Copenhague, 30 de junio de 2022.- Una comisión parlamentaria concluyó hoy que la actuación del Gobierno de Dinamarca en el sacrificio en 2020 de millones de visones por una mutación de coronavirus fue «muy criticable» y ve fundamento para abrir casos disciplinarios contra varios altos funcionarios.
Las autoridades sanitarias danesas alertaron entonces de que esa mutación podría comprometer la eficacia de las futuras vacunas contra la covid-19, por lo que el Gobierno aprobó de forma urgente matar a toda la población de visones, unos 15 millones.
Días después se descubrió que la ley solo permitía sacrificar a animales en granjas con contagio o la zona próxima, por lo que se aprobó sobre la marcha una reforma legal, lo que provocó protestas de criadores y la oposición, la dimisión del ministro de Agricultura, Mogens Jensen, y la creación de una comisión aprobada por el Parlamento.
El informe considera que las declaraciones de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, cuando anunció el sacrificio fueron «gravemente engañosas», aunque apunta que no se puede saber si estaba al corriente de la falta de cobertura legal.
En su comparecencia ante la comisión en diciembre, Frederiksen aseguró que en la reunión del Gobierno en la que se discutió la medida no se habló de su legalidad, que ella no fue advertida hasta días después, y que la decisión correspondió al ministro de Agricultura, aunque reconoció «errores» en una situación «crítica».
Peor parado en el informe, de 1.649 páginas y entregado hoy a la Cámara, sale Mogens Jensen, al que se acusa de mentir al Parlamento cuando ya había sido informado días antes de que no había cobertura legal para ordenar el sacrificio.
La comisión defiende que hay base para un caso disciplinario por negligencia grave contra el jefe de la Policía Nacional, Thorkild Fogde, y contra altos funcionarios de varios ministerios, entre ellos, la jefa de departamento de Frederiksen, Barbara Berthelsen.
El «minkgate» (caso de los visones, como se le conoce en Dinamarca) ha sido el gran lunar de la gestión de la pandemia de Frederiksen, elogiada inicialmente por la baja mortalidad que ha registrado el país en el contexto europeo.
Las leyes danesas obligan a que cuando se constituye una comisión de este tipo, los cargos públicos deben facilitar toda la comunicación entre ellos, lo que afecta a cartas, correos electrónicos o mensajes de texto.
En el caso de Frederiksen y dos de sus asesores se reveló a posteriori que habían instalado el borrado automático de los mensajes en sus teléfonos cada mes, supuestamente por motivos de seguridad, una explicación que ha generado críticas.
La oposición de derecha reclama que el caso sea analizado por un grupo de abogados para determinar si puede haber más responsabilidades, pero los aliados del Gobierno socialdemócrata en minoría bloquean de momento esa posibilidad.
El Parlamento danés sí autorizó ese paso hace un año en el caso de la exministra de Integración liberal, Inger Støjberg, por ordenar la separación ilegal de parejas de refugiados, que acabó ante un tribunal especial y una condena de 60 días de prisión incondicional.
EFE
