Managua, 8 julio.- La opositora Unidad Nacional urgió este jueves a las autoridades nicaragüenses a dar una prueba de vida de su líder y aspirante a la Presidencia Félix Maradiaga, quien cumple un mes de haber sido arrestado sin conocerse su ubicación, y sin ser visto por sus familiares o abogados, por lo que tildó esa detención de «desaparición forzada».
En una declaración, la Unidad Nacional acusó a la «dictadura de Daniel Ortega» de recurrir «a mecanismos ilegítimos e ilegales para producir miedo y terror» a cuatro meses de las elecciones generales -en las que el mandatario buscará su cuarta reelección y tercera consecutiva-, «con el objetivo de silenciar a las voces críticas y garantizar su continuidad en el poder, sin someterse al escrutinio popular».
Maradiaga es uno de los seis aspirantes a la Presidencia de la oposición que han sido detenidos desde el pasado 2 de junio acusados de supuesta traición a la patria, basado en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Esa ley, promovida por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, el 21 de diciembre pasado, cataloga los «traidores a la patria» y los inhabilita a optar a cargos públicos.
NO HAY HUELLA DE LOS DETENIDOS
«Hoy se cumplen 30 días desde que Maradiaga fue brutalmente golpeado, secuestrado y desaparecido por el régimen en Nicaragua», señaló la Unidad Nacional, que afirmó que «desde su captura no se ha confirmado su paradero, ni se ha respetado su derecho a reunirse con sus abogados ni recibir visitas de sus familiares cercanos».
«No sabemos de su integridad física, ni de su estado de salud. Se le han violado todas las garantías mínimas de sus derechos humanos», indicó la agrupación.
Esas acciones del «régimen violan las protecciones incluidas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es Estado parte», y el artículo 46 de la Constitución de Nicaragua que dice «toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana», agregó.
«Por tanto, Nicaragua no está honrando sus obligaciones bajo su propia Constitución Política y el derecho internacional», apuntó.
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL
En el caso de Maradiaga, un académico y activista de 44 años, «y otros liderazgos secuestrados, se han violentado al menos diez principios básicos del derecho internacional, que demuestran la impunidad con la que operan» en Nicaragua, continuó.
Entre otros, mencionó que las detenciones y allanamientos se han dado sin orden judicial, que los detenidos han sido desaparecidos y puestos bajo custodia en lugares desconocidos sin fundamento legal, y que no han tenido acceso en ningún momento a sus abogados «a pesar de repetidas solicitudes formales, quienes han sido amenazados y en algunos casos forzados a exiliarse».
Además, todos están detenidos sin que sus familias puedan acceder a ellos en su lugar de detención, ninguno fue llevado de inmediato ante un juez, ni fue posible impugnar la legalidad de sus detenciones, y ninguno recibió una audiencia pública y justa, entre otros.
«SITUACIÓN URGENTE» EN NICARAGUA
Por tanto, la Unidad Nacional demandó «la urgencia de conocer» si Maradiaga «continúa con vida y que está bien de su integridad física».
También pidió a la comunidad internacional «continuar solidarizándose con la situación urgente en Nicaragua, así como condenar fuertemente estas acciones e instar al régimen de Ortega a cumplir con los compromisos internacionales sobre derechos humanos, civiles y políticos».
«Hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua a seguir resistiendo de forma pacífica para recuperar la democracia y la libertad que tanto anhelamos los nicaragüenses», abogó.
Aparte de Maradiaga, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, entre otros dirigentes opositores, que también están siendo investigados por supuesta traición a la patria.
Ortega, que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y los ha tildado de «criminales».
