San Salvador, 19 de octubre de 2022.- La organización humanitaria Cristosal registra desde el inicio del régimen de excepción en El Salvador al menos 2.878 denuncias de violaciones a los derechos humanos y la muerte bajo custodia estatal de unas 80 personas, según un informe brindado este miércoles.
Tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas a finales de marzo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele la suspensión de garantías constitucionales y, después, siete prórrogas.
El informe de Cristosal, cuyos registros van desde el 27 de marzo hasta el 18 de octubre de 2022, señala que estas denuncias representan a 2.987 personas «vulneradas en sus derechos».
Detalla que el 97,7 % de las denuncias son por detención arbitraria, el 25 % por allanamientos ilegal de morada y el 10,9 % por malos tratos.
La mayoría de personas afectadas, de acuerdo con Cristosal, son jóvenes de entre 18 y 30 años, con el 59,1 % de los casos, principalmente hombres.
Las denuncias señalan como principal «victimario» a la Policía Nacional Civil (PNC) con una 75,9 %, seguido de la Fuerza Armada con un 6,1 % y un 16,2 % a ambas instituciones.
Zaira Navas, jefa del área jurídica de la organización, señaló durante la presentación de los datos que «las personas son detenidas sin investigación previa», mientras que los registros de Cristosal indican que 162 personas fueron capturadas tras denuncias anónimas.
OCHENTA FALLECIDOS Y JUECES «SIN ROSTRO»
Cristosal advierte en su informe que al menos 80 personas detenidas durante esta «guerra contra las pandillas», como la llama el Gobierno, han fallecido en custodia del Estado.
Señala que el Estado no «asume la responsabilidad por estas muertes, ni desarrolla investigaciones para su esclarecimiento».
Apunta también que «los cuerpos presentan signos de violencia cuando la muerte se produce al interior de un centro penal».
Por su parte, David Morales, abogado y director de Justicia Trancisional de Cristosal, dijo en una conferencia de prensa que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha nombrado al menos a 15 «jueces sin rostro».
Unas reformas penales aprobadas en el Congreso permiten que jueces lleven procesos penales sin que se conozca su identidad.
Morales señaló que, además de desconocer la identidad de estos letrados, no es posible conocer su «idoneidad» o impugnarlos.
Indicó que la Fiscalía está llevando los casos relacionados con este régimen ante dichos jueces «sin rostro», a quienes señaló de tolerar «las graves violaciones a derechos humanos».
De acuerdo con funcionarios del Gobierno salvadoreño, «los resultados son innegables» en la «guerra contra las pandillas» con la detención de más de 55.000 supuestos pandilleros, la incautación de 1.644 armas y 1,24 millones de dólares.
Sin embargo, las denuncias por atropellos recogidas por las organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 6.500.
A pesar de que el Gobierno sostiene que el régimen de excepción goza de amplia popularidad, un 49,8 % de la población salvadoreña considera que «no resolverá el problema» de las pandillas en El Salvador, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) presentado el martes.
EFE
