Brasilia, 29 de noviembre de 2022.- El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, logró este martes el apoyo mínimo necesario en el Parlamento para que se discuta un proyecto que abrirá espacios en los presupuestos de 2023 para financiar subsidios a los más pobres.
La propuesta apunta a separar los recursos destinados a ese plan de asistencia de los presupuestos para el año próximo, con lo que ese dinero quedaría fuera del límite de gastos anuales que impone una polémica ley en vigor desde 2016.
Según la norma actual, los presupuestos anuales del Gobierno no pueden aumentar más allá de la inflación registrada en el ejercicio anterior, lo cual acaba congelando el gasto público en términos reales y, para el equipo de Lula, impide ampliar la asistencia social y la inversión pública, incluso en áreas estratégicas.
El proyecto presentado por el equipo de transición propone que en el próximo cuatrienio sean liberados de ese techo de gastos unos 198.000 millones de reales (38.000 dólares), que representarían en torno al 2 % de los presupuestos previstos para 2023.
Si bien parece haber consenso para aprobar la liberación de esos recursos, existen diferencias en el Parlamento en relación al plazo, pues los cuatro años propuestos por el equipo de Lula representan todo el mandato que asumirá el próximo 1 de enero.
De acuerdo con el texto, cerca del 75 % de ese dinero se utilizaría para financiar el Bolsa Familia, un plan de asistencia directa a los sectores más empobrecidos de la sociedad, y el resto se volcaría a inversiones públicas en diversas áreas, como salud y educación, que en los últimos años han sufrido profundos recortes presupuestarios.
El proyecto presentado por el equipo de transición requería del apoyo de al menos 27 de los 81 senadores para comenzar a tramitar, pero este martes ya había sido apoyado formalmente por una treintena de legisladores.
El próximo paso será un debate en una comisión del Senado que deberá evaluar la constitucionalidad de la propuesta, y en caso de avanzar será sometido a dos votaciones en el pleno de la Cámara alta, necesarias porque el proyecto fue presentado bajo la figura de enmienda constitucional.
Si fuera aprobado, será remitido a la Cámara de Diputados para un trámite similar.
Sin embargo, para que esté en vigor a partir del 1 de enero y Lula cuente con esa enmienda al asumir la Presidencia, el trámite para su aprobación deberá concluir en unos quince días, antes de que el Parlamento vote los presupuestos para 2023.
Hasta ahora, el Senado y de la Cámara baja se han comprometido a dar celeridad a la discusión, que tiene un relativo apoyo hasta de algunos partidos de la base del actual presidente, Jair Bolsonaro, quien en la campaña electoral en que fue derrotado por Lula ya había anticipado que presentaría una propuesta similar.
EFE
