Un 2020 de retrocesos en Derechos Humanos en El Salvador, según un exprocurador

San Salvador, 10 enero.- El 2020 fue un año de retrocesos en materia de derechos humanos y de violaciones a estos, especialmente en el contexto de la pandemia del coronavirus, según dijo en una conversación con Efe el exprocurador de Derechos Humanos de El Salvador David Morales (2013-2016).

«Hemos tenido un año, a mi modo de ver, de muchos retrocesos y de violaciones a los derechos humanos, especialmente que se produjeron en el escenario de las políticas para atender la pandemia por la covid-19», señaló.

PANDEMIA Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Para Morales en el 2020 debido a la pandemia «tuvimos políticas públicas caracterizadas por violaciones a los derechos humanos».

«Hubo una política clara de detenciones arbitrarias y sistemáticas en el marco de las cuarentenas que fueron ordenadas al margen de la legalidad, con abusos de poder y establecimiento de criterios violatorios de los derechos humanos y del debido proceso», dijo.

De acuerdo con el exprocurador, «se produjeron cientos de detenciones arbitrarias, privaciones de libertad y sometimientos de grupos de población a condiciones inhumanas de encierro provocando contagios forzados de (la) covid-19».

Entre marzo y julio del 2020, los salvadoreños estuvieron bajo una cuarentena domiciliar obligatoria para contener los contagios de la pandemia.

Sin embargo, esta medida implicaba, entre otras cosas, la detención de las personas que supuestamente no respetaban la disposición, quienes eran llevados a centros de contención instalados por el Gobierno, lo que violentó sus derechos, según diversos defensores de los mismos.

RETROCESOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

A criterio de Morales, en el 2020 también hubo «graves retrocesos en materia de transparencia, (…) y se ha violentado sistemáticamente la ley de acceso a la información publica».

«Prácticamente se ha caído en una situación en las que las diferentes oficinas gubernamentales niegan información y la declaran en reserva», dijo.

Además, trajo a colación las agresiones a periodistas de investigación, «ataques sistemáticos a través de redes sociales con carga de misógina y de discriminación, especialmente contra las mujeres periodistas».

¿DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS?

Morales dijo que se destaca «como el elemento positivo muy evidente la reducción de homicidios en general», lo cual, de acuerdo al también abogado, «no implica la disminución de la actividad criminal ni la presión y la violencia que las pandillas ejercen sobre las comunidades».

El Salvador, considerado como uno de los países más violentos del mundo, cerró el 2020 con 1.322 homicidios, aproximadamente un 45 % menos que los que se registraron en el 2019, según lo informó el pasado 1 de enero la Presidencia.

«Sigue el desplazamiento forzado, las extorsiones, la violencia contra mujeres y niñas, y contra jóvenes en las comunidades (…) el control efectivo del Estado en comunidades donde hay presencia fuerte de pandillas está demostrado por mucha investigaciones periodísticas que no es una realidad», apuntó.

Morales dijo que aunque es un «factor positivo la disminución de homicidios» también «es cuestionado por investigaciones muy contundentes periodísticas de que podría estar detrás un pacto del Gobierno con las cúpulas de las estructuras criminales, lo cual no puede ser solo ilegal, sino que es muy peligro».

El medio de investigación El Faro publicó en septiembre del año pasado un reportaje, que cita documentos oficiales y declaraciones de un líder de la pandilla, en el que señala que el Ejecutivo lleva negociando con la Mara Salvatrucha (MS13) desde junio y que el pacto incluye favores electorales para las elecciones legislativas y municipales del próximo febrero.

«Las pruebas de que el Gobierno de Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha son documentos oficiales del propio Gobierno», abre el texto que sacudió la política del país centroamericano.

«Es importante que en un proceso de prevención de violencia, de erradicación de la violencia, no solo haya represión sino que haya políticas de prevención que incluyan la reinserción de los infractores, que incluya diálogos comunitarios. El diálogo es importante para prevenir la violencia y para la superación de causas que están generando la violencia», señaló.

El exprocurador dijo que «lo que no es admisible son negociaciones políticas con cúpulas de poder criminal, mafias o crimen organizado que puede reavivar en potenciar la fuerza criminal y la sofisticación que estas estructuras ya tienen».

«Todavía no está muy claro el escenario de que si esta disminución de homicidios es sostenible. Parece evidente que no deriva de un plan control territorial, que no sabemos qué es, no hay información oficial, no parece ser una política pública real, sino, más bien, un montaje publicitario», agregó.

DETERIORO DE ESTÁNDARES DEMOCRÁTICOS

Morales señaló que todo lo anterior conlleva a «deterioros de los estándares democráticos que están poniendo en riesgo, no solo el Estado de derecho, sino la situación de derechos humanos».

«No teníamos un Estado óptimo (antes de la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo) pero había una construcción importante en las estructuras del Estado que iban tratando de avanzar en la protección de derechos humanos», manifestó.

Agregó que «hay expresiones de preocupación a nivel internacional muy claras de estos abusos, hay una atención internacional sobre estos retrocesos a los estándares democráticos y a las violaciones a derechos humanos en El Salvador».

Sara Acosta