrecha economía.
El motivo para hacerlo fueron unas grabaciones secretas hechas al presidente que demostrarían, según la oposición, que mintió sobre sus vínculos con el cantante Richard «Swing», al que se investiga por el dinero que recibió en contrataciones del Ministerio de Cultura desde que Vizcarra está en la Presidencia.
INCERTIDUMBRE HASTA EL VIERNES
De momento, el juicio político abierto en el hemiciclo a Vizcarra parece que va camino al fracaso pero la incertidumbre se mantendrá hasta por lo menos el viernes, día en el que está programada la sesión del pleno extraordinario del parlamento para debatir la continuidad del presidente.
Vizcarra solo podrá respirar tranquilo cuando acabe la votación clave con menos de 87 votos a favor, el mínimo necesario para destituirlo por «incapacidad moral permanente».
A su favor está el aparente apoyo popular, pues la población se ha manifestado en contra del proceso de destitución con repetidos cacerolazos en barrios de Lima, nueva muestra de la gran simpatía que genera en sus enfrentamientos contra el Congreso, donde el Gobierno no tiene representación oficialista.
Además, la idea de «complot contra la democracia» lanzada Vizcarra para defenderse del ataque cobró fuerza al conocerse las llamadas que el presidente del Congreso, Manuel Merino, el principal beneficiado en caso de que la oposición logre su cometido, pues asumiría la jefatura del Estado, llamó en privado a las Fuerzas Armadas.
FUERZAS ARMADAS INVOLUCRADAS
Ese sábado se supo que Merino trató de involucrar a las fuerzas armadas en esta maniobra política, según el Ejecutivo para obtener su apoyo en caso de que prosperase el juicio político y él alcanzase el sillón presidencial.
Aunque Merino aclaró que solo fue una llamada para transmitir «calma», la duda ya quedó sembrada y su partido Acción Popular perdió a importantes aliados que le habían ayudado a abrir el juicio político un día antes.
Este domingo se conoció que el empresario César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso (APP) cambió de parecer en apenas 24 horas y anunció que su grupo votaría en contra de la destitución de Vizcarra pese a que los 22 congresistas votaron el viernes a favor de abrir el juicio político.
Mismo cambio de opinión tuvo el portavoz del partido populista Podemos Perú, el exministro Daniel Urresti. Por su parte, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular Keiko Fujimori aseguró en un mensaje difundido en redes sociales este domingo que no hay motivos suficientes para destituir al presidente.
«No es el momento ni la forma», dijo Fujimori, que recordó la crítica situación en la que se encuentra en el país a nivel económico y sanitario.
MÁS MUERTOS QUE EN UNA GUERRA
Pese a que el brote de coronavirus ya está en remisión a nivel nacional, Perú sigue registrando al menos un centenar de muertes por COVID-19 a diario.
Eso le ha llevado a ser el primer país del mundo en mortalidad al registrar más de 30.500 fallecidos, lo que se traduce en 93 decesos por cada 100.000 habitantes, el ratio más alto a nivel global.
Se trata de los fallecidos que pasaron prueba de COVID-19, pues los registros de defunciones marcan en realidad más de 70.000 decesos desde el inicio de la pandemia, fruto del precario y fragmentado sistema público de salud, descuidado durante décadas.
El embate es tan grande que las pérdidas humanas en seis meses de pandemia son ya más que en los 20 años (1980-2000) que duró el traumático conflicto armado interno desatado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), donde se estima que murieron 69.000 personas, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
En casos confirmados Perú es el quinto país del mundo al acumular más de 722.000 contagios, lo que obliga a tener todavía a las fronteras cerradas y algunas actividades económicas suspendidas.
ECONOMÍA CRITICA
Fruto de las draconianas medidas tomadas para evitar que las consecuencias de la pandemia fuesen aún mucho mayores, ha venido una aguda crisis económica.
La recesión prevista del 12 % coincide con el porcentaje del PIB que el Gobierno de Perú ha contemplado invertir para amortiguar el golpe, lo que se traduce en unos 26.000 millones de dólares en bonos para hogares vulnerables, familias en pobreza y, sobre todo, avales a créditos para evitar el quiebre de empresas.
En el mercado laboral se estima que se llegaron a destruir hasta tres millones de empleos, lo que está todavía lejos de recuperarse, pues el 70 % de los peruanos trabaja de manera informal, para vivir con lo que gana cada día.
En medio de este dramático escenario, el primer ministro, Walter Martos, se disculpó el sábado en un mensaje a la nación por no poder prestar las atención suficiente para combatir al coronavirus y tener que centrar sus esfuerzos en este crisis política abierta por la oposición desde el Congreso.
CENSURA A MINISTRA
Y el juicio político a Vizcarra no es el único frente de disputa política para el Ejecutivo. Este lunes el Congreso tiene previsto debatir una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por gestión económica frente a la crisis del COVID-19.
La semana pasada Alva ya tuvo que comparecer dos dias seguidos ante el Congreso para responder a una insólita interpelación de 82 preguntas, varias repetidas, lo que Merino justificó en que era para comprobar si no se contradecía entre una respuesta y otra.
Así, la moción contra Alva será un preludio del juicio político a Vizcarra, que antes de esta crisis ya había convocado oficialmente las elecciones generales previstas para 2021.
Fernando Gimeno
EFE
