Caracas, 16 de febrero de 2024.- Con corsé blanco, alas de ángel y un par de botines, un joven en Venezuela se tomó, recientemente, unas fotografías en una plazoleta frente a una iglesia, tras lo que fue detenido por «ultraje al pudor», el delito con el que, según activistas, personas LGTBI son «criminalizadas», mientras otros grupos más o menos numerosos, como las distintas religiones, ganan apoyo del Estado.
«Ser libre y expresar lo que somos no es un delito, la homofobia y el tercermundismo sí», escribió el joven de 26 años en Instagram junto con las fotos, dos días antes de la detención por parte de la Policía del estado Zulia (noroeste), que lo señaló por vestirse «de manera indecorosa», en una «actividad que atenta contra las buenas costumbres y el orden familiar».
Este hecho ocurrió pocos meses después de que 33 hombres fueran detenidos en un local LGTBI en el estado Carabobo (norte), acusados de «ultraje al pudor», además de «agavillamiento (asociación ilícita) y contaminación sónica», y excarcelados días después bajo régimen de presentación, tras numerosas protestas de distintos sectores en diversos puntos del país.
Estos dos casos, según dijo a EFE el abogado y activista LGTBI Alfredo Félix, constituyen una «criminalización» hacia este colectivo, a través de la desvirtuación de este delito, imputable a los que hagan «actos sexuales en la vía pública», y no a alguien que, por ejemplo, «pose disfrazada de ángel al frente de una iglesia».
Sin embargo, pese a que -aseguró- no hubo delitos en estos casos, el Estado «no tiene interés en proteger los derechos» de la población LGTBI, lo que -advirtió- pone en peligro la integridad personal y la vida de estas personas.
Ser homosexual en Venezuela, un «peligro»
Tras ser detenidos hace unos meses en un sauna gay, 33 hombres fueron trasladados a una comandancia policial de Carabobo, donde los agentes les quitaron sus teléfonos y revisaron sus fotos, mientras se reían y mofaban, a la vez que se referían a ellos como mujeres, según relató a EFE Iván Valera, uno de los aprehendidos.
Este internacionalista de 30 años recuerda también que, por los nervios, le dieron ganas de evacuar, pero el policía que lo custodió para ir al baño no le permitió cerrar la puerta, pese a que el joven manifestó su incomodidad. Asimismo, los jóvenes fueron obligados a ducharse frente a una docena de agentes.
Valera perdió su empleo de entonces y aún tiene secuelas, como dificultades para dormirse. Lamenta lo «peligroso que se ha convertido ser homosexual» en su país, cuyo Gobierno tiene «una agenda política» a favor de una «porción conservadora» de la población, conformada, principalmente, por grupos evangélicos, aseguró, que han «ido creciendo muchísimo».
En Venezuela, «si un gay se encuentra haciendo cualquier actividad que, para ellos o para su concepción, atente contra la moral o las buenas costumbres de una parte de la población, hay que encajarlo en este delito de ultraje al pudor. Es triste lo atrasado que estamos como país», expresó.
En la nación caribeña, a un homosexual no le permiten donar sangre, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones.
Apoyo estatal a religiones
Félix alerta de un incremento de los discursos de odio, muchos de ellos por parte de «personas identificadas con algún tipo de religión, muchas veces protestantes o evangélicas».
Y esta situación, prosiguió, es «bien preocupante», sobre todo porque -señaló- los grupos religiosos reciben apoyo del Gobierno, que lanzó, el año pasado, un plan de «restauración y embellecimiento de templos, iglesias y casas parroquiales», según dijo entonces el mandatario Nicolás Maduro, quien en noviembre aprobó la creación de «una universidad nacional interreligiosa».
Asimismo, anunció ese mes un «primer censo nacional» religioso con el objetivo de «diseñar la radiografía espiritual» del país y poder dar «todo el apoyo» a este sector.
A juicio de Félix, el Gobierno, ante las presidenciales de este año, aún sin fecha definida, «quiere los votos» de «grupos religiosos extremistas o grupos religiosos antiderechos», quienes, además, han pedido al Parlamento, de amplia mayoría oficialista, desestimar un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación.
Activistas piden medidas de prevención y sanción ante el «posible uso de narrativas homofóbicas y transfóbicas durante procesos de campaña electoral o en el contexto de procesos electorales».
Carlos Seijas Meneses
EFE
