San Salvador, 9 de junio de 2022.- Víctimas de la guerra civil de El Salvador entregaron este jueves en Casa Presidencial una carta dirigida al presidente Nayib Bukele en la que, entre otras cosas, solicitaron al mandatario que «cesen las violaciones a derechos humanos» ocasionadas por el régimen de excepción, implementado en el país para combatir a las pandillas.
Más de dos meses suma ya El Salvador bajo este régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa por 30 días tras una la escalada de asesinatos registrada a finales de marzo y atribuida a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13), y ampliado dos veces.
«Exigimos al Estado y al Gobierno cesar las violaciones a los derechos humanos que se están ocasionando con la aplicación del actual régimen de excepción», indica el documento que fue compartido a la prensa.
Las víctimas señalan en la carta que «las actuaciones que está teniendo actualmente la Policía y el Ejército recuerda a las víctimas del conflicto armado momentos de angustia, ansiedad, estrés y provoca revictimización».
Por lo anterior, también exigieron que «se aprueben garantías de no repetición para que, en el presente y en el futuro, se superen los mecanismos institucionales que provocan graves vulneraciones a derechos humanos y conseguir por fin una sociedad justa, segura y democrática».
«Reiteramos que el Estado tiene la obligación de garantizar fielmente los derechos humanos de todas las personas y que el régimen de excepción impuesto a partir del 27 de marzo y prorrogado recientemente, solo exacerba el ambiente de incertidumbre, de violaciones institucionalizadas a los derechos humanos y aumenta los casos de abusos policial y militar», añade.
Dicha carta es iniciativa de 30 organizaciones sociales que integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (Mecies), la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, todas entidades no gubernamentales.
La implementación del régimen de excepción en el país centroamericano ha levantado las alarmas de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras por la posible violación a derechos humanos que esto constituye.
Amnistía Internacional (AI), por ejemplo, ve con preocupación que el régimen de excepción se vuelva la «norma» y que «termine por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho» en el país centroamericano, según dijo en una entrevista reciente con Efe su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas.
EFE
