Singapur, 14 de abril de 2023.- Varias organizaciones internacionales y la oposición birmana urgen a que se prohíba el envío de combustible aéreo a Birmania tras el bombardeo aéreo del Ejército que dejó esta semana al menos 168 muertos, entre ellos decenas de niños.
«Sin combustible aéreo los cazas no pueden volar. Si no vuelan, no pueden bombardear», exhorta sucintamente la ONG Burma Campaign de Reino Unido en su página web, recordando que el Ejército birmano está utilizando sus fuerzas aéreas para «bombardear indiscriminadamente a los civiles».
La organización urge al Gobierno de Reino Unido a sancionar el suministro de combustible aéreo a Birmania, que desde el golpe de Estado de los miliatres del 1 de febrero de 2021 vive sumida en la semianarquía y el conflicto, con los militares llevando a cabo una escalada de violencia ante su fracaso en controlar la mayor parte del país.
El martes, aviones del Ejército (Tatmadaw) bombarderon la ceremonia de inauguración de una oficina administrativa del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se declara la autoridad legítima de Birmania tras el golpe, en Pazigyi, pueblo de unos 3.800 habitantes en la región noroccidental de Sagaing, uno de los principales bastiones rebeldes.
Según el NUG, el ataque ha dejado un saldo de al menos 168 fallecidos, entre ellos 40 menores de edad, una cifra respaldada por clínicas controladas por la disidencia de la zona, si bien alertan de la dificultad de precisarla por la mutilación de los cadáveres.
El ministerio de Derechos Humanos del NUG también ha urgido desde el bombardeo a que se tomen medidas punitivas contra el régimen militar, incluyendo una prohibición global de la venta de combustible de aviación a la junta, así como la involucración de la Corte Penal Internacional (CPI).
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha insistido en un comunicado en que el ataque militar, el más cruento desde el que se tiene constancia desde el golpe, «pone de manifiesto la urgente necesidad de suspender la importación de combustible aéreo».
«Amnistía reitera su llamamiento a estados y negocios para que paren los suministros, que pueden acabar en manos de las fuerzas aéras birmanas», remarca la investigadora de Derechos Humanos de AI Montse Ferrer.
En un informe publicado el pasado noviembre, AI trazó la cadena de suministro del combustible al Ejército birmano, con empresas implicadas como la petrolera tailandesa Thai Oil y Singapore Petroleum Company (SPC, en sus siglas en inglés), propiedad de la china PetroChina.
Según expertos de seguridad en el terreno, el Ejército birmano se encuentra en crisis debido a falta de personal, y uno de sus últimos recursos contra la resistencia, formada sobre todo por jóvenes que se entregaron a la lucha armada y constituyeron las fuerzas para la defensa del pueblo (PDF, el brazo armado del NUG), son los ataques aéreos a gran escala, pues solo ellos disponen de aviones.
La ONU denunció en marzo que más de 3.000 civiles han sido asesinados, 1,3 millones han tenido que abandonar sus hogares y 16.000 se han convertido en presos políticos desde el golpe, entre ellos la líder de facto del Gobierno derrocado, Aung San Suu Kyi, poniendo fin a una década de transición democrática.
EFE
