Francisco de Orellana (Ecuador), 31 agosto.– De un color chocolatoso y las márgenes desplomadas, el río Coca era este lunes reflejo de un episodio que para numerosas poblaciones indígenas ha supuesto un antes y un después en su forma de vida y sustento.
Ocurría el pasado 7 de abril cuando a unos 80 kilómetros río arriba, cerca de las faldas del volcán Reventador, tres conductos de dos oleoductos que van desde la Amazonía, en el oriente, hasta la costa ecuatoriana, se rompieron debido a un desplome de tierra en una región altamente sísmica y erosionada.
El crudo tardó poco tiempo en ser arrastrado río abajo en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, hasta alcanzar el Napo, donde corrió igual suerte.
NI AGUA NI PESCA
«Estábamos arreglando la canoa cuando vimos el crudo y lo cogimos. Había un montón en ese remanso, vino a quedarse entre nosotros», apunta a Efe Camilo Padilla, 63 años, y vecino de la comuna Amarumesa, ubicada en uno de los márgenes del río.
Lo hace junto a un barreño lleno de petróleo, que hoy, casi cinco meses después, se asemeja a una pegajosa brea difícil de mover, pese a los intentos de los lugareños por revolverlo con un palo.
La población se ubica poco después de que el río Coca, uno de los principales afluentes del Napo, fusione sus aguas, provocando algo de oleaje y remolinos, apenas a unos 3 kilómetros de la capital de la provincia de Orellana, conocida coloquialmente como El Coca, nombre más apreciado en lugar que el del desaparecido conquistador español.
Padre de diez hijos, Padilla se lamenta que desde el derrame la pesca es escasa, no pueden bañarse en el río, so pena de contraer una comezón, como le ocurrió a un hermano y se ven obligados a recoger agua de lluvia.
«Ahorita no podemos pescar, el pescado tiene olor a petróleo, ni lavar la ropa, ni bañarnos», asegura este hombre.
Uno de sus hijos tienen el consuelo de poder pescar en el río Payamino, otro afluente del Napo, que se ha salvado de la contaminación. Y algunos vecinos que tienen pozos les ofrecen agua cuando se agota el contenedor de lluvia.
Las empresas petroleras les ofrecieron bidones del preciado líquido y paquetes alimentarios los primeros tres meses después del vertido, pero Padilla dice que desde entonces se han olvidado de los afectados.
En la ribera de este río se evidencian derrumbes y desprendimientos, y los pobladores de la comarca, que suelen transitarlo en canoas con fuera borda, hablan de un aumento del caudal del Coca y el Napo en relación a años precedentes, y no necesariamente causado por crecidas en épocas lluviosas, sino por el desplome de una cascada río arriba por el bloqueo de sedimentos que provoca una hidroeléctrica.
Como consecuencia de ello, las vías fluviales se han comido literalmente playas y han carcomido las paredes donde se apilan numerosos troncos caídos, producto, según los vecinos, del derrame.
MARCHA POR LA JUSTICIA
En Orellana, al menos un centenar de personas, en gran parte miembros de las poblaciones afectadas, recorrieron este lunes las principales calles para exigir justicia sobre el que denuncian es el mayor derrame en 15 años.
«Cuando contaminaron el río Coca nos contaminaron también a nosotros», explica a Efe Verónica Grefa, presidenta de la comunidad Toyuca, situada en esa vía fluvial.
Ataviada con un collar de frutos rojos amazónicos, habla de la importancia ancestral del río y refiere que el de abril es el tercer vertido en la zona.
«Esto está ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana y el Gobierno no ha respondido, estamos solos», continúa.
Exige además una remediación urgente del impacto ambiental y social, más allá de medidas cosméticas por parte de las empresas petroleras, una de ellas estatal.
«Hemos recibido migajas y ellos van a justificar que nos han atendido bien», advierte.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas, presente en la manifestación y en un tribunal «ético» posterior sobre las consecuencias del vertido, calcula más de 200 comunidades se ven afectadas.
«Exigimos reparación íntegra y, sobre todo, que se respete y no se amplíe la frontera petrolera, hidroeléctrica, que hacen mucho daño en la Amazonía ecuatoriana», manifiesta.
Junto a ellos, pancartas con la leyenda «Derrames nunca más», «queremos justicia», mientras los participantes coreaban «el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo callado jamás será escuchado».
PENDIENTES DE UNA SENTENCIA
«Más de 27.000 indígenas han estado condenadas a sobrevivir sin agua limpia, alimento seguro y en precarias condiciones de salud», refiere María Espinosa, coordinadora legal de Amazon Frontlines, que integra las organizaciones civiles y religiosas que demandaron a finales de abril una acción de protección.
Responsables del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del poliducto Shushufindi-Quito, aseguraron que cerraron las tuberías tan pronto como supieron de su rotura, y que el combustible derramado es la cantidad remanente desde las válvulas.
La demanda interpuesta por los afectados concierne a OCP y Petroecuador, y los Ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud Pública.
La abogada lamenta que el sistema de Justicia «se silenció» durante más de 100 días en emitir una sentencia sobre la causa, cuya lectura se espera este martes en Orellana.
Daniela Brik
EFE
