Víctimas con discapacidad se rehabilitan con inclusión social

FECHA:

Después de cinco años de implementación, el proyecto piloto para la inclusión social de las víctimas del conflicto con discapacidad tiene como resultado a sobrevivientes empoderados como líderes para replicar sus derechos, rutas de atención mejoradas y proyectos productivos y rehabilitación sicosocial como parte de su reparación.

El acto de cierre del proyecto implementado en cinco municipios en Antioquia y Santander se realizó en Medellín y fue presidido por el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, quien resaltó el apoyo de la agencia de cooperación internacional de Japón (JICA) para «lograr el fortalecimiento de capacidades y la articulación del Gobierno, con sus ministerios y los entes territoriales, para la inclusión social de esta población con más condiciones de igualdad”.

El director general indicó que “estas experiencias deben ser replicadas en los demás municipios para la atención de las víctimas con discapacidad”, cuya población asciende a 340 mil personas en Colombia.

Granada y Marinilla fueron los municipios antioqueños donde la población con discapacidad, entre ellos víctimas del conflicto como Yesica Noreña, tienen ahora mejorar condiciones de vida.

“Desde que la Unidad para las Víctimas y los japoneses empezaron a fomentar actividades académicas y productivas se beneficiaron a muchas personas que antes estaban segregadas, y que ahora con el programa Somos Rurales tienen empleos en las veredas con cultivos de mora y otros proyectos agrícolas”, relata esta joven invidente, quien a su vez sufrió el desplazamiento forzado con su familia en Granada.

Yesica cuenta que “a mí me benefició porque pase por una depresión profunda y me transformó por las oportunidades y la atención que nos brindaron”. En su municipio, donde viven 515 personas con discapacidad, ella asiste al Centro Senderos de Esperanza que se construyó con la cooperación del Gobierno japonés, que brinda atención psicosocial, educación física, formación en artes y oficios a esta población, incluidas las víctimas de minas antipersonal.

Reparación con enfoque diferencial

Con este proyecto también se cumple con los enfoques diferenciales que reconoce la Ley de Víctimas. Así lo destacó Naoki Kamijo, representante de JICA Colombia: “la Ley de Victimas implica para Colombia una gran apuesta, la cual quiere acompañar el Gobierno de Japón para fortalecer la capacidad técnica de sus instituciones que se encuentran en este proceso de reparación garantizando el enfoque diferencial de las victimas con discapacidad”.

Como resultado del proyecto implementado también en Lebrija, Carmen de Chucurí y Puerto Wilches (Santander), se realizaron 57 capacitaciones con 747 participantes, mientras que 90 personas, entre ellos 46 víctimas de artefactos explosivos, se formaron como líderes en la Escuela de Liderazgo y de Consejería Entre Pares para incidir en la política pública sobre discapacidad en sus regiones.

Una de las víctimas empoderadas es Liney Contreras, a quien la escuela para líderes “fortaleció para ser agentes de cambio y transformación en nuestros territorios para que sean más incluyentes, con más oportunidades y sin discriminación”.

También se benefició de la atención sicosocial  para “sanarme” y no sentirse “muerta en vida”, como le ocurrió tras sufrir la mutilación de su brazo derecho por la explosión de una bomba atribuida al Cartel de Medellín en 1991.

Además, en el componente de educación, 332 docentes fueron capacitados en educación inclusiva y 384 familias tienen generación de ingresos en los proyectos productivos del programa Somos Rurales del Ministerio del Trabajo, entre ellas 189 víctimas con discapacidad.

Gracias al proyecto, se incorporaron rutas de atención con enfoque diferencial para la atención en salud, educación y productividad por parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como los ministerios de Salud, Educación y Trabajo, los cuales intervinieron en la implementación junto a entidades territoriales y la Dirección de Acción Integral contra Minas.

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