La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas activó la ruta de atención para las 42 familias que se desplazaron de la vereda San Antonio de Tarazá, como consecuencia de hechos violentos en ese municipio de la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
“En articulación con la alcaldía se registró el censo de 134 personas (70 adultos y 64 menores de edad), el cual sigue abierto en caso de que otras personas lleguen de esa zona para garantizar su acceso a la declaración por desplazamiento forzado y la ayuda humanitaria inmediata”, indicó el director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena.
El funcionario informó que en esta primera fase de emergencia “la Unidad entregó kits de aseo y de hábitat (colchonetas, cobijas, toldillos) y quedamos atentos al requerimiento del municipio para apoyar con la alimentación si es necesario. También se adecuó el albergue para las personas que no tienen donde quedarse, para ofrecer una atención digna y segura hasta que salgan de este estado de vulnerabilidad”.
La mayoría de las familias desplazadas se encuentran en el corregimiento El Doce en casas de familiares o amigos, mientras que 35 personas son atendidas en el albergue adecuado por la alcaldía. Esta población abandonó la vereda San Antonio tras la incursión de integrantes de un grupo armado ilegal el pasado fin de semana, quienes asesinaron a tres habitantes e hirieron a una persona más.
En la zona donde ocurrieron los hechos violentos tienen presencia el Clan del Golfo y la banda criminal conocida como Los Caparrapos, que se enfrentan por la disputa de rentas ilegales y zonas de cultivos ilícitos de coca.
Desde el año pasado, la Unidad para la Reparación a las Víctimas destinó un total de 10.660 millones de pesos para garantizar dotación de albergues temporales, alimentación y ayuda humanitaria inmediata para más de 5 mil familias desplazadas en Antioquia, la mayoría procedentes del Bajo Cauca y norte del departamento.
De acuerdo con los protocolos para la atención de estas emergencias, los primeros respondientes son los municipios y demás entes regionales y luego, si sus recursos no son suficientes, interviene el Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas.
Con el fin de tomar medidas para atender estas situaciones de emergencia, la Unidad ha participado en los comités de justicia transicional junto con la Procuraduría, las alcaldías, Ejército y Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Antioquia y Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
