Un acuerdo sin precedentes para conservar los delfines de río en Suramérica

FECHA:

Desde hace más de quince años, un equipo de científicos e investigadores de varios países de la región se han dedicado a recorrer los grandes ríos de Suramérica para estudiar, proteger y conservar a los emblemáticos delfines de río y sus ecosistemas.

Unidos en la Iniciativa de Delfines de Río de Suramérica (SARDI, por sus siglas en inglés), los expertos han recorrido más de 40.000 kilómetros de ríos en la región para conocer los hábitats más importantes de estos animales. Cómo se desplazan, dónde se alimentan, dónde se reproducen y cuál es su valor y función ecológica. También han desarrollado estudios únicos en el mundo, como el monitoreo por satélite de 35 delfines que habitan las aguas dulces de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, las investigaciones han demostrado que los delfines de río siguen siendo una de las especies más amenazadas del mundo.

Esta semana, científicos y países recibieron la noticia que llevaban buscando después de tantos años de trabajo: el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), el máximo organismo científico internacional que se encarga de las regulaciones relacionadas con los cetáceos, dio el visto bueno a la propuesta de un Plan de Manejo de Conservación (PMC) presentada por los gobiernos de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador, en la que también se incluye a Venezuela y Bolivia. La estrategia concertada busca proteger a las especies Inia geoffrensis, Inia boliviensis, Inia araguaiaensis y Sotalia fluviatilis en las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y Tocantins-Araguaia.

Conscientes de que los delfines no entienden de límites ni de fronteras, y que los humedales transfronterizos son necesarios para su alimentación, refugio y reproducción, desde el 2008 los científicos empezaron a estudiar la idea de promover un plan conjunto para conservarlos, y en 2010 publicaron el Plan de Acción Suramericano de Delfines de Río, proyectado hasta este año. “Cuando hicimos ese plan nos dimos cuenta de que estábamos puros científicos. Habíamos invitado gente del sector pesquero y de otras disciplinas, pero nos faltaba lo más importante: los gobiernos”, asegura Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, que lleva más de treinta años estudiando a estos mamíferos. “Aunque habíamos logrado planes nacionales de conservación en cada país, no habíamos logrado que algunas de las problemáticas que son de carácter regional fueran abordadas de manera coordinada por los gobiernos”, señala.

“Los científicos no nos hemos quedado quietos, pero también sabemos cuáles son nuestras limitaciones. Llega un momento en el que no podemos tener ese impacto político, que es tan decisivo; así que para mí esto es un sueño, un hito que luego de quince años, justo en la época en que estamos más distanciados por el coronavirus, los gobiernos se hayan puesto de acuerdo y estén buscando lazos de unión para coordinar la conservación de estas especies”, agrega Saulo Usma, biólogo y especialista de agua dulce en WWF.

El plan de conservación

Las investigaciones y las salidas de campo han demostrado que las amenazas contra los delfines van en aumento. La sobrepesca, la fragmentación de los hábitats por represas e hidroeléctricas, la contaminación por mercurio, la deforestación y las agudas sequías provocadas por el cambio climático no dan tregua. La disminución de estos animales en toda la región llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a pasarlos de la categoría “vulnerable” a “en peligro”.

“Desde el Ministerio de Ambiente hemos identificado a estas especies como una prioridad nacional. Colombia cuenta con un Plan de Manejo de Conservación de los mamíferos acuáticos a escala nacional, y también tiene unas iniciativas de conservación locales que se suman a la estrategia suramericana. Nuestra función ha sido coordinar esas acciones y proponer estos documentos de política y planes que hoy sirven de experiencia base para una intención regional”, explica la ecóloga Andrea Ramírez, directora de Asuntos Marinos del Minambiente y quien, además, fue la encargada de presentar la propuesta del PMC ante el comité científico de la CBI.

El proceso para que la Comisión Ballenera apoye financieramente el plan de manejo es largo y se deben superar varias fases. Un comité de científicos expertos en pequeños cetáceos, un comité de conservación, la revisión de cerca de 300 científicos de la propuesta, y las recomendaciones, ajustes y mejoras son solo la primera parte. “Nosotros estamos ahí. Este año nuestra meta era poder llevar la propuesta también a la reunión de las partes, que se iba a hacer en septiembre u octubre, pero tuvo que ser pospuesta hasta el otro año por la situación del COVID-19”, explica Ramírez. “Sin embargo, nos hicieron muy buenos comentarios, nos dijeron que aprobaban la propuesta con unas recomendaciones de mejora y nos dijeron que, como íbamos a tener un poco más de tiempo, podríamos fortalecerla con ayuda de ellos”.

Entre los documentos que presentaron está un diagnóstico de la situación de los delfines y unas metas y acciones asociadas a proteger a las especies: “Implementar acciones para monitorear la abundancia, las amenazas y la captura incidental que tienen los delfines en la región; generar acciones para mitigar la captura incidental, la pérdida de hábitat y la contaminación; desarrollar la implementación de estrategias de conservación; incrementar el conocimiento sobre los defines de río en la conciencia de toda la gente, no solo de quienes están en la región; promover un avistamiento responsable de delfines, respetando el conocimiento tradicional y, finalmente, el tema más político y diplomático: coordinar las acciones con otros organismos internacionales y países de la región”, dice la ecóloga. Los horizontes de tiempo son 2025, 2030 y 2040.

Lo interesante de esta propuesta, cuenta Ramírez, es que esta vez no eran científicos quienes la presentaban, sino cuatro gobiernos que, fundamentados en aspectos técnicos gracias a las colaboraciones de los expertos de SARDI, llevaron un plan con un matiz más político. Además, los PMC que ya existen para algunas poblaciones de cetáceos, como la ballena gris del Pacífico norte occidental, la ballena franca austral del Atlántico sur occidental, la ballena franca austral meridional del Pacífico sur oriental y el delfín Franciscana (el primer PMC para una pequeña especie de cetáceo), han sido desarrollados para la conservación de una sola especie. Este plan pretende conservar, particularmente, a cuatro especies de delfines entre varios países. “Estamos haciendo un ejercicio en más de una especie, el compromiso y los retos son mayores porque no es solo la conservación de una especie, sino de varias, que comparten hábitat, pero que tienen comportamientos diferentes” explica.

Según Trujillo, quien también dirige el comité de pequeños cetáceos de la CBI, el documento fue muy aplaudido y un ejemplo único de cooperación entre los países. “Ahora, esperamos que este entusiasmo que tienen los gobiernos se mantenga y que podamos trabajar de la mano instituciones, academia, ONG, comunidades locales y sectores productivos en pro de la conservación de los delfines”.

Los expertos coinciden en que el PMC es una de las herramientas más útiles para que los países se sienten y tomen decisiones semejantes. En últimas, aseguran, los delfines se convierten en una buena excusa para dar una mirada sobre esta región, sobre la conservación de los sus ríos y sus comunidades, que tradicionalmente han sido olvidados y tienen unas problemáticas de escala mayor. Los retos que quedan de aquí en adelante —si hay implementación— siguen siendo enormes.

Los retos

Para conservar los delfines se requieren acciones muy complejas. Ríos conectados, sin contaminación, sin sobrepesca, sin deforestación y sin mercurio. Eso significaría acabar con la minería ilegal, controlar la deforestación y revisar las propuestas del gobierno para reducirla; evitar la sobrepesca y evaluar el tema de la seguridad alimentaria. Todas esas acciones requieren trabajo articulado con diferentes ministerios como el de Minas, el de Agricultura, el de Ambiente; con los institutos de Investigación como el SINCHI y Humboldt, con autoridades pesqueras como la UNAP y con las comunidades locales.

Desde WWF, los esfuerzos siguen enfocados en articular los procesos entre los países, promover el intercambio de conocimientos y recordar el papel central las comunidades. “Tratamos de que siempre en estos procesos, no solo esté la mirada de la conservación o del gobierno, sino de recordarles que ahí hay gente, en su mayoría comunidades indígenas que en la constitución también son reconocidas como autoridades territoriales”, explica Saulo Usma. “No es suficiente que se declare un área protegida, es la gente la que decide si protege o no. Son ellos los que van a definir, a través de sus acuerdos locales de manejo, cuándo ir a esos sitios, cuándo y cuánto sacar y qué métodos utilizar. Por eso es fundamental tenerlos en cuenta”.

“Ahora, los cuatro países tenemos dos responsabilidades muy grandes, por un lado, llevar esta propuesta a instancias mucho más locales de concertación de las acciones. Y, por otro, fortalecerla, sacarla adelante y cumplir lo que propusimos en el papel”, explica Andrea Ramírez. “Nosotros no vamos a imponer ningún plan a nadie, la idea es poder concertar las acciones localmente”. Para hacerlo, se apoyarán en los planes que ya existen y en el trabajo de años que han tenido las ONG con los actores locales en los territorios. “Eso es lo bonito de esta propuesta, que todos estamos involucrados en el proceso y el proceso es de todos, ha sido una red solidaria a nivel nacional y en la región”, concluye.

Tomado de El Espectador

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