Iquitos (Perú), 2 de diciembre de 2022.- Perú alberga 25 pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (piaci), 16 de los cuales viven en la extensa región amazónica de Loreto, donde una campaña busca derogar la ley que reconoce y protege a estos pueblos bajo el pretexto de que la norma condena la región al subdesarrollo.
Los datos oficiales estiman que son unos 7.500 los peruanos que conforman los piaci, alrededor de 5.200 en aislamiento y otros 2.300 en contacto inicial, todos descendientes de quienes habitaban el país desde tiempos anteriores a la formación del Estado peruano.
La mayoría de ellos vive en los bosques amazónicos de Loreto, colindantes con Ecuador, Colombia y Brasil, en situación de «extrema vulnerabilidad por peligros a su salud y cultura y por la constante invasión de sus territorios», según advierte el Ministerio de Cultura.
Ahora una campaña a nivel regional pide derogar la norma que protege a los piaci, que está vigente en Perú desde 2006 y dispone el carácter intangible de las reservas indígenas para estos pueblos, por considerarla «lesiva» a la ejecución de proyectos de infraestructura e inversiones para la actividad de la industria forestal y de hidrocarburos en la región.
Contra ella se han levantado varios grupos de la sociedad civil, entre ellos la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), que agrupa a más de 500 comunidades nativas de Loreto y ha sido la voz más activa de los pueblos aislados.
A juicio del el apu (jefe) Pablo Chota, secretario general de Orpio y «descendiente» de los Piaci, esta campaña supone «un genocidio» y considera que detrás de ella hay fuertes intereses económicos y empresariales de lotes petroleros, «madereros ilegales, mineros y narcos».
«Es realmente lamentable», comenta a EFE la directora de Programa Sectorial IV de la dirección general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, Dulhy Pinedo.
Pese a reconocer que, como Estado, «toca entender estas percepciones respecto al desarrollo económico», Pinedo lamenta que en este caso se esté pretendiendo «privilegiar un derecho sobre el otro» o «incluso negar la existencia específicamente de estos pueblos».
PROCESO MULTISECTORIAL
Sobre este último punto, la funcionaria es enfática en subrayar la rigurosidad del proceso de identificación de los Piaci en Perú. Este arranca con un estudio previo de reconocimiento basado en «evidencias antropológicas», que se extiende por un año y es aprobado por una comisión multisectorial.
Luego, a través de un estudio adicional de categorización, se determina el territorio que quedará protegido a favor de estos pueblos como zonas intangibles, el paso previo a la creación de las reservas.
«Es un procedimiento científico, técnico y también político, pero no lo establece solamente el Ministerio de Cultura, sino en el seno de una comisión multisectorial en donde encontramos objeciones, consultas, dudas, recomendaciones (…) y finalmente se tiene un documento que puede dar cuenta del reconocimiento de los pueblos y en segunda instancia la categorización de su territorio», resume Pinedo.
Uno de los actores más activos en la campaña para derogar esta ley, agrega, es la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL), una institución civil liderada por el ingeniero Christian Pinasco, quien no respondió a una solicitud de entrevista de EFE.
DEBATE PARLAMENTARIO
Recientemente, el debate sobre la ley piaci trascendió las fronteras regionales y llegó en el panorama nacional, luego de que el congresista Jorge Morante, del partido fujimorista Fuerza Popular, presentara en el Congreso un proyecto de ley que, de aprobarse, puede poner a estos pueblos «en riesgo de exterminio», en palabras de Orpio.
Esta iniciativa legislativa propone transferir las competencias legales sobre la creación de reservas indígenas del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales y exige la realización de un «análisis económico» previo a la creación de reservas «por el tremendo impacto económico que conllevaría».
Para Orpio, la modificación de la ley vigente sin un enfoque de derechos humanos «implicaría la comisión de un crimen de lesa humanidad contra estas poblaciones que gozan de los mismos derechos constitucionales que todos los ciudadanos nacidos en el Perú».
«Están buscando que la Ley Piaci se convierta en una ley productiva», alerta Chota, tras lamentar la nula representatividad de los pueblos indígenas en el Parlamento peruano.
El temor de Orpio es que haya una aprobación exprés de esta propuesta fujimorista que, según denuncian, daría rienda suelta a actividades extractivas en Loreto en detrimento de la vida y derechos de los pueblos en aislamiento.
Carla Samon Ros
EFE
