Un DIH a la criolla para salvar vidas en el Oriente antioqueño: IPC

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Líderes del municipio de San Luis crearon en 1996 el Consejo de Conciliación y Desarrollo Social, y dialogaron con las guerrillas ELN y Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para humanizar la guerra. La Comisión de la Verdad recibirá un informe sobre este ejemplo de construcción de paz en el país.

“Yo recuerdo que, por allá en 1996, en San Luis, el ELN derrumbó las torres de energía que proveían de electricidad a Cementos Río Claro. A raíz de ello, la empresa despidió masivamente a los trabajadores, que en su mayoría eran habitantes del pueblo. Esta decisión incrementó el desempleo y desató una crisis social y económica en el municipio”, recuerda el líder sanluisano Dorancel Jiménez.

El periódico El Tiempo registró la voladura de cuarenta torres que conducían la energía desde Guatapé hasta Río Claro, en donde la cementera aprovechaba el cañón del río para explotar mármol. En el parque de San Luis, ubicado a 133 kilómetros de Medellín, empezaron los sancochos y luego le siguieron una especie de asambleas comunitarias para buscar soluciones a la crisis por el despido masivo de los empleados de la fábrica, que se resistía a hacer aportes económicos a la guerrilla del ELN.

En San Luis, varios líderes continuaron las discusiones de la problemática en el concejo municipal. Esta situación convocó a campesinos, profesores, funcionarios públicos, comerciantes y líderes sociales que crearían lo que se conoció como el Consejo de Conciliación y Desarrollo de San Luis. Ese grupo de personas decidió que debían tener acercamientos con el ELN y Cementos Río Claro para llegar a un acuerdo.

Lo que en un principio fue una medida para solucionar una problemática municipal, luego se transformó en una de las experiencias de paz más exitosas en el país en una época en la que el conflicto empezaba a recrudecerse.

La experiencia de este Consejo la documentó Conciudadanía y el Grupo de Estudios en desarrollo local y gestión territorial de la Facultad de Ciencias Sociales del Colegio Mayor en el informe Un pueblo que se juntó para salvar vidas en la guerra: Consejo de Conciliación y Desarrollo Social de San Luis, Antioquia, que entregarán a la Comisión de la Verdad el 13 de agosto.

En ese municipio hubo 12 masacres, 420 asesinatos selectivos, 256 desaparecidos y 284 secuestros, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, y más de 33 mil personas desplazadas, según el Registro Único de Víctimas (RUV).

Negociar con los guerreros

En el largo conflicto armado colombiano se ha nombrado como efectos colaterales las víctimas de la población civil. Sin embargo, Luz Dary Ruiz Botero, profesora del Colegio Mayor, vicepresidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC) e investigadora del informe, asegura que las comunidades no son tan inermes, pues en San Luis fueron ellas las que se pusieron las botas para hablar con los guerreros, “sortearon el temor de la guerra, se juntan, conversan, hacen asambleas, definen rutas. Por eso fue uno de los gérmenes de paz en el país”.

Dice el investigador Pedro Chica, uno de los miembros del Consejo, que después de muchas conversaciones e intentos “para acercar las posturas radicales del ELN, y ante la negativa de la fábrica de no financiar la guerra, el Consejo pone en el centro de la discusión las afectaciones de la población civil y la necesidad de inversión social en las comunidades para mejorar las condiciones de vida. Fruto de esta mediación se crea la Fundación Río Claro, que se planteó como objetivos promocionar y promover el desarrollo económico y social a través de proyectos productivos para nosotros los campesinos.”

Luego de esta primera gesta, de que la fábrica abriera sus puertas de nuevo y de que se creara la Fundación Río Claro, la apuesta del Consejo fue más humanitaria: salvar vidas, intermediar en secuestros y amenazas.

Sin embargo, en 1999 las Farc asesinó a Luz Dora Ramírez, directora de la Fundación Social de Cementos Rioclaro. Un directivo de esa empresa le dijo a El Tiempo que ella “había hecho mucho en tan solo dos años: una microempresa de manufactura de colchones y enjalmas en San Luis; galpones comunitarios en Puerto Triunfo; mejoramiento de praderas y entables paneleros en Cocorná; adecuación de escuelas en San Francisco y rehabilitación de vías en Sonsón.” Al parecer, este liderazgo no le gustó a esa guerrilla, con quien el Consejo intentó acuerdos que no fueron posibles, entre otras razones, porque sus líderes estaban en Urabá y no en el Oriente antioqueño.

El Consejo no tenía una figura visible, los liderazgos cambiaban continuamente para que los actores armados no individualizaran su trabajo. El Consejo era San Luis, eran los profesores, los comerciantes, los líderes sociales. El Consejo pidió permiso al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, para desarrollar los acercamientos, también intentó dialogar con las Farc y las ACCU, los otros actores armados que hacían presencia en ese territorio.

Por otro lado, el investigador sanluisano Nelson Duque recuerda en el informe que en 1998 el ELN amenazó con bombardear los comandos de Policía de San Luis, argumentando que esa institución tenía relación con los grupos paramilitares, en especial el Bloque Metro y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por Ramón Isaza. “Desde el Consejo de Conciliación logramos entablar conversaciones con algunos de los comandantes, e hicimos evidente las afectaciones de tipo militar que la comunidad sufriría si materializaban esas amenazas. Después de esa reunión, el ELN se comprometió a no llevar a cabo atentados contra la infraestructura policía”, dice. Por eso Pedro Chica agrega que el Consejo llevó la discusión de la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH), bajo el argumento del riesgo que corrían los sanluisanos. La profesora Luz Dary Ruiz señala que el Consejo tenía unos protocolos, “no tenían cómo parar la guerra, pero sí querían humanizar la guerra, es un DIH a la criolla”.

La profesora agrega un punto determinante y es que el Consejo “no leía a los guerreros como externos, pues no, porque eran del territorio, con quienes habían jugado fútbol. Eso facilitó las cosas. Iban a hablar con el comandante Byron, con quien estuvieron en la escuela y jugaron fútbol, y eso facilitaba. Lo mismo con Ramón Isaza”.

José Luis Mejía, conocido como Byron, comandante del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, creció en la vereda La Holanda, cercana a San Luis, mientras que Ramón Isaza, si bien había crecido en el municipio de Argelia, la mayoría de su vida estuvo en el corregimiento Las Mercedes, perteneciente a Puerto Triunfo. Entre este municipio y San Luis hay 67 kilómetros. No solo estos comandantes eran de la región, sino que gran parte de los guerreros también lo eran.

Otro hecho que recuerdan los miembros del Consejo sucedió en el 2001, cuando en un comunicado el ELN amenazó a los alcaldes del Oriente de Antioquia y declaró las alcaldías como objetivos militares por supuestos vínculos con los grupos paramilitares. Dice Nelson Duque que se reunieron con ellos en el corregimiento Buenos Aires, también en San Luis. “En esa conversación, surge la idea de la primera tregua humanitaria. Sin embargo, Timoleón, que era uno de sus comandantes, planteó la necesidad de vincular a estas reuniones a personajes de la región con poder político, es decir a los alcaldes del Oriente antioqueño. Es así, entonces, como más tarde este primer acercamiento con este grupo armado posibilitaría la creación del Movimiento de Alcaldes, que, junto con el apoyo del Consejo de Conciliación, firmaría una tregua con el ELN durante seis meses”.

El Consejo se extendió luego a lo regional. Se crearon los consejos de paz municipales y luego el Laboratorio de Paz del Oriente antioqueño, hacia donde transitaron sus líderes. A pesar de que luego perdió peso, el Consejo es ahora un referente de construcción de paz, de diálogo y de humanización de la guerra.

Un ejemplo para el país

En 1998, el Consejo comenzó a hacer parte de Asapaz (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz), e influenciados por esta experiencia, en el Oriente antioqueño se creó la Asamblea Provincial de Paz, que en septiembre de 2002, durante la IX sesión de la Asamblea Provincial, y ante una nueva intimidación a los alcaldes de la región por parte de las Farc y el secuestro del entonces gobernador de Antioquia, Guillemo Gaviria, y su asesor de paz, la Asamblea se proclamó constituyente, que también suscribió Eugenio Prieto, gobernador encargado. “Es decir, lo que terminó en la Asamblea Constituyente es que tomamos la experiencia de San Luis: que los pueblos se metan a la guerra. Entonces se crearon comisiones humanitarias que salvaron muchas vidas, se salvaron secuestrados. Lo que hicimos fue proyectar a San Luis”, recuerda el líder Benjamín Cardona.

En los años siguientes se promovieron nuevas iniciativas que consolidaran una agenda de cultura de paz, la implementación de programas de capacitación en Derechos Humanos y DIH y distintas campañas a favor de las víctimas, con el objetico de contribuir a la construcción de paz en esa región, de la cual fueron desplazadas 125 mil personas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

“Creemos que de Antioquia se ha escrito e investigado mucho desde las violencias y las guerras, pero falta mucho por nombrar y visibilizar: cómo sobrevivió la gente, las experiencias de las comunidades en medio de las guerras. Creemos que esa voz para la Comisión de la Verdad es importante”, dice la profesora Luz Dary Ruiz. Para ella es fundamental que se lea el departamento de Antioquia no solo como un exportador de la guerra o por la oposición a la paz por parte de sus élites y partidos políticos, “sino que se lea esa otra veta: la gente que dio su vida por la causa de la paz, pero también la gente que sigue dando su vida para mejorar la vida de los territorios. Ahí el Consejo es una voz muy autorizada para enseñarnos que las comunidades no solo son efectos colaterales, que el territorio es de todos, cómo transitamos a la palabra, al encuentro. Por eso creemos que este informe es importante y pertinente para la gran tarea que tiene la Comisión”.

  • Por: Juan Camilo Gallego Castro

Tomado de IPC

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