Nueva York, 1 de junio de 2022.- Ilene Steur, quien recibió un disparo en medio de un tiroteo en una estación de metro de Nueva York el pasado 12 de abril, demandó al fabricante de armas Glock y argumentó que la compañía ha puesto en peligro la seguridad pública al comercializar armas de manera imprudente a través de anuncios y el emplazamiento del producto en películas, series y videoclips.
Steur, quien resultó gravemente herida en el peor crimen en el sistema de transporte público de la ciudad en décadas, presentó una demanda federal en Brooklyn el martes y que fue recogida por la prensa local, en la que señaló que el fabricante del arma de fuego utilizada en el ataque debería ser considerado responsable.
En abril, durante la hora punta de viajes al trabajo por la mañana, Frank James lanzó dos bombas de humo y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los ocupantes de un vagón de metro que pasaba por Brooklyn, lo que le provocó heridas a 30 personas.
James usó una Glock 17 de 9 milímetros que compró legalmente en Columbus (Ohio) en 2011, según los fiscales federales. El arma se atascó después de 33 disparos.
La demanda acusa a Glock, cuya sede está en Austria, de comercializar indebidamente sus armas de fuego con énfasis en su alta capacidad, su fácil ocultación y otras características que «atraen a los compradores con intenciones delictivas».
Asimismo, señala que la compañía tampoco ha «adoptado las políticas y prácticas más básicas» para evitar que las armas de fuego caigan en las manos equivocadas.
La denuncia se produce cuando la industria de las armas de fuego está bajo el punto de mira en Estados Unidos después de los tiroteos masivos este mayo en Buffalo (Nueva York), donde 10 personas murieron en un supermercado, y en una escuela de Uvalde (Texas), que terminó con la vida de 19 niños y 2 maestras.
La demanda se parece a otra que los familiares de las víctimas del tiroteo de la escuela Sandy Hook (Connecticut) de 2012 presentaron contra Remington, que fabricó el arma utilizada en esa matanza.
En este caso, que se resolvió por 73 millones de dólares, los familiares argumentaron que la comercialización del arma por parte de la compañía estaba destinada a atraer a jóvenes con problemas.
Por su parte, James, de 62 años, se declaró inocente en un tribunal federal y podría pasar la vida en prisión si es declarado culpable del cargo de terrorismo al que se enfrenta.
EFE
