Investigación periodística realizada por Cuestión Pública y publicada el 09/09/2021
Colombia, 16 septiembre de 2021.- En solo seis investigaciones se ha identificado a los policías que presuntamente habrían disparado contra las víctimas. En otros tres casos, la Fiscalía no avanza. Hay familiares y abogados que aseguran estar bajo amenaza y seguimientos.
A un año de la masacre de 13 personas tras el estallido social en contra de la Policía el 9 de septiembre en Bogotá y Soacha, solo está condenado uno de los dos uniformados que participaron en el asesinato de Javier Ordóñez. Cuestión Pública habló con seis familiares y cuatro abogados de las víctimas y, según sus declaraciones, los procesos han sido dilatados. En otros se evidencian irregularidades y, en uno de los casos que se presentaron en Soacha, habría presunta manipulación de la escena del crimen.
(Revisar el link sobre los casos de los asesinatos: https://datawrapper.dwcdn.net/x5Uvv/4/)
En la noche del 9 de septiembre de 2020 luego de conocerse —por un video que se hizo viral—, el arresto a punta de pistola taser y la posterior golpiza que llevó a la muerte al ciudadano Javier Humberto Ordóñez en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Villa Luz, en Bogotá, cientos de personas salieron a manifestarse contra el abuso policial en la capital y en Soacha. La jornada desencadenó asonadas en los CAI de barrios como Verbenal (Usaquén), Villa Luz (Engativá), El Rincón y Gaitana (Suba) y Ciudad Verde (Soacha).
El país se enteró de estos hechos a través de los videos ciudadanos en los que se veían las víctimas tiradas en el piso, así como las escenas de horror en las que policías disparaban contra civiles. Para el 10 de septiembre, al otro día, se supo que 13 personas fallecieron por impactos de bala que habrían sido disparados por uniformados.
Por el homicidio de Ordóñez, el expatrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos fue condenado a 20 años de prisión y destituido de su cargo por la Procuraduría. La sanción disciplinaria cobijó también a Harby Damián Rodríguez Díaz, el segundo uniformado procesado por el crimen contra el abogado Javier Ordóñez. Pese a que la Fiscalía anunció la captura de Rodríguez el 18 de septiembre de 2020, el expatrullero aún no ha sido condenado.
➤Lee aquí la primera entrega del especial La noche del 9S: voces de una masacre
Los casos de Verbenal (Usaquén)
Desde abril de este año, la investigación por los homicidios de Andrés Felipe Rodríguez Ávila (23 años) y Jaider Alexander Fonseca Castillo (17 años) cursa en la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía. Se unieron en un solo radicado porque, en noviembre de 2020, después del peritaje y cotejo de balística, se pudo determinar que el patrullero Jhon Antonio Gutiérrez habría disparado y causado la muerte de ambos jóvenes: los proyectiles hallados en sus cuerpos coincidían con el arma de dotación del uniformado.
A Gutiérrez —que sigue activo en la Policía—, se le acusa de homicidio a título de dolo directo, agravado por poner en situación de indefensión a las víctimas. La primera audiencia de solicitud de medida de aseguramiento (tendiente a privación de la libertad) contra Jhon Gutiérrez estaba prevista para el 25 de marzo, pero se aplazó tres veces. Ahora tiene fecha del 10 de septiembre, mismo día que se llevará a cabo la audiencia preparatoria.
Para la abogada María Alejandra Garzón, los avances en estos casos “son muy mínimos. Decir que se ha avanzado porque se encontró al gatillero es muy poco. Ha pasado un año y llevamos solo dos audiencias, de imputación y acusación, en 365 días […] Hay que investigar y sancionar a los altos mandos.”
Jaider habría cumplido 18 años el 4 de noviembre de 2020. Su esposa, Maira Páez, denunció en conversación con este medio que ha sido blanco de seguimientos y amenazas desde el 14 de septiembre, día que le dieron sepultura. Aseguró que su línea telefónica está intervenida y que las intimidaciones vienen, incluso, de uniformados de la Policía: “Hemos vivido escenarios en los que nos miran, desenfundan su arma y la mueven de arriba hacia abajo de manera amenazante.” Ha tenido que mudarse dos veces junto a Samuel, su hijo de un año y siete meses de edad.
Andrés Felipe, por su parte, habría cumplido 24 años en abril de este año. Eduardo Díaz Rodríguez, su hermano mayor, dijo a Cuestión Pública que siente “miedo de que las cosas se dejen tiradas y no haya justicia. Me da impotencia y rabia que [las autoridades] ya saben quién fue el responsable [del crimen], pero ha pasado un año y ese señor sigue como si nada”.
La investigación del caso de Cristian Camilo Hernández Yara (26 años), asesinado por un impacto de bala en la frente —que testigos aseguran fue un tiro de gracia de un policía— no ha avanzado porque no se ha podido individualizar a la persona que cometió el crimen. Cristian fue el tercer joven asesinado, la noche del 9 de septiembre, en inmediaciones del CAI de Verbenal, en la localidad de Usaquén.
Los casos de Suba
La abogada María Alejandra Garzón —de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia— también lleva el proceso de Angie Paola Baquero Rojas (29 años), asesinada por un impacto de bala en la localidad de Suba. Por ese crimen, la Fiscalía individualizó e imputó el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual al patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia, quien no aceptó los cargos. La audiencia preparatoria del caso será el 13 de septiembre. Lasso aún cumple funciones en la Policía.
Nury Rojas, mamá de Angie, ha denunciado en diferentes medios de comunicación que ha sido víctima de amenazas, seguimientos, grabaciones y mensajes intimidantes en panfletos recibidos el 2 de junio y el 24 de julio. El hecho más reciente se remonta a la madrugada del 7 de agosto, cuando rompieron los vidrios de su casa.
Según comentó la señora Rojas a Cuestión Pública, a finales de agosto recibió una propuesta de la Fiscalía. “Una medida de protección que no me sirve porque me quieren encerrar en una casa, me quieren esconder y yo tendría que pedir permiso para salir. A mí no me van a sacar de mi casa. La otra opción que me dieron es que me protegiera la Policía. ¿Yo cómo voy a confiar en un ente del gobierno sabiendo que uno de ellos fue quien mató a mi hija?”
Un año después del asesinato de Angie, la señora Rojas espera que haya justicia, “que pague quien mató a mi hija. Yo solo estoy pidiendo justicia y verdad, porque aún es muy difícil asimilar que ya no está. A veces como mamá aún anhelo y espero que [Angie] llegue a la casa o que se le pase el mal genio y me llame.”
Freddy Alexander Mahecha Vásquez (20 años) fue asesinado por impactos de bala en el barrio Alcaparros, en Suba. Cuestión Pública habló con Fredy Mahecha, su papá, quien aseguró que no puede dar mucha información del caso porque Valentina, hermana mayor de Freddy, es policía activa; “solo sé que a mi hija le mostraron el video de cuando un policía se baja del camión disparando. Nosotros estábamos convencidos de que [Freddy] había recibido solo un tiro pero parece que Medicina Legal dictaminó que recibió dos. No sabemos si el policía está activo. Yo quisiera saber quién les dio la orden de disparar…No le puedo comentar más.”
Septiembre 4, 2021. Integrantes de la Mesa de Diálogo UPZ-9S (Verbenal) ensayan una obra de teatro que interpretarán la noche del 9S 2021, en un acto de homenaje y conmemoración por las personas asesinadas el 9S 2020. Cantan: “Lucha, lucha, contra el abuso policial, contra el abuso policial, porque todas las vidas valen, lucha.”
Septiembre 4, 2021. Así se ve el CAI de Verbenal un año después de las manifestaciones del 9 de septiembre 2020.
En Verbenal, Usaquén, los integrantes de la Mesa de Diálogo UPZ-9S le apuestan a la re apropiación y resignificación del territorio. Estas son unas macetas con los nombres y rostros de las víctimas fatales de la masacre del 9S 2020 en ese barrio.
Mural en memoria de Cristian Camilo Hernández, Jaider Alexander Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, los tres jóvenes asesinados en la masacre del 9S 2020.
➤Lee aquí la segunda entrega del especial La noche del 9S: voces de una masacre
Julieth Ramírez Meza, 18 años, caminaba cerca al CAI del barrio Gaitana, Suba, cuando fue impactada por una bala en el pecho que le quitó la vida instantáneamente. Iba a cumplir 19 años el 25 de septiembre. “He evidenciado un congelamiento o dilatación del caso de la niña porque, por ejemplo, han cambiado tres veces de fiscal”, dijo a este medio Harold Ramírez, papá de Julieth.
Según Alirio Uribe —del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y quien lleva el caso de Julieth—, la noche del 9 de septiembre por lo menos 11 policías de ese CAI accionaron sus armas de fuego “pero no se ha logrado determinar cuál de ellos disparó contra Julieth. El caso sigue en la impunidad y está en indagación preliminar. No se ha logrado individualizar al responsable a pesar de que existen evidencias como videos. Hace falta que se haga un estudio más serio por parte de la Fiscalía.”
El padre de Julieth insiste en no tener resentimientos, pero espera justicia. “No tengo resentimiento ni contra el Estado ni contra la Institución [Policía], pero sí espero que quien mató a mi hija pague en la cárcel,” dijo el señor Ramírez.
Al igual que Angie Baquero y Julieth Ramírez, Germán Smyth Puentes Valero, 25 años, fue asesinado en la localidad de Suba. Recibió un impacto de bala por la espalda al lado derecho de su cuerpo, cuando estaba cerca al CAI del barrio El Rincón.
La Fiscalía logró identificar que la bala que tenía Germán en su cuerpo correspondía a la munición del patrullero Andrés Eduardo Díaz Mercado, a quien se le imputó el delito de homicidio doloso, en calidad de dolo eventual. Es decir, se le acusó de presuntamente haber cometido el crimen con un grado de intencionalidad.
Díaz Mercado no aceptó cargos. No tiene medida de aseguramiento en su contra y, según Isabel Fajardo —abogada de la Fundación Lazos de Dignidad y quien lleva este caso—, sigue activo respondiendo a la estación de Policía de Suba. El próximo 21 de septiembre el ente investigador tiene audiencia preparatoria contra el funcionario.
Graciela Valero, mamá de Germán, cumplió años el 29 de septiembre de 2020. Su hijo hubiera cumplido 26 años el día siguiente.
Los casos de Soacha
Lorwan Estiwen Mendoza Aya, 30 años, fue asesinado cerca a la estación de Policía de Ciudad Verde, en Soacha. El caso se trasladó de la Fiscalía Primera de Vida de ese municipio a una Fiscalía especializada en derechos humanos en Bogotá.
Según la abogada Isabel Fajardo quien, además de trabajar en el caso de Germán Puentes trabaja en el caso de Lorwan, se han presentado varias irregularidades. Entre ellas, la presencia de funcionarios de la Policía Judicial en el lugar donde cayó la víctima horas después de los hechos. “Es extraño porque, primero, era de noche; segundo, fue a pocas horas de que ocurrieron los hechos y tercero, se comenzó un procedimiento [de investigación y recolección de pruebas] sin haber notificado formalmente a los familiares”, explicó la abogada.
El caso de Lorwan es uno de los que menos avances ha tenido, según las indagaciones de este medio. Si bien se encontró la bala que impactó su cuerpo, el investigador del caso le aseguró a la abogada Fajardo que no era apta para cotejo porque sufrió unas deformaciones que no permitían identificar quién la disparó. No hay personas individualizadas, no ha habido una sola audiencia desde el 9 de septiembre de 2020 y la Fiscalía no ha obtenido elementos probatorios contundentes.
A la fecha, ni la defensa ni los familiares de Lorwan han tenido acceso a la necropsia. Todo lo anterior pese a que “fui muchas veces a Soacha y nunca me concedieron una reunión. Hemos enviado un sinnúmero de solicitudes formales a través de los correos institucionales y nunca obtuvimos respuesta. Y a pesar de que [el caso] ya está en una Fiscalía especializada, aún no hemos tenido una reunión con el despacho”, relató la abogada.
Por otro lado, a Anthony Gabriel Estrada Espinoza, 28 años, ciudadano venezolano, un tiro fulminante le atravesó sus pulmones y corazón cuando estaba en inmediaciones de la estación de Policía de Ciudad Verde. La Fiscalía logró identificar que la bala que quedó alojada en el cuerpo de Anthony correspondía a la munición de Óscar Alexander Márquez Rojas, patrullero de la Policía que hoy tiene medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria y fue imputado por los delitos de homicidio y alteración de evidencia.
Christian Andrés Hurtado Menecés, 27 años, fue asesinado por un impacto de bala en la frente. Su caso está en indagación preliminar y no se ha podido establecer el responsable del crimen. Según el abogado Alirio Uribe, “en la Estación de Policía de Ciudad Verde es claro que limpiaron, lavaron y recogieron todo para borrar evidencias de lo que ocurrió esa noche [9 de septiembre] con los tres muertos [que hubo en Soacha]”.
Según dijo el abogado Uribe a este medio, hay otro hecho preocupante en los casos de Anthony y Christian: “Hay indicios de que muchos policías dispararon (aunque solo tengamos prueba de dos), repusieron la munición y presentaron informe de que ninguno había usado el arma. Eso configura el delito de fraude por alteración de evidencia”.
¿Quién dio la orden?
Los familiares y abogados consultados por Cuestión Pública coincidieron en que la Fiscalía debe adelantar una investigación de contexto que permita dar con todos los responsables de la masacre del 9 de septiembre.
“La Fiscalía detiene las investigaciones una vez encuentra al gatillero, pero existirá justicia siempre que exista la responsabilidad de los altos mandos”, expresó la abogada María Alejandra Garzón.
Juan Felipe Sánchez, abogado en el caso de Andrés Felipe Rodríguez Ávila, opinó en esa misma línea: “No estamos de acuerdo con la metodología de investigación de la Fiscalía porque básicamente investiga a la persona que cometió la infracción directamente […] no indaga sobre oficiales y suboficiales, aún cuando a finales de 2020 se radicó una denuncia contra ellos por su responsabilidad de mando y porque hubo omisión de socorro”.
Graciela Valero, Nury Rojas y Maira Páez coincidieron en exigir que se sepa quién o quiénes dieron la orden de disparar contra los ciudadanos la noche del 9 de septiembre de 2020.
Este medio consultó, a través de derechos de petición, a la Fiscalía por el estado de cada uno de los procesos penales que cursan en esa entidad. También intentamos contactar al fiscal Francisco Barbosa, a través de su oficina de prensa, pero no fue posible. Insistimos en consultar a la alcaldesa Claudia López, entre otras, por las medidas que adelanta como jefa de la Policía en Bogotá para garantizar la no repetición y sancionar el abuso policial. Al cierre de la edición de esta nota no obtuvimos respuesta.
Cuestión Pública recuerda los nombres y rinde homenaje a las personas asesinadas el 9 de septiembre de 2020:
Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, 43 años | Cristian Camilo Hernández Yara, 26 años | Andrés Felipe Rodríguez Ávila, 23 años | Freddy Alexander Mahecha Vásquez, 20 años | Julieth Ramírez Meza, 18 años | Angie Paola Baquero Rojas, 29 años | Jaider Alexander Fonseca Castillo, 17 años | Germán Smyth Puentes Valero, 25 años | Julián Mauricio González Fory, 27 años | Lorwan Estiwen Mendoza Aya, 30 años | Anthony Gabriel Estrada Espinoza, 28 años | Christian Andrés Hurtado Menecés, 27 años | Marcela Zúñiga, 36 años | Eidier Arias, 17 años.
Créditos
Directora Cuestión Poder
Diana Salinas
Texto y reportería
Ingrid Ramírez Fuquen
Edición
Jose Marulanda
Diana Salinas
Cover
Heidy González
Edición legal
Camilo Vallejo
Webmaster
Valentina Hoyos G
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