Ciudad de Guatemala, 11 junio.- Un juez de primera instancia de Guatemala dictó este viernes arresto domiciliar contra el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, crítico del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, por un caso de supuesta falsedad ideológica al crear un partido político entre 2019 y 2020.
El juez contralor del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Israel Estrada, resolvió otorgar medidas sustitutivas para Solórzano Foppa y otros cuatro procesados por el caso. Se trata de Giovanni Vinicio Zepeda, el exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Aníbal Argüello, el economista ambiental y miembro del consejo consultivo del Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación para la Paz (Iripaz) Roberto Cáceres Estrada y el exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) del partido Todos José Miguel Quintanilla.
Al considerar que no había peligro de fuga, ni era posible que estas personas obstaculizaran la justicia durante la investigación en su contra, el juez decidió ordenar arresto domiciliario «sin vigilancia alguna».
Los cinco imputados, sin embargo, sí tendrán que presentarse en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en el centro de la Ciudad de Guatemala cada 15 días para un control biométrico.
Estrada dictó, además, arraigo para los implicados, por lo que durante el proceso judicial en su contra tienen prohibido salir del país sin autorización, aunque podrán hacerlo «por razones laborales o médicas», incluida la vacunación contra la covid-19.
Los sindicados también tienen prohibido acudir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) o a cualquier dependencia que tenga relación con el caso en curso.
Este jueves, el juez había procesado a Solórzano Foppa y las otras cuatro personas por la posible comisión del delito de falsedad ideológica con agravación electoral.
Los cargos se generaron por presuntas anomalías y la firma de una persona ya fallecida en el acta para la creación -entre 2019 y 2020- de un nuevo partido político denominado Ambientalista Guatemalteco (Agua).
En su resolución del jueves, el juez decidió desvincular a Solórzano Foppa y demás sindicados de los delitos de conspiración y asociación ilícita, pues enfatizó que «la idea de que se conspira para intentar crear un partido político no puede ser».
Además, subrayó que «lo único que sucedió fue una solicitud del sindicado Solórzano Foppa al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para iniciar las diligencias de la creación de un grupo promotor de un partido político», por lo que, a su vez, desestimó la imputación de asociación ilícita, como pretendía la Fiscalía de Delitos Electorales del MP.
DETENCIÓN ARBITRARIA
En el proceso en su contra, Solórzano Foppa también denunció irregularidades en su captura, al catalogarla de «ilegal», pues se llevó a cabo el pasado 19 de mayo en una avenida al sur de la Ciudad de Guatemala por automóviles sin matrícula y no identificados que le cerraron el paso sin explicación, según indicó en redes sociales al momento de su captura.
Solórzano Foppa es nieto de la poeta, escritora y activista Alaíde Foppa, que vivió en el exilio en México, donde hizo carrera en la radio y como referente feminista, hasta ser secuestrada y desaparecida de manera forzada en diciembre de 1980 por el Ejército de Guatemala, en el marco del conflicto armado interno (1960-1996), que dejó 200.000 muertes y 45.000 desaparecidos.
En su carrera como abogado, Solórzano Foppa fue fiscal del Ministerio Público durante más de una década, en la que colaboró en la investigación al expresidente preso por corrupción Otto Pérez Molina (2012-2015) y también -entre 2016 y 2018- fue el jefe del ente recaudador de impuestos en Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Su labor al frente de la SAT se caracterizó por lograr una histórica recaudación de impuestos en 2016 y por haber puesto en jaque a varias de las grandes empresas de la nación por defraudación tributaria, incluida una multa de 100 millones de dólares (la más grande del país) a la firma Aceros de Guatemala.
