Necesitaría más de 13 mil millones, asegura en recurso de reposición a las medidas cautelares.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió a las medidas cautelares de protección colectiva ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) diciendo que, en términos generales, no tienen los recursos para cumplir con las órdenes dadas por esa justicia a la entidad que tiene a su cargo parte del cuidado de los excombatientes de Farc en reincorporación.
Así lo argumentó ante la JEP en un recurso de reposición y en subsidio apelación conocido por este diario, donde argumenta la “imposibilidad” de dar cumplimiento a dos órdenes dadas por la JEP el pasado 30 de julio porque, dice, necesitaría al menos 13 mil 500 millones de pesos adicionales.
La primera de estas, el numeral 4.2 del auto de la JEP, ordena implementar en un plazo no superior a 20 días “las medidas de protección aprobadas (esquemas de protección) que se encuentran pendientes de entregar total o parcialmente”.
La segunda, el punto 4.3, orden programar, en el mismo plazo, la realización de los estudios de riesgos pendientes, “junto con las recomendaciones de seguridad y protección en cada caso”.
Asimismo, contra el numeral 157 de la decisión de la JEP, donde también le ordena a la UNP que adopte “las medidas administrativas y presupuestales que garanticen el nombramiento de la planta completa de agentes escolta del Cuerpo de Seguridad y Protección en coordinación con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección”.
Según la UNP, cuando se creó la planta de agentes de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, esta se restringió a 1.200 funcionarios para proteger a la población de excombatientes de las Farc. Según la entidad, si se completan los cupos, pierden la posibilidad de contratar a más funcionarios.
Explica que en la actualidad tienen 1.184 hombres de protección, con lo cual harían falta 16 para completar la carga, pero aclara que no todos están asignados a esquemas de seguridad. En esquemas hay 988, en centro de operaciones otros 11, en misión de acompañamiento 58, en funciones administrativas dos más, y 20 disponibles para hacer reemplazos, relevos, cubrir incapacidades, entre otras.
Por lo tanto, “la Subdirección Especializada cuenta en estos momentos realmente con un recurso humano de 1.070 hombres de protección”, dice el recurso de la UNP.
La entidad aclara, además, que ni siquiera llenando las 16 vacantes que faltan cumplirían la necesidad de los esquemas de protección pendientes por implementar, pues se llegaría al tope de la planta ordenada en el decreto 301 de 2017, que creó la Subdirección.
También señaló que están pendientes de implementación 11 esquemas de seguridad y otros 80 todavía están pendientes de emitirse una decisión “porque efectivamente no se cuenta ni con el recurso humano ni presupuestal para la implementación de esos esquemas”. A continuación, clara que no se debe a negligencia operativa o funcional, sino a la falta de recursos.
«Si bien la UNP tiene absoluta disposición para cumplir con lo ordenado,
no cuenta con la posibilidad de hacerlo»
Para llenar los 91 esquemas referidos, harían falta 252 agentes escoltas, sin contar los esquemas que puedan resultar de las solicitudes de protección que están todavía en evaluación. Así, “la planta de personal es inferior a las expectativas de protección que determinó la JEP”, y la múnica alternativa sería modificar los decretos que regulan esa planta.
“Si bien la UNP tiene absoluta disposición para cumplir con lo ordenado, no cuenta con la posibilidad de hacerlo, por las razones anotadas”, y por eso le pide a la JEP que considere estas circunstancias particulares para que conmine a las autoridades que pueden modificar el decreto 301 de 2017.
Aun así, aclaran que en la actual vigencia no cuentan con los recursos para ampliar la planta de personal. El personal faltante, es decir, al menos los 252 escoltas faltantes, costarían a la UNP 13.589.856.000 pesos (más de 13 mil 500 millones de pesos), sin tener en cuenta las evaluaciones de riesgo pendientes.
Las limitaciones de la UNP, según le dijo a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que fue la que ordenó estas medidas, también pasan por el personal que hace los estudios de riesgo, que son cinco analistas a la fecha.
En la actualidad hay 487 estudios de riesgo en trámite, y según la UNP, cada estudio toma, en promedio, 288,5 días hábiles. Además, cada uno tiene una asignación cercana a 97 solicitudes de estudio de riesgo. Por eso, la orden de evacuar estos estudios en 20 días, teniendo en cuenta el contexto de limitaciones de movilidad por la pandemia actual, resultaría imposible, dice la UNP.
En fin, la UNP dice que “aunque se considere la implementación de medidas de emergencia, su materialización sería imposible, dado el estado actual del recurso humano de la UNP para suplir esas necesidades, así como de la falta de presupuesto para tal efecto”.
Por eso le piden a la Sección de la JEP reponer la decisión para que no se ordene a la UNP cumplir estas medidas mientras no se modifique el decreto 301 o se permita la vinculación de escoltas a través de empresas contratistas.
Si la Sección no acepta esta reposición, la decisión pasará a ser revisada por la Sección de Apelación de la JEP.
Estas medidas fueron tomadas por la JEP después de una audiencia nacional y otra territorial sobre las amenazas a excombatientes de las Farc, sobre las cuales decidió iniciar, de oficio, el estudio de medidas cautelares. Hasta la fecha, Farc contabiliza 224 asesinatos de excombatientes desde la firma del acuerdo de paz.
Tomado de El Tiempo
