Un año de interrogantes en Chile por la tragedia aérea de la Antártida

Santiago de Chile, 9 de diciembre.- El 9 de diciembre de 2019 un avión chileno se perdió sobrevolando las turbulentas aguas del paso Drake, hacia la Antártida, con 38 personas a bordo. Las investigaciones apuntaron a que la nave fue siniestrada, pero un año después, familias de víctimas siguen esperando respuestas.

«Este ha sido un año de mucho dolor por no estar con mi hijo pero también de muchos obstáculos que se han puesto en la investigación. Hay demasiadas preguntas sin responder todavía», señaló este miércoles a Efe Patricia Carrasco, madre de Christopher Pacheco, uno de los militares que viajaba en la aeronave.

El avión Hércules C-130, que pertenecía a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y trasladaba personal que iba a hacer tareas de mantenimiento en la base de la Antártida, despegó a las 16.55 hora local (19.55 GMT) en la meridional Punta Arenas, a 3.000 km de Santiago, y perdió el contacto a una hora del aterrizaje.

El siniestro, la peor tragedia aérea en Chile desde 2011, tuvo en vilo a todo el país, que estuvo pendiente durante días de la búsqueda de los 38 pasajeros perdidos que el día 12 de diciembre, tras hallar los primeros restos humanos en el mar, las autoridades dieron por fallecidos.

Entre los pasajeros se encontraban 32 militares de las FACh, tres miembros del Ejército y tres civiles, de los cuales dos eran trabajadores de la empresa de ingeniería Inproser y otro era estudiante de la Universidad de Magallanes.

Un año después del accidente hay 34 querellas criminales abiertas por esta causa, pero todavía ningún culpable, y las familias denuncian ahora abandono por parte del Gobierno y falta de cooperación de las autoridades militares en la investigación.

«En un año hemos recibido muy poca información clara. No es fácil ver que una institución a la que tú le has dado un hijo sano, te da la espalda cuando tu hijo desaparece», agregó Carrasco.

Maximiliano Delgado, abogado de una querella múltiple de varios familiares de las víctimas, explicó a Efe que la información proporcionada por la institución militar se entregó «a cuentagotas» y estuvo «colmada de irregularidades».

«No puede ser que la FACh tardara 45 días en dar a la Fiscalía el manifiesto de carga, un documento técnico básico que tiene que estar antes de despegar», denunció el abogado.

GIRO EN LA INVESTIGACIÓN

Al comienzo de la indagatoria, salió a la luz un mensaje de audio que un pasajero envió a un familiar minutos antes de despegar en el que relataba que se iba a retrasar en llegar al destino por «problemas en el avión», sin embargo la institución en un comienzo evitó referirse a posibles irregularidades en la aeronave.

El giro en la investigación se produjo cuando la Secretaría General de la Comandancia en Jefe de la FACh entregó un documento a la Fiscalía Regional de Magallanes, que se difundió a través de medios locales, en el que se detalla que el avión sufría dos fallas detectadas por el personal de mantenimiento antes del despegue.

Gracias a esta prueba, el accidente está siendo investigado desde el pasado enero en calidad de «cuasidelito de homicidio» y se está indagando la participación y responsabilidad de terceras personas en el origen del siniestro.

«De los primeros días a la fecha ha habido un engrosamiento de los antecedentes con declaraciones, peritajes y requerimientos que nos han permitido avances muy relevantes», explicó este miércoles el fiscal regional, Eugenio Campos.

La primera falla señalada en el reporte tenía que ver con una pieza que sirve para regular el flujo del aire que pasa por el radiador que enfría el motor, y la segunda, con un error en el indicador de combustible en dos de los estanques. Dos problemas con los que la nave podía operar, dijo la Fach en su informe.

Además, según información oficial, el mismo avión siniestrado ya había tenido una emergencia en abril del 2016 cuando hacía el mismo recorrido.

La tragedia del Hércules C-130 es la más grave registrada en Chile desde que en 2011 cayó al mar un avión con 21 personas que se dirigía al archipiélago Juan Fernández, a unos 670 kilómetros de la costa chilena, cargado de ayuda humanitaria para su reconstrucción tras el terremoto de magnitud 8,8 de 2010.

«Tenemos las esperanzas puestas en que la Fiscalía colabore y que se esclarezca este montón de cuestiones para que las familias puedan cerrar un episodio tan lamentable», agregó Delgado.

Patricia Nieto Mariño