El presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado violando la constitución al bloquear a personas para evitar que sigan su cuenta de Twitter debido a que lo criticaron o se burlaron de él, según determinó una corte federal de apelaciones el 9 de julio. El fallo podría tener implicaciones mayores sobre cómo aplica la Primera Enmienda —sobre la libertad de expresión— en la era de las redes sociales.
Debido a que Trump usa Twitter para atender asuntos gubernamentales, no puede impedir que algunos estadounidenses lean sus publicaciones —y se enganchen en conversaciones en las respuestas al mandatario— porque no le gustan sus puntos de vista, determinó de manera unánime un pánel compuesto por tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito.
Al escribir para el pánel, el juez Barrington Parker indicó que la conducta del gobierno y sus funcionarios están sujetos actualmente a un “debate robusto y abierto” que “genera un nivel de pasión e intensidad que en raras ocasiones ha sido visto”.
La Primera Enmienda prohíbe que un funcionario que usa una cuenta de redes sociales para propósitos gubernamentales excluya a personas de “lo que de otra manera sería un diálogo abierto en línea” porque dicen cosas con las que el funcionario no está de acuerdo, escribió.
“Sin embargo, este debate, tan incómodo y poco placentero como frecuentemente puede ser, es algo bueno”, escribió Parker. “Al resolver esta apelación, recordamos a los litigantes y al público que si la Primera Enmienda significa algo, significa que la mejor respuesta a un discurso desfavorecido en asuntos de interés público es más discurso, no menos”.
El Departamento de Justicia no tuvo una respuesta inmediata al fallo. Sin embargo, Jameel Jaffer, director de Knight First Amendment Institute en la Universidad de Columbia, que representó al grupo de usuarios de Twitter que fue bloqueado por Trump y presentó la demanda, alabó la decisión. Dijo que las cuentas de redes sociales de los funcionarios están entre los foros más importantes para que el público discuta las políticas gubernamentales.
“El fallo asegurará que las personas no sean excluidas de esos foros simplemente por sus puntos de vista y que los puntos de vista de los funcionarios no transformen esos espacios digitales en cámaras de eco”, dijo Jaffer al usar una metáfora sobre difundir solo las voces con las que uno está de acuerdo. “Contribuirá a asegurar la integridad y vitalidad de los espacios digitales que son cada vez más importantes para nuestra democracia”.
La cuenta de Twitter de Trump, @realDonaldTrump, tiene unos 62 millones de seguidores y frecuentemente la usa para pronunciarse sobre políticas y comunicarse con el público, lo que afecta la agenda informativa de la jornada. Por ejemplo, la semana pasada, Trump usó Twitter para anunciar abruptamente que el gobierno todavía buscaría agregar una pregunta al censo de 2020 en Estados Unidos sobre la ciudadanía de las personas, al dar marcha atrás a lo que los funcionarios del gobierno habían dicho previamente a una corte.
Sus publicaciones generan frecuentemente decenas de miles de menciones, a medida que las personas responden a lo que dijo y se enfrascan en debates.
En ese contexto, usuarios de Twitter que habían sido bloqueados por Trump para evitar que accedieran a sus publicaciones solicitaron a al inquilino de la Casa Blanca que los desbloquee y entonces, cuando su solicitud no fue atendida, lo demandaron.
Entre los demandantes se encuentra Rebecca Buckwalter, del liberal Centro para el Progreso Estadounidense. Su cuenta fue bloqueada después de que ella respondió a un tuit de Trump el 6 de junio de 2017, en el que él acusó a varios medios informativos tradicionales de difundir noticias falsas y dijo que no hubiera llegado a la Casa Blanca si hubiera dependido de ellos.
Buckwalter respondió: “Para ser justos, no ganaste la Casa Blanca: Rusia la ganó para ti”, y fue bloqueada por la cuenta de Trump.
La demanda argumenta que la cuenta de Trump equivale a un foro público —un “ayuntamiento digital”—, así que la decisión de bloquear de manera selectiva a personas de participar en ese foro porque a él no le gustó lo que dijeron equivalía a una discriminación inconstitucional basada en sus puntos de vista.
El equipo legal de Trump argumentó, entre otras cosas, que usaba la cuenta meramente de forma personal y por ello tenía el derecho a bloquear a quien él quisiera por cualquier razón, incluyendo porque los usuarios lo irritaron al criticarlo o burlarse de él.
No obstante, la corte de apelaciones no estuvo de acuerdo y dijo que Trump claramente usa Twitter como funcionario de gobierno.
“No nos convencieron”, escribió el juez Parker. “Concluimos que la evidencia de la naturaleza oficial de la cuenta es abrumadora. También concluimos que una vez que el presidente ha escogido una plataforma y ha abierto su espacio interactivo a millones de usuarios y participantes, no puede excluir selectivamente a aquellos con cuyos puntos de vista no está de acuerdo”.
El fallo también respalda una decisión de mayo de 2018 de una jueza de una corte federal de distrito que también consideró la práctica de Trump de bloquear a sus críticos en su cuenta de Twitter como un acto inconstitucional. Después de ese fallo, la Casa Blanca desbloqueó las cuentas específicas de los demandantes, pero no las de otros usuarios que no estuvieron involucrados en el caso, al mismo tiempo que presentó una apelación.
El juez Parker fue designado por el expresidente George W. Bush. Los otros dos jueces que estuvieron de acuerdo con él fueron Peter Hall, otro designado por Bush, y Christopher Droney, designado por el expresidente Barack Obama. La jueza de la corte de distrito cuyo fallo anterior fue respaldado fue Naomi Buchwald, designada por Clinton.
Tomado de New York Times
