Ciudad de Guatemala, 22 de julio de 2024.- Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezó este lunes una visita de cinco días a Guatemala para verificar la situación de la democracia en el país centroamericano, a petición del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.
«El propósito de la visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017», subrayó la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, durante una conferencia de prensa esta mañana.
La misión arribó a Guatemala tras la invitación del presidente Bernardo Arévalo de León, quien tomó posesión en enero de este año pese a los intentos por evitarlo por parte del Ministerio Público (Fiscalía), señalada a nivel local e internacional de corromper la Justicia en el país centroamericano.
Específicamente, la comitiva de la CIDH «observará la situación de derechos humanos de grupos, en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género», además de verificar «la situación de la libertad de expresión, la seguridad ciudadana, los derechos a la memoria, la verdad y justicia, así como los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala», en palabras de Pochak.
De acuerdo con la abogada argentina, la delegación visitará los departamentos (provincias) de Guatemala, Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, donde «se reunirá con autoridades locales» y miembros «de la sociedad civil».
La misión realizará otra rueda de prensa el próximo viernes 26 de julio para divulgar «las observaciones preliminares» de la visita, que se extenderá durante toda la semana. Es por ello que durante la semana no llevarán a cabo declaraciones a la prensa.
La comitiva está comandada por la abogada estadounidense Roberta Clarke, secundada por los vicepresidentes Carlos Bernal y José Luis Caballero, entre otros diplomáticos.
Durante las presidencias de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), más de un centenar de personas, entre fiscales, periodistas, activistas y jueves, tuvieron que salir al exilio ante la persecución judicial promovida por la Fiscalía.
Precisamente la semana pasada el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, visitó Guatemala y calificó como «preocupante» que el sistema de justicia sea utilizado para criminalizar a quienes «intentan combatir la corrupción».
Uno de los casos más simbólicos en el país centroamericano es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, en prisión preventiva desde 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero, tras ser capturado solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción a Giammattei y a su pareja sentimental, Miguel Martínez.
En el mismo sentido, la semana pasada salió al exilio la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien también fue encarcelada por más de un año debido a un supuesto delito administrativo.
EFE