Un juzgado federal libera a ocho militares mexicanos implicados en el caso Ayotzinapa

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Familiares y simpatizantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestan en la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Ciudad de México, 9 may- Un juzgado federal concedió este jueves la libertad provisional a ocho militares que están implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

La liberación de los militares, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada, ocurrió por un «criterio parcial y sesgado», según denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha acompañado a las familias de los jóvenes desaparecidos.

Los soldados pertenecían a los batallones 27 y 41 de Infantería de Guerrero, estado del sur de México en el que ocurrió el crimen el 26 de septiembre de 2014 por un presunto contubernio de grupos criminales y autoridades, incluyendo al Ejército.

El juzgado, ubicado en el Estado de México, consideró innecesaria e injustificada la prisión preventiva para los militares, aunque la Guardia Nacional argumentó que existe un «alto» riesgo de fuga.

El Centro Prodh y las organizaciones Fundar, Talchinollan y SeraPaz, que también han seguido el crimen, acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de «seguir litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos».

«Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso», concluyeron en un breve comunicado.

Las protestas por el caso Ayotzinapa se han incrementado ante las elecciones presidenciales del 2 de junio, pues los estudiantes actuales y familias acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes y de incumplir su promesa de resolver el caso.

La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó en agosto de 2022 que el hecho fue un «crimen de Estado» en el que participaron grupos criminales en colusión con autoridades de todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas.

EFE