Marta Lucía Ramírez, fórmula vicepresidencial de Iván Duque, negó que ella y su esposo Álvaro Rincón Muñoz tengan vínculos actuales con la empresa Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, investigada por lavado de activos a través de las empresas Global Security Advisors y Global Strategic Investments. La justicia de los Estados Unidos pide capturar a dos importantes empresarios involucrados en las actividades ilícitas.

La futura vicepresidenta colombiana afirmó que asesoró a la firma Global en el año 2006 a su llegada al país, pero que dio por concluido todo nexo con esa empresa alrededor del año 2012 y que los ilícitos se cometieron de 2014 en adelante.

El hecho se hizo público esta semana que concluye con la captura del alemán Matthias Krull y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri por orden de la justicia estadounidense.

Tanto Security Advisors como Strategic Investments son empresas de Hernández Fieri, investigado por el lavado de 1.200 millones de dólares en EE. UU., robados a Pdvsa.

Sumado a esto, Ángela María Orozco, recientemente designada por el presidente electo Iván Duque como nueva ministra de Transporte, y Marta Lucía Ramírez tuvieron participación accionaria en Global Security, en la que también el esposo de la vicepresidenta, Álvaro Rincón, figuraba como socio.

El entramado judicial se teje en Estados Unidos, país en el que investigan al alemán Krull y al colombiano Hernández Frieri, quienes habrían conspirado para cometer “lavado de dinero”.

El Departamento de Justicia de EE. UU. señala que la conspiración inició en diciembre de 2014 con un plan para desfalcar unos 600 millones de dólares de Pdvsa obtenidos mediante sobornos y fraude, pero en mayo de 2015 la suma ascendió a 1.200 millones de dólares.

En el lío judicial también están involucrados cuatro venezolanos, un portugués y un uruguayo, cómplices que utilizaban propiedades en Miami y realizaban otros movimientos económicos y bursátiles para lograr sus objetivos.

En el caso, investigado por Estados Unidos, Reino Unido, España e Italia, también están implicadas entidades financieras, compañías inmobiliarias, bancos, casas de bolsa, empleados de Pdvsa y personajes de la élite venezolana, incluido su presidente, Nicolás Maduro, y sus tres hijastros.

A Maduro, de 55 años, no lo mencionan en la demanda, pero se hace referencia a él como el “oficial venezolano 2”. En el año 2016, Suiza se incautó de 118 millones de dólares en activos pertenecientes a un empresario venezolano que reconoció haber entregado sobornos a funcionarios de Pdvsa. El escándalo apenas comienza a ventilarse.