San Salvador, 25 junio.- La abogada Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), llamó este viernes al órgano Judicial de El Salvador a respetar el derecho al nombre que tienen las personas trans, población que en los últimos años ha urgido al Congreso salvadoreño a aprobar una ley de identidad de género.
Belloso, quien participó en el conversatorio «Un año más sin Ley de Identidad de Género», que fue organizado por organizaciones LGTBI, dijo durante su intervención que Fespad acompaña cuatro casos de solicitud de cambio de nombre de personas trans que fueron presentadas a juzgados de familia sin que exista resoluciones a favor.
Detalló que uno de los casos corresponde a la localidad de Santa Ana (occidente) donde el juzgado de familia de dicha ciudad «declaró inadmisible la solicitud», por lo que la ONG presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los otros tres casos corresponden a San Salvador y los juzgados de familia correspondientes «también declararon inadmisibles las solicitudes».
Ante esto, la entidad no gubernamental recurrió a la Cámara de la Familia de San Salvador, que «revocó la resolución de los juzgados y mandó a que se conozcan los casos y a que se reconozca el derecho al cambio de nombre que las personas solicitantes han pedido».
Todos los casos fueron presentados en 2019 y a la fecha no se tiene resolución alguna, cuando «por lo general este tipo de casos se tendrían que resolver entre 6 y 7 meses», dijo la abogada.
«No reconocer el derecho al nombre es impunidad de parte del Estado, particularmente del órgano Judicial», subrayó la letrada.
Explicó que los jueces justifican sus decisiones en que no existe una Ley de Identidad de Género, cuando en su condición de administrar justicia «está la obligación de reconocer este derecho, sobre todo porque tenemos un ley del nombre de la persona natural que establece que el cambio procede cuando el nombre afecta a la dignidad de las personas».
«En estos casos está claro que el nombre afecta la dignidad de estas personas y todos los ámbitos de su vida», subrayó.
Belloso lamentó «el proceder» del órgano Judicial en temas relacionados con la comunidad LGTBI y llamó a la Asamblea Legislativa a que emita una ley que garantice el derecho al nombre a las personas trans.
La pasada legislatura (2018-2021) analizaba una ley de identidad de género presentada en marzo de 2018. Sin embargo, la normativa no fue aprobada y una comisión de la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, mandó a archivar el proyecto de ley que contenía 22 artículos.
Según informó el Legislativo en su momento, los integrantes de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, en su mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobaron enviar al archivo «los 30 expedientes pendientes de estudio, tras considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad».
Entre estos expedientes, según la Federación Salvadoreña LGTBI, están los anteproyectos de Ley de Identidad de Género y Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación.
Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos.
