Ciudad de Guatemala, 12 ago – Un tribunal guatemalteco declaró este martes como culpables a cuatro exfuncionarios del delito de homicidio culposo por la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017, que fallecieron quemadas mientras estaban recluidas bajo llave en un aula.
El veredicto fue dictado por la jueza Ingrid Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco, tras un proceso judicial que se extendió por más de ocho años, con penas de cárcel de entre seis y ocho años para los sindicados.
La decisión del tribunal se dio después de 120 audiencias y escuchar a 107 testigos y 45 peritos a lo largo de los últimos 18 meses, además de los más de mil documentos aportados durante el debate oral y público.
Las 41 niñas murieron y otras quince resultaron heridas por el incendio ocurrido el 8 de marzo de 2017 dentro de un aula en un refugio estatal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la Ciudad de Guatemala.
La jueza hizo una recapitulación de lo acontecido ese 8 de marzo y recalcó que cuando se informó que había humo dentro del aula, una de las sentenciadas, la subinspectora policial Lucinda Marroquín Carrillo, quien supuestamente tenía la llave de la habitación, aseveró: «Que se quemen esas hijas de la gran puta».
Marroquín Carrillo fue sentenciada este martes a ocho años de prisión por homicidio culposo y otros cinco años por maltrato a menores de edad.
Por su parte, la exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Brenda Chamán, fue declarada culpable por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, por lo que recibió seis años de sentencia por cada cargo.
De igual manera, al exjefe de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, se le impuso una sentencia de ocho años de cárcel por homicidio culposo, seis años por abuso de autoridad y seis años más de prisión por incumplimiento de deberes.
Las mismas sanciones que a Rodas le fueron impuestas al exdirector del hogar estatal, Santos Rodas.
Igualmente, el excomisario policíaco Armando Pérez Borja fue encontrado culpable por abuso de autoridad, por lo que fue sentenciado a seis años de prisión, una pena idéntica a la que recibió la exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, Gloria Castro, por incumplimiento de deberes.
Las penas en Guatemala, según el Código Penal, pueden sumarse y acumularse. Sin embargo, la sumatoria depende del criterio del tribunal, algo que no fue aclarado en esta lectura de sentencia.
De los siete acusados, solamente el exmiembro del área jurídica de la Procuraduría de la Nación, Harold Flores, quedó absuelto de todos los cargos.
La exsubsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller, cercana al expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quedó desligada del caso en mayo pasado, pese a haber estado sindicada durante los casi ocho años del proceso judicial, interrumpidos por diversos recursos durante más de una docena de ocasiones.
Durante el múltiple crimen, las menores fueron encerradas en una pequeña aula del hogar, después de haber escapado del lugar la noche anterior y denunciar malos tratos e incluso supuesta trata de personas.
Aquel día, de acuerdo con el recuento de la jueza, 17 niñas murieron dentro del aula, otras dos en el área administrativa después de ser rescatadas y 21 más en dos hospitales de la Ciudad de Guatemala. La última víctima mortal de la tragedia falleció en Estados Unidos, a donde había sido trasladada para recibir tratamiento por las quemaduras.
»¡Justicia para los niños del Hogar Seguro, justicia!», gritaron entre el público en la sala al concluir el juicio, acompañado de aplausos.
EFE