Brasilia, 2 mar – El senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro e investigado por supuesta corrupción, se vio en la obligación de explicar este martes la compra de una lujosa mansión en Brasilia, valorada en poco más de un millón de dólares.
La compra del inmueble, situada en uno de los barrios más caros de la capital, fue revelada la víspera por el portal O Antagonista, especializado en información política, que despertó sospechas pues el senador es investigado, entre otras cosas, por unas supuestas operaciones de blanqueo de dinero en el sector inmobiliario.
El hijo mayor de Bolsonaro, uno de los tres que actúa en política y que como los otros dos tiene asuntos pendientes en tribunales, dijo en una nota divulgada este martes por su oficina de prensa que «la casa fue adquirida con recursos propios», que incluyeron la venta de un apartamento en Río de Janeiro.
«Más de la mitad de la operación fue por medio de financiación inmobiliaria» y «todo fue registrado en escritura pública», según la nota, en la cual se agrega que «cualquier cosa más allá de eso es pura especulación o desinformación por parte de algunos medios de comunicación».
La compra del inmueble, que tiene dos pisos y unos 1.000 metros cuadrados de área construida en un lote de 1.400 metros cuadrados, despertó suspicacias en la oposición, sobre todo por los procesos en que los que el senador responde por presunta corrupción.
«Investigado por desvíos de unos 6,1 millones de reales, Flavio Bolsonaro se compra una mansión de 6 millones de reales», ironizó Fernando Haddad, excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) derrotado en las elecciones de 2018 por el actual mandatario.
Otros políticos de oposición citaron que la compra del inmueble ocurrió después de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló parte de una investigación contra el senador Bolsonaro, lo que pudiera llevar a la anulación de uno de los procesos en su contra.
Según el STJ, la suspensión de los derechos al secreto bancario y fiscal del hijo mayor del presidente, ordenada por la Fiscalía en el marco de la investigación, no «cumplió con los requisitos legales».
Los datos que habían sido obtenidos a través del movimiento de las cuentas bancarias y las declaraciones de impuestos del senador eran parte de la acusación presentada en su contra por la Fiscalía, que sospecha de diversas irregularidades con dinero público.
Sin embargo, con la decisión tomada por el STJ, esa información no podrá ser utilizada como prueba, lo que de acuerdo a expertos en asuntos jurídicos pudiera debilitar las acusaciones contra el senador y hasta llevar al extremo de que el proceso sea anulado.
