Ciudad de Panamá, 23 abr- Católicos que trabajan con algunos de los 299 migrantes deportados por Estados Unidos a Panamá, suplican al Gobierno que más allá de colocar la bandera a media asta por la muerte esta semana del papa Francisco, debería rendirle homenaje otorgando «una vida digna» a los migrantes, como predicó el sumo pontífice.
«No olviden nunca su dignidad humana», porque «no son un descarte», escribía el año pasado el papa en un mensaje dirigido a los miles migrantes que acababan de cruzar la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, en su camino hacia Estados Unidos.
Conocido por muchos como «el papa de los migrantes» por su defensa de aquellos que se ven forzados a abandonar su tierra en busca de mejores condiciones de vida, él mismo recordaba entonces que fue «hijo de migrantes que salieron en búsqueda de un mejor porvenir», y que «hubo momentos en que ellos se quedaron sin nada, hasta pasar hambre; con las manos vacías, pero el corazón lleno de esperanza».
Por eso, miembros de organizaciones católicas que forman parte de la Red CLAMOR (la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas), y que trabajan con decenas de migrantes en la capital panameña deportados por Estados Unidos, recuerdan las enseñanzas del papa.
Elías Cornejo, coordinador de promoción social y atención a la población migrante de la organización católica Fe y Alegría, que forma parte de la Red Clamor, explicó a EFE en un albergue de acogida a migrantes que hay que «buscar alternativas para esta gente, no se les puede tener en condiciones que no sean favorables ni dignas».
«En el marco de la muerte del papa Francisco, que fue incisivo en estar insistiendo en el trato humano con los migrantes, yo creo que este país que se declara católico en su mayoría (…) más allá de la bandera a media asta, yo le pediría también al Gobierno nacional que dignifique esa memoria del papa Francisco dándole una respuesta a mucha gente que (…) tiene derecho a tener una vida digna», subrayó Cornejo.
«Denles eso, traten de buscar una respuesta humana, cristiana, evangélica», insistió.
El peregrinaje de este grupo de migrantes por Panamá comenzó a mediados de febrero, cuando un total de 299 llegaron en tres aviones desde Estados Unidos en el marco de un acuerdo que convirtió a la nación centroamericana en país «puente» para su repatriación.
Procedentes de naciones extracontinentales como China, Afganistán, Sri Lanka, Vietnam, Uzbekistán, Camerún, Etiopía, Irán, Rusia, Pakistán o Nepal, 188 retornaron a sus países de manera «voluntaria», según la última información oficial disponible, y 111 rechazaron hacerlo, temerosos muchos de ellos por sus vidas.
Al grupo entero lo alojaron primero en un céntrico hotel de la capital panameña, y a los que rechazaron ser repatriados a sus países los trasladaron a un albergue a más de 200 kilómetros, próximo a la selva del Darién.
Después, tras la decisión el pasado marzo del Gobierno de Panamá de otorgarles un permiso temporal humanitario por 30 días, prorrogables hasta 90, para encontrar una salida a su situación, los llevaron de regreso a la capital, aunque ahora sin ningún tipo de respaldo logístico, por lo que la Red CLAMOR ocupó ese vacío alojando primero a los migrantes en un humilde hotel de la ciudad, para trasladarlos días después a uno de sus albergues.
Ayuda de católicos, de no creyentes, de gente de otras religiones
Según explica Cornejo, que subraya el apoyo que reciben en el albergue de «gente no creyente, gente creyente, gente musulmana, gente de otras religiones también», de los 69 migrantes que trasladaron hasta allí -las familias con niños continúan alojadas en un hotel-, quedan 47, ya que «van tomando sus propias decisiones y se van moviendo» por decisión propia a otros lugares.
«No sabemos a dónde, tenemos idea, pero no queremos tampoco retenerlos ni forzarlos a nada, porque ellos son libres, no son personas que están presas (…) Nosotros no queremos presionarlos, no queremos presionar al Gobierno, pero sí decirle nuevamente, ‘por favor, encontremos una salida a esto’. Una salida que tiene que ser digna para el Estado y para ellos, para los migrantes», remarcó.
Al menos, dice, desde Cancillería han garantizado que no van a deportar a nadie de manera forzosa si se acaba el nuevo plazo de 60 días, una extensión que concluye en junio y que, según datos oficiales compartidos con EFE, han solicitado al menos 80 migrantes.
Dos madres de países asiáticos que solicitaron con sus hijos la extensión del «permiso de residente temporal por razones humanitarias», como indica el documento al que tuvo acceso EFE, y que pidieron el anonimato, insistieron en que regresar a su país no es una opción, ya que si vuelven sus «vidas están en peligro».
Alojadas en un humilde hotel del centro de la capital panameña, en una planta donde tras cada puerta hay una familia de nacionalidad diferente, explican a EFE a través de una aplicación de traducción parte de su periplo hasta Estados Unidos, atravesando varios países de América con sus hijos menores, y luego su expulsión repentina sin conocer el destino, algunos esposados de pies y manos.
«Cuando me subieron al avión me sentí sofocada. Tenía las manos y los pies fríos. Mi corazón latía rápido, tenía la presión arterial alta. Se lo dije a los militares», recuerda una de ellas. Había hombres y mujeres esposados, los niños estaban aterrorizados. Ellas son adultas, pero los niños no, «¿cómo pueden tratarlos como criminales?».
Ahora, dicen, sienten «miedo» de que llegue el día en el que expire el plazo que les dieron para permanecer en Panamá. «Cuando este documento termine, no sé exactamente qué va a pasar con nosotros si Estados Unidos no nos saca de aquí».
«Queremos pedirle a Donald Trump que nos retorne a Estados Unidos, por favor», suplicaron.
Carlos Lemos y Moncho Torres
EFE