Bogotá, 14 mar – Las víctimas del caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) lo acusaron este viernes de haber llamado como testigo en el juicio a Ramiro de Jesús Henao, quien, según denuncian, es un paramilitar activo y miembro del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la principal estructura armada ilegal del país.
«Hoy le hemos comunicado a la Jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá acerca de hechos relacionados con actividades delictivas que presuntamente estaría perpetrando actualmente Ramiro de Jesús Henao, alias ‘Simón’ o alias ‘Fantasma’, testigo de la defensa del acusado Uribe», expresaron las víctimas en un comunicado.
Uribe es procesado por los supuestos delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
Líder de un grupo del Clan del Golfo
Las víctimas, encabezadas por el senador de izquierda Iván Cepeda, citaron un reportaje publicado el año pasado por el medio estatal Señal Investigativa y la Revista Raya. La investigación reveló la creación de un nuevo grupo del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), erróneamente llamado Clan del Golfo, conocido como Frente Carlos Mauricio García, que, al parecer, es liderado por Henao.
El pasado 2 de marzo, el senador Cepeda fue informado de que alias ‘Fantasma’ «estaría en libertad condicional desde 2023 y, en los últimos meses, habría incrementado su actividad delictiva».
«Henao Aguilar habría regresado a la región del Oriente Antioqueño, en donde al parecer actúa como primer cabecilla del Bloque Oriental Frente Carlos Mauricio García Fernández», recalcaron las víctimas, que recordaron que ‘Fantasma’ ha sido testigo de Uribe desde 2014.
Proceso largo
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
El juicio comenzó este año luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.
El expresidente renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia en los que fue presentada como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que el año pasado la Fiscalía decidió acusarlo.
Con información de EFE