Antioquia, 29 noviembre de 2021.- Isabel Cristina Zuleta López nació en Ituango, Norte de Antioquia, en abril de 1982. Es una férrea defensora de los derechos humanos, protectora de los ríos del país, ambientalista por convicción y activista del Movimiento Ríos Vivos.
Vivió en su tierra natal hasta sus 14 años, edad en la que tuvo que abandonarlo todo por culpa de los paramilitares. En Medellín inició y concluyó el pregrado en sociología e historia de la Universidad de Antioquia.
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Teme, porque ha sido amenazada en diferentes oportunidades por grupos armados ilegales de origen paramilitar, pero no se detiene, porque su voz es la de muchos que prefieren callar y por quienes está dispuesta a entregarlo todo.
En julio pasado anunció que se unía al Pacto Histórico con la misión de hacer que los partidos políticos respeten a los movimientos sociales de base y para ello hizo inscribir su nombre en la lista que esa coalición política presentará al Congreso de la República. Aspira llegar al Senado.
Este 27 de noviembre, en la Casa Petro de Medellín, la lideresa social, junto al senador Iván Cepeda Castro, ratificó que, a pesar de su desconfianza en los procesos electorales, luchará para que la voz de los campesinos se escuche en todo el país y para que sus necesidades sean resueltas, pues el campesinado ha sido históricamente excluido de las discusiones sobre lo rural en Colombia, tanto que en ninguna línea de la Constitución fueron mencionados.
En su intervención en la reunión, Zuleta invitó a la institucionalidad a decir la verdad sobre lo que ocurre en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, en el tema de seguridad. “Colectivamente, entre nosotros, cómo podemos salir del estado de criminalidad organizada que, además, es el que opera en esta ciudad. Cómo es posible que hoy haya cuerpos desmembrados que bajan por el río Medellín y nadie nos habla de eso, nadie nos quiere hablar de eso. Cómo nos pueden decir a nosotros que en el municipio de Bello ha bajado la criminalidad cuando pasan esos cuerpos por el río y se encuentran después de Bello, abajo en Barbosa. Cómo nos manejan los datos en esta ciudad, cuando nosotros sabemos que siguen desmembrando personas, que siguen habiendo casas de pique. Eso no está bien”.
La aspirante al Senado pidió a las autoridades que hablen con la verdad, porque es una responsabilidad ética. “No podemos seguir diciendo que Medellín está bien. Al comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Javier Josué Martín Gámez, le tenemos que preguntar qué pasó con el cuerpo que hallaron en una maleta en El Poblado, por qué la Policía no nos habla de eso, por qué los medios de comunicación no nos quieren hablar de eso. Esta ciudad necesita información real y veraz”, se preguntó.
Añadió que no se trata de un asunto de definición de términos, de discutir que si la institucionalidad dice que es el Clan del Golfo pero ellos dicen llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia o AGC, “ese no es el punto”.
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“Nos tienen que decir cuántos son los muertos diarios, el por qué estamos en esta situación de tortura diaria, porque esas familias de esos jóvenes que están en el crimen organizado también son familias colombianas. Tenemos que construir una salida al crimen organizado pensando en esas familias también. No solamente en cómo castigar a los que han cometido delitos, sino en cómo recogemos a una familia que es víctima de ese reclutamiento”, expresó Zuleta.
Crisis carcelaria
En cuanto al tema del populismo punitivo, doctrina política que al llevarse al plano de lo real, bajo la falsa defensa de los intereses del pueblo, tiene a las cárceles desbordadas, convertidas en inexistentes espacios de justicia, colapsando precisamente al sistema carcelario, la socióloga e historiadora manifestó que así no se solucionan los problemas que tienen origen en la inseguridad y el crimen.
El hacinamiento, la violencia intra mural, las enfermedades de la prisión y la no resocialización demuestran con sobrada razón que el remedio no está en repletar las cárceles, pues asi no se combate a la criminalidad.
“La solución para estas prácticas no puede seguir siendo la cárcel, no es posible que la solución pase por torturar personas y de paso a sus familias, en Antioquia tenemos 6 de las 11 cáceles más hacinadas de país, el Centro Penitenciario La Paz en Itagüí tiene el índice de hacinamiento más alto del país del 185,6%, seguida del Establecimiento Penitenciario Santa Bárbara con el 172% también en nuestro departamento, la más sobrepoblada es Bellavista con una capacidad de 1.368 y una población actual de 2.565, superado por 1.197 reclusos de más. Los internos tienes que pagar para dormir, para estudiar, para trabajar, para descontar pena entre muchas otras cosas”, argumentó Isabel Zuleta.
A lo anterior agregó que «nos estamos gastando casi 3 billones de pesos ($2.778.230.776.100) para “solucionar” el problema de la criminalidad privando de la libertad a 96.774 personas, esto quiere decir que nos gastamos al mes $2.392.370 por preso, y es evidente que la criminalidad nos e ve afectada por la reclusión de estas personas. Con este presupuesto podríamos pagarles un salario mínimo al mes ($908.526) a 254.829 persona o un salario de $1.500.000 pesos a 154.346 personas”, advirtió.
Asimismo, reiteró que el problema no se resuelve con la privación de la libertad, por el contrario esta “solución reproduce la criminalidad, las condiciones de tortura al interior de estos establecimiento de reclusión generan el mejor ecosistema para que el crimen se reproduzca y se siga ejerciendo intramuros, genera más odio en nuestro país y más familias desamparadas”.
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La activista medioambiental recordó que en una entrevista que le realizó un medio internacional le explicaron que en el exterior se dice que por Colombia pasa todo el crimen del mundo. “¿Por qué no nos hablan de eso? Nosotros necesitamos hablar de cuántas bandas hay aquí que hacen parte de ese crimen organizado transnacional, necesitamos hablar de la trata de personas, uno de los negocios más lucrativos en el mundo, más lucrativo que la coca, que el narcotráfico, que el negocio de las drogas. Pero eso está silenciado, porque la trata de personas parece ser de otra época”, señaló.
Y añadió: “Nosotros sabemos que a las niñas se las llevan de esta ciudad y desaparecen en Cartagena, sabemos lo que pasa en la frontera con Panamá. Y tenemos que hablar de eso, salir a investigar sin que por ello nos maten. Ese es el sueño de un nuevo país. No me imagino que de un día para otro tengamos un nuevo Gobierno, un nuevo Congreso y entonces todos los problemas se van a solucionar, no. Me sueño un país en el que podamos salir a investigar, a documentar estos casos de tanta crueldad, irnos para Turbo, irnos para Necoclí, saber lo que está pasando con esas comunidades africanas, con esas comunidades que transitan por ese territorio y que vienen desde el Ecuador con la intención de pasar a Panamá y llegar después a los Estados Unidos”.
Isabel Zuleta explicó que aunque no está de acuerdo en muchas cosas con Gustavo Petro, se adhirió al Pacto Histórico porque tiene la certeza de que no por decirle al candidato presidencial que no está de acuerdo con algo la van a matar. “Con toda tranquilidad debemos saber y decir lo que está pasando sin que por ello nos maten. Necesitamos un presidente de la República que nos permita hablar, que nos permita denunciar, que nos permita decir los profundos dolores sin que por ello nos maten. No vamos a estar de acuerdo en todo, muy seguramente”.
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Se refirió también a la minería ilegal que tantos problemas de inseguridad ha llevado a subregiones como el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia. “En el tema de la actividad extractiva estamos seguros que está directamente relacionada con el crimen organizado. Hay dos fuentes de violencia que nosotros las vemos con absoluta claridad: una es el hambre y la otra los negocios, las fuentes de negocios. Por eso es que el mapa del país coincide con esos negocios que son el oro, el coltán y otra clase de metales y es ahí donde llega el crimen organizado a obtener rentas, grandes rentas. Tenemos una gran mina en este departamento que es la mina Buriticá, la más grande de Colombia; otra en el Nordeste que es El Silencio. Los dineros de las regalías tienen que llegar a estos pueblos, a la comunidad. Antioquia tiene una responsabilidad mayor, tenemos que cohesionarnos, asumir esa responsabilidad y transformar el país desde lo que nos corresponde”, resaltó.
Y es que lo que se lleva la minería ilegal está alrededor de entre el 50 % y el 80 % de la actividad extractiva en Colombia, según la Contraloría. Significa que de toda la actividad extractiva que se realiza en el país, cerca del 80 % no es legal, no paga impuestos, no paga regalías y lo que es peor, los grupos ilegales se quedan con esa ganancia. En 2019 el sector minero aportó una cifra cercana a los $2.5 billones, es decir, que si se legalizara ese 80 %, el aporte sería de unos 10 billones de pesos más.
La candidata al Senado lamentó que en Colombia sea tal la intolerancia que matan por decir “no, no estamos de acuerdo, por intentar oponernos, por decir unas propuestas distintas. Y por decir que la economía familiar, la economía campesina, la economía agrícola es esa que ha sostenido a Colombia y que es la gran industria la que ha acabado con el país”.
Zuleta resaltó que no todo ha sido conflicto armado en el país, sino principalmente ha sido violencia socio-política. “Esta ciudad tiene la nostalgia de ser, el sueño de volver a ser una ciudad industrializada. Medellín hace mucho tiempo dejó de ser industrializado y toda esa nostalgia nos la cargan también con el crimen organizado”.
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Uno de los puntos que más llamó la atención de los asistentes a la reunión fue su planteamiento sobre el crimen organizado y su infame monopolio en la venta de productos de la canasta familiar. “¿Por qué no sacar el crimen organizado de los huevos, de las pipetas de gas? Los que sufren no son los grandes capos, no. Las que sufren son las mamás, que después no tienen cómo cocinar ese huevo en una casa humilde. De ahí se tiene que salir el crimen organizado y tenemos que hacer una apuesta por eso, no puede ser que en este departamento los huevos estén controlados por el crimen organizado. En el campo no tenemos ese mismo problema porque tenemos las gallinas ahí al lado. Aquí sí hay ese problema que se constituye en control territorial a través de la comida. Y sí, va a escasear la comida, y va a escasear para los jóvenes, no solo para los viejos. Los jóvenes tenemos derecho a la tierra. Y ahí sí me incluyo, porque aunque no estoy tan joven, siempre he soñado con tener tierra, tengo derecho a tener tierra, mi familia tiene derecho a tener tierra, cada uno de ustedes tiene derecho a tener tierra y a garantizar su soberanía alimentaria, y tener esa gallina y esos huevos y que el crimen no les condicione si comen o no comen”, destacó.
Zuleta manifestó que uno de sus anhelos es ver que los jóvenes urbanos vuelvan a soñar con tierra. Dijo que esta ciudad es 70 % rural, pero se cree urbana por el hecho de la concentración poblacional en un espacio reducido. “Se nos ha olvidado que aquí hay un territorio rural y que hay jóvenes rurales que también quieren tener tierra, que son capaces de salir a producir su comida y que además tienen ganas, pero que no se les ha permitido y que además tienen miedo y tienen por qué tenerlo porque sabemos lo que les pasa a los jóvenes cuando se atreven a denunciar”, formuló.
Ante la pregunta ¿qué hacer para que los jóvenes salgan a votar?, Zuleta respondió: “Cuando empezamos un proceso organizativo hace más de trece años donde la gente decía: ‘no nos podemos organizar porque nos van a matar’. El Movimiento Ríos Vivos es una de esas cosas imposibles en un territorio imposible donde nos dijeron que era imposible organizarse. Pues los jóvenes van a salir, yo tengo absoluta confianza. Y si no es ahora, va a ser después, como decía Iván Cepeda. Yo tengo absoluta confianza porque los he escuchado a ustedes agotados, cansados. Todos estamos cansados y decimos no más. Quizás nos falta organización, tal vez nos falte experiencia, pero yo noto ese punto de inflexión y de quiebre donde los jóvenes están diciendo no más”.
Confesó que es doloroso para ella cuando escucha a los jóvenes en la ruralidad en Ituango decir: “Preferimos no soñar con la universidad porque sabemos que eso para nosotros no es”. Sostuvo que así es todavía hoy y eso le arruga el corazón. “Nos duele. Por supuesto que nos duele. Yo estudié en la universidad y eso porque fui desplazada, pero mi sueño era casarme con el que más tierras tuviera, porque así soñamos los niños en el campo y las niñas. Bueno, me casé con un médico que no tiene nada de tierras, pero persiste el sueño de llevar esperanza al campo. Nosotros tenemos la obligación de llevar la esperanza y el principio del Movimiento Ríos Vivos fue permanecer en el territorio”.
Aseguró que luchará por cambiar la realidad de los campesinos. “No queremos que el factor de migración sea la salud de los adultos mayores porque no hay en el campo, que el factor de migración sea la educación para los jóvenes, y que el factor para todos, chiquitos, medianos, grandes sea la violencia. Tenemos que parar esos factores de migración y acoger a los migrantes venezolanos, con todo el amor, no está bien esa segregación, no está bien esa discriminación. Hemos sido desarraigados y nos duele, porque nos han tenido que recibir en otro territorio, la manera como se maltrata a los migrantes, la manera como se les juzga de los peores crímenes, y no estoy diciendo que no están en las bandas, porque sabemos que así es, no estoy diciendo que no estén haciendo parte de grupos armados, no lo estoy diciendo porque sabemos que así es, pero no bajo su condición de migrantes, el problema no es que porque es migrante hace parte de una banda criminal, no. Es porque no sabemos acogerlos. Yo agradezco una ciudad que me acogió después del desplazamiento y agradezco a Venezuela, a todas las personas que acogió desplazadas de este país”, significó.
Declaró que le duele mucho la discriminación que se ve en Antioquia frente a los migrantes. “Tenemos que tener una política de amor y de recogerlos para que estén aquí mientras mejoran las condiciones en su país. Duele mucho la discriminación que se ve en Antioquia, duele mucho la manera en que se les maltrata, pero también le da a uno esperanza los sitios en los que se les está dando comida, de manera autónoma, porque no me voy al Estado y pide un montón de plata para eso. He visto a la Pastoral Social en Palmira, Valle, con sitios de comida, atendiendo a los niños, a los adultos, atendiendo a los migrantes y eso le da a uno esperanza. Pero ese no tendría que ser el papel de la iglesia, es el papel del Estado, que sabe de su responsabilidad”.
En el tema de la defensa de la Juventud dijo que tienen que ser los mismos jóvenes quienes tomen la vocería. “Hay algunos que nos sentimos más llamados a decir algunas cosas porque desde jóvenes hemos estado en esta lucha social. Pero definitivamente tiene que ser en su voz. Porque esa voz a través de otros se distorsiona. Esa voz así la queramos acoger nuestro papel es acompañarla. No es un asunto de adorno, no es solo decir vengan los jóvenes. Y lo hemos dicho, soy la candidata más joven al Senado, soy la más joven siendo no tan joven y me acusan de que no tengo experiencia y que no tengo un montón de cosas. Nos llamaron a participar y luego nos dicen que no tenemos un montón de cosas. Pero hay que correr ese riesgo y felicito a todos los compañeros y compañeras que toman ese riesgo hoy, porque meterse en esto no es fácil y menos en el departamento de Antioquia. Esa voz es sumamente importante”.
Insistió en que la voz de todos los jóvenes es absolutamente necesaria. “Es una voz que no es reemplazable, no se puede hacer por otros, y por eso la importancia de estas candidaturas y ayudar a que esa candidatura y esa agenda sea la de ustedes. El programa de lo juvenil en el Pacto Histórico tiene que ser construido por los jóvenes, eso no tiene reemplazo, no puede ser por otro y no pueden pedir permiso a los adultos. Y se los decía de manera amorosa en otro espacio, cuando ustedes decían: “no, es que cuando nos van a dejar”. No, es que ustedes los jóvenes no pueden pedir permiso. Si nosotros hubiéramos pedido permiso para bloquear Hidroituango no nos lo hubieran dado. Entonces ustedes tienen que arrojarse y tomarse ese papel que le corresponde de lo programático en el Pacto Histórico dentro de lo juvenil. Es a ustedes los jóvenes a quienes corresponde hacerlo en lo territorial y en lo nacional. Y nuestro compromiso es asumir la defensa de esa agenda de lo que ustedes nos digan, no de lo que se nos ocurra desde nuestro autocentrismo qué es lo que necesitan los jóvenes, no, son los jóvenes quienes deben decirnos a nosotros qué es lo que necesitan”.
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En cuanto al derecho a la información, insistió en que esa es también es una forma de protección. “Si hay algo que nos duele a nosotros en el Movimiento es saber que se prohibió que se mencionara el nombre de Ríos Vivos. Nosotros sabemos qué es el bloqueo en materia comunicativa. Y lo hizo Sergio Fajardo en su gobernación, porque el nombrar hace el existir. Por eso es tan importante que se nombre al campesinado invisibilizado hoy en el Estado colombiano. En la Constitución nuestra no existe el campesino. La existencia nuestra en nombrar a un movimiento social parado en la calle mientras un gobernante decía no lo nombren. El derecho a la información lo que hace es proteger también. Nosotros tuvimos que ir a lo internacional para que se hablara de la existencia de Ríos Vivos. Porque si algo no existe, no hay obligación de protegerlo”.
Agregó que el Estado tiene la obligación de protegernos, de garantizar nuestros derechos y no lo hace si no existimos. “Bueno, si existimos tampoco lo hace, pero diremos que es menos. El derecho a la información pasa por visibilizar las causas sociales y pasa por visibilizar las problemáticas y a los sujetos que estamos en esa problemática. Nosotros sí tenemos la firme intención para los medios de comunicación alternativos, que Antioquia recupere una pérdida invaluable como lo son las emisoras comunitarias. Antioquia es el único departamento que en este país no tiene emisoras comunitarias. Que la tiene la iglesia católica, que tienen los municipios. Si vamos al departamento del Cauca, ellos tienen sus emisoras comunitarias para transmitir los mensajes que quieran, en su propia lengua, pero nosotros en Antioquia no tenemos eso. Lo perdimos y tenemos que recuperarlo, recuperar la potencia de esas voces alternativas, que debería hacer Teleantioquia”, declaró.
Para finalizar, pidió que el canal regional de televisión no sea para hacerle fama al gobernador de turno. Y que tampoco lo haga el canal de la ciudad, Telemedellín, pues ambos deberían ser de la ciudadanía, porque es con recursos públicos que se sostienen. “Sí que nos falta para eso, pero el canal público, la televisión, la emisora, los distintos medios de comunicación pública tendrían que ser para el ejercicio de lo público”, puntualizó.
