Manila, 11 de marzo de 2025.- Un avión con el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte partió la noche del martes a La Haya, horas después de que fuera detenido en Manila tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, y que su hija, Sara Duterte, califica de una extradición «a la fuerza».
«El avión está en ruta hacia La Haya, lo que permitirá que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas», anunció esta noche en una rueda de prensa el actual mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr.
Duterte abandonó el país asiático a bordo de un vuelo chárter con número de registro RP-C5219, afirmó la cadena de televisión GMA, que indicó que la aeronave abandonó la base aérea Villamor de Pasay City, en el área metropolitana de Manila, hacia las 23.00 hora local (15.00 GMT).
Acompañan a Duterte su exsecretario Salvador Medialdea, un enfermero y un asistente, publica por su parte el medio filipino Rappler.
Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente, había afirmado poco antes del despegue que su padre será «trasladado por la fuerza» a La Haya y que se encontraba ya a bordo de un avión.
El expresidente «debería haber sido trasladado a una corte local» para ser extraditado, dijo su hija a los medios de comunicación desde las afueras de la base aérea de Villamor, y sin embargo se encuentra a bordo de una avión chárter que permanece sobre la pista de despegue, advirtió.
Duterte, de 79 años de edad, fue detenido hoy al aterrizar en Manila procedente de Hong Kong a las 09.20 hora local (01.20 GMT), después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.
El desenlace actual tiene su origen en la guerra contra las drogas que Duterte emprendió durante su mandato (2016-2022), durante la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y debido a ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.
La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
El Tribunal Supremo de Filipinas afirmó este martes que examinará una petición presentada por el abogado Israelito Torreón en nombre de Duterte para suspender la detención del expresidente, alegando que Filipinas no tiene por qué acatar las órdenes de arresto de la CPI y que las notificaciones rojas de la Interpol no son vinculantes.
EFE