Valle del Cauca, Colombia, 26 enero de 2025.- Un veterinario identificado como Gustavo M. R., fue judicializado por una fiscal del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Seccional Valle del Cauca, acusado de causar sufrimiento y la muerte de un perro llamado ‘Yogui’ mediante descargas eléctricas, en lugar de realizar un procedimiento de eutanasia adecuado.
Detalles del caso
El incidente ocurrió el pasado 9 de septiembre de 2024 en una vivienda del barrio Diablos Rojos, en Tuluá (Valle del Cauca). Según las investigaciones, el perro ‘Yogui’ fue llevado al establecimiento de Muñoz Ramírez para ser sometido a eutanasia. El procedimiento debió consistir en el suministro de cuatro pastillas, pero en su lugar, el veterinario habría utilizado un cable para aplicar descargas eléctricas al animal, causándole un sufrimiento extremo y llevándolo a la muerte.
La fiscalía imputó a Muñoz Ramírez el delito de maltrato animal. Sin embargo, el señalado no aceptó los cargos en su contra.
Reacciones y marco legal
Este caso ha generado indignación en la comunidad local y entre defensores de los derechos de los animales, quienes exigen justicia por el sufrimiento innecesario causado a ‘Yogui’. El delito de maltrato animal en Colombia está contemplado en la Ley 1774 de 2016, que establece sanciones penales y administrativas para quienes causen daño físico o psicológico a los animales.
La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso con la protección de los animales y enfatizó la importancia de denunciar cualquier caso de maltrato a través de las líneas de atención establecidas.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.