Un observatorio denuncia que el embargo de bienes es una muestra del «totalitarismo» en Nicaragua

Tegucigalpa, 10 jun – «La confiscación de bienes a 222 personas desterradas (de Nicaragua) es una muestra más de totalitarismo» del Gobierno que preside Daniel Ortega, denunció este sábado el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas.

La Justicia nicaragüense, controlada por los sandinistas, ordenó a la Procuraduría General de la República expropiar los bienes de los 222 excarcelados políticos que fueron expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado, a los que luego los privó de su nacionalidad.

«La confiscación de bienes ordenada por el régimen de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, es un nuevo zarpazo a lo protegido por la Constitución Política de Nicaragua», señaló Urnas Abiertas en una declaración.

Ese observatorio reprochó que «las distintas instituciones del Estado» de Nicaragua «continúan trabajando en función de violar los derechos humanos de los nicaragüenses» y que esa «medida además violenta la propiedad privada, que es un derecho protegido por la Constitución Política y por distintos instrumentos internacionales de Derechos Humanos».

A juicio de Urnas Abiertas, «esta medida pone en riesgo la seguridad jurídica de terceros», por lo que hizo un llamamiento «a la comunidad internacional a tomar las medidas y acciones necesarias para retornar la democracia a Nicaragua».

«Desde Urnas Abiertas denunciamos esta nueva expresión de totalitarismo y arbitrariedad con la que actúa el régimen», remarcó.

LOS EXPROPIADOS

En un fallo de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua divulgado el viernes, pero con fecha del 19 de mayo, ordena a la Procuraduría General de la República «la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes que los condenados tengan inscritos a su favor en los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica».

Además de sus bienes, la resolución establece que «en su carácter personal o de persona jurídica se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua todas las acciones y las sociedades mercantiles que los condenados tengan».

Entre los 222 excarcelados nicaragüenses expropiados se encuentran 7 que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, Daniel Ortega.

Los expropiados son Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), la aspirante a candidata a la presidencia de Nicaragua que tenía mayor probabilidad de derrotar a Ortega, en los comicios de noviembre de 2021.

Además de Chamorro, la lista de expropiados incluye a los otros seis dirigentes opositores que intentaron desafiar a Ortega en las urnas: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

La lista incluye a la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, los exvicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, a los exembajadores Mauricio Díaz y Edgar Parrales.

También a los dirigentes empresariales José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, el banquero Luis Rivas, el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, el exministro de Defensa Pedro Joaquín Chamorro y los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Máx Jérez.

Igualmente figuran defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, dirigentes campesinos, sacerdotes, periodistas, activistas y profesionales independientes.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.