Río de Janeiro, 12 mayo.- Más de 60 ONG pidieron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considerar el acceso de Brasil a ese organismo, ya que las políticas ambientales y de derechos humanos promovidas por el Gobierno de Jair Bolsonaro son incompatibles con los objetivos del ente multilateral.
En una carta enviada este miércoles al australiano Mathias Cormann, designado como nuevo secretario de la OCDE, las organizaciones brasileñas e internacionales señalaron que, de darse el voto de confianza al país suramericano, se estaría enviando «un duro mensaje a quienes actualmente luchan por la defensa y garantía de los derechos».
«Las políticas actuales de protección ambiental y de derechos humanos son incompatibles con lo que se espera de un país miembro de la OCDE y deben ser tomadas en cuenta en un eventual proceso de adhesión de Brasil a la organización», señala la carta.
Greenpeace, Conectas, WWF, Justicia Global, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la Comisión Pastoral de Tierras, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Observatorio del Clima, figuran entre las 61 organizaciones signatarias de la misiva.
En la carta, las ONG criticaron la gestión del líder ultraderechista para enfrentar la pandemia del coronavirus, que ya deja más de 425.000 muertos y 15,2 millones de infectados en el país, y lo acusaron de desmantelar las políticas socioambientales de Brasil.
«El presidente Bolsonaro subestimó constantemente la gravedad de la enfermedad, apoyó el uso de tratamientos ineficaces y sin fundamento, ignoró la urgencia en la compra de vacunas, atacó a funcionarios del Gobierno local que adoptaron medidas para combatir la pandemia, estimuló aglomeraciones y desalentó el uso de máscaras y el aislamiento social como medidas para contener el contagio», denuncia la misiva.
Las organizaciones también resaltaron que el país vive una «grave crisis democrática» porque las voces críticas al Gobierno han sido «intimidadas» por el «aparato estatal», con el uso de la Ley de Seguridad Nacional, un legado nefasto de la dictadura militar para enmarcar a los opositores y tratar las diferencias políticas como un crimen».
En cuanto a lo ambiental, las ONG señalaron que las políticas promovidas por Bolsonaro no tienen previsto ampliar la protección y, por el contrario, pretenden avalar actividades de impacto significativo para el medio ambiente, como la minería, la implementación de hidroeléctricas y la explotación de gas y petróleo dentro de territorios indígenas.
El tema ambiental es una de las principales preocupaciones de la OCDE que en su informe «Hacia el crecimiento 2021: Dar forma a una recuperación vibrante», publicado a mediados de abril, insistió en la «necesidad de fortalecer la protección efectiva de los recursos naturales, incluida la selva tropical amazónica» y aconsejó a Brasil aumentar los «esfuerzos» para combatir la deforestación ilegal.
La OCDE reúne a 37 de los países más poderosos a nivel mundial, que se comprometen a cumplir determinados criterios en las políticas públicas con la finalidad de promover el bienestar económico y social.
El australiano Cormann asumirá el cargo de secretario general del organismo el 1 de junio, en reemplazo del mexicano Ángel Gurría.
Desde que Bolsonaro llegó al poder, el 1 de enero de 2019, ha hecho público su deseo de que Brasil haga parte del organismo.
Bajo su mandato aceptó renunciar al tratamiento especial en la Organización Mundial del Comercio (OMC), a cambio del apoyo firme de Estados Unidos, cuando Donald Trump era su presidente, para su ingreso en la organización.
El mandatario brasileño cree que el Gobierno de Joe Biden mantendrá «todos los acuerdos» a los que llegó durante la administración Trump, algo que todavía no ha sido confirmado por el Gobierno estadounidense.
