Una ley de Florida fue diseñada para «discriminar» a migrantes con ayuda «nativista», según expertos

Miami, 14 enero- Una ley contra la inmigración impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue diseñada para «discriminar a minorías» y redactada con la ayuda de grupos «nativistas», señalaron expertos durante la fase final de un juicio contra esta medida puesta en marcha desde 2019.

El juicio contra esta medida, considerada también lesiva para la seguridad pública y las finanzas de las jurisdicciones locales del estado, entró este jueves en su fase de argumentos finales en una corte de Miami.

Los abogados de los grupos proinmigrantes que promovieron la demanda contra la ley antisantuarios y también los que representan al gobernador republicano terminaron la presentación de testigos ante la jueza Beth Bloom.

La ley obliga a las Policías y otras autoridades locales a cooperar con las autoridades migratorias para la deportación de indocumentados y sanciona a las ciudades que adopten políticas santuario.

«La legislación fue diseñada en estrecha colaboración con grupos antinmigrantes y nativistas y tiene una intención e impacto discriminatorio», señaló en la fase final el historiador Allan Lichtman, uno de los expertos de los demandantes.

En ese sentido, la jueza Bloom ya había señalado en un fallo preliminar que los demandantes «ofrecen una amplia gama de pruebas» de que grupos «controvertidos» antinmigrantes participaron en la redacción de la ley.

En esa ocasión Bloom nombró a Floridanos para el Control de Inmigración (FLIMEN), la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) y el Centro de Estudios de Inmigración (CIS).

Lichtman detalló que la legislación «reduce la seguridad pública y «ya ha dado lugar a un aumento de la discriminación racial, detenciones policiales arbitrarias y discriminatorias».

Según la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), que apoya legalmente la demanda, la justificación de la seguridad pública presentada por los impulsores de la ley «es falsa y se utilizaba principalmente para ocultar su intención discriminatoria».

Una vez expuestos los argumentos finales, la jueza, que ya había fallado de forma preliminar que es «inconstitucional» el transporte entre estados de inmigrantes por parte de policías, emitirá su decisión final.

Basado en cifras oficiales, Lichtman expuso que «al tiempo que la inmigración indocumentada en Florida se dispara, la tasa de criminalidad está cayendo rápida y significativamente».

Agregó que por el contrario, «en lugar de aumentar la delincuencia, tenía un efecto negativo en las tasas de criminalidad».

La ley, la SB-168 de Florida, estado con más de un 20 % de inmigrantes, fue aprobada por el Legislativo estatal, de mayoría republicana, y sancionada por DeSantis, aliado político del presidente Donald Trump y alineado con sus políticas antiinmigrantes.

Según el SPLC, la SB-168 ha impactado a las comunidades de Florida al dañar activamente a las familias objeto de detención o deportación y erosionar la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden, subrayó el SPLC.

«La ley, parte de la cual se basa en bases de datos defectuosas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), a menudo ha resultado en la detención de ciudadanos estadounidenses», agregó.

La medida exige que todas las agencias estatales, Gobiernos municipales y Departamentos de Policía cumplan no solo con la ley federal de inmigración, sino que también trabajen con agencias federales como ICE para detener y deportar a los inmigrantes.

Entre las organizaciones que demandaron están también la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), WeCount!, Americans for Immigrant Justice, Hope Community Center y The Guatemalan-Maya Center, entre otros.