Para los representantes de las 405.000 víctimas del conflicto que habitan en Medellín y de otras 65.000 en Bello, los retos de su misión son claros: incidir en las políticas públicas para su inclusión social, lograr la prórroga de la Ley de Víctimas y velar por sus derechos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Son 24 los delegados elegidos mediante votación para integrar la nueva Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de la capital antioqueña y 25 en el municipio del Aburrá Norte, quienes durante los próximos dos años representarán a la población victimizada por delitos contra la vida y la libertad (homicidios, secuestro, desaparición forzada), desplazamiento forzado, tortura, atentados terroristas, violencia sexual, minas antipersonal, tortura, amenazas, vinculación de niños y adolescentes a grupos armados ilegales.

Varios de ellos son líderes empoderados y, a su vez, sobrevivientes de la violencia como Yolanda Perea. Ella es víctima de violencia sexual de integrantes de las Farc en Riosucio (Chocó) ya también sufrió el desplazamiento forzado y el asesinato de su madre por la misma guerrilla.

Afirma que “esta nueva mesa debe participar en la construcción de la política pública de víctimas y para que se amplíe la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años más, que tenga presupuesto y también aportar a la implementación de los acuerdos de paz con las herramientas que tenemos para el restablecimiento de derechos”.

Por su parte, Luz Elena Galeano, líder de la asociación Mujeres Caminando por la Verdad, y representante elegida por el hecho victimizante de la desaparición forzada, señaló que “estamos en un momento coyuntural en el país y debemos incidir en el Plan de Desarrollo y trabajar articulados con el sistema el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”.

El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, destacó que estos delegados “tienen un papel protagónico con la incidencia política en la atención a las víctimas ante las entidades locales, regionales y nacionales y, sobre todo, en cada uno de los hechos victimizantes y por eso esperamos que sean las personas más idóneas y con compromiso con las víctimas y sus derechos”.

Medellín y Bello son los dos municipios receptores de mayor cantidad de personas afectadas por el conflicto armado en Antioquia. Hasta ahora, ya fueron elegidas las nuevas mesas de víctimas en unos 80 municipios antioqueños y en octubre se elegirá la mesa departamental.