Managua, 17 marzo.- La violencia y la inseguridad ciudadana incrementaron en Nicaragua en el 2020, debido a la «política de represión» del Gobierno del sandinista Daniel Ortega, según un estudio divulgado este miércoles por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco.
«La política de represión que el Gobierno ha mantenido sobre la sociedad nicaragüense desde (abril de) 2018», cuando estalló una crisis social y política, «es uno de los factores de riesgo más importantes a la seguridad», dijo la investigadora de Monitoreo Azul y Blanco, Elvira Cuadra, en la presentación del estudio.
«Pero además, esa política de represión se ha convertido en el principal dinamizador de otros tipos de violencia», explicó Cuadra, socióloga de profesión.
El informe, titulado «2020: Violencia e inseguridad de Nicaragua», indica que la cantidad de asesinatos pasó de 141 en 2019 a 262 en 2020, para un incremento del 87,2 % en el lapso de un año.
Cuadra reconoció que la Policía Nacional establece una tasa de homicidios baja, de 8 por cada 100.000 habitantes, pero señaló que al igual que otros datos del Gobierno de Nicaragua causan dudas entre los especialistas.
La experta aclaró que si bien el número de casos reflejados en el informe es bajo, esto se debe a que el estudio se basó en asesinatos conocidos a través de los medios de comunicación, a partir de los cuales se realizaron las investigaciones, ya que en Nicaragua no hay acceso a datos estatales.
«Este es un tipo de ejercicio que en estadísticas se llama ‘proxy’, o de aproximación, y lo que permite es identificar tendencias», explicó.
EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ASESINATOS
Entre otras tendencias que mostró el estudio están la expansión geográfica de los asesinatos, ya que en 2019 se reportaron 101 en el área rural y 40 en las ciudades, mientras que en 2020 los crímenes en el campo sumaron 118, pero en las ciudades alcanzaron los 145.
Cuadra subrayó que otra tendencia es el que «un porcentaje de los asesinatos (24 %) fue cometido por grupos de hombres, entonces ahí probablemente hay un trasfondo político que no se puede ver en la evidencia que hemos recopilado».
Como consecuencia, según la especialista, existen dos posibilidades: «La primera es que la violencia política se está extendiendo a formas de delincuencia común por la impunidad que promueve el Estado (con indultos), y la segunda es que los asesinatos políticos se están encubriendo como asaltos o delitos comunes».
Un obstáculo para obtener detalles de la violencia es que los familiares de las víctimas, especialmente en zonas rurales, prefieren no denunciar para no exponer sus vidas, según el informe.
Además de la «política de represión gubernamental», otros factores que promueven la violencia, según el estudio, son la existencia de grupos de civiles armados afines a Ortega, el «discurso de odio que alienta a la Policía y a los grupos paramilitares», así como los indultos a miles de reos comunes cada año y que se traducen en asesinatos u otro tipo de agresiones graves contra las mujeres.
Cuadra advirtió que en 2021 la violencia podría recrudecerse en Nicaragua, debido al contexto de elecciones generales, que se celebrarán en noviembre, en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección consecutiva y así ampliar sus 42 años de dominio casi total de la política nicaragüense.