Bogotá, 28 ene – Las víctimas del proceso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), acusado de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, pidieron este martes al Tribunal Superior de Bogotá responder una apelación de la defensa del exmandatario para evitar que este caso prescriba.
Las víctimas, lideradas por el senador de izquierdas Iván Cepeda, señalaron en un comunicado que han pasado dos meses desde que el tribunal recibió el expediente en el que la defensa de Uribe apeló las pruebas presentadas en el proceso durante las audiencias preparatorias del juicio.
«Dos meses después de haber sido enviado el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, este no ha decidido acerca del recurso pendiente de definición y, por tanto, las audiencias del juicio oral programadas para los días 23 y 24 de enero (…) no pudieron llevarse a cabo», expresaron las víctimas, entre las que también figuran los exfiscales generales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.
Agregaron que «igual suerte correrán las (audiencias) previstas para los días 30 y 31 de este mes» si el Tribunal Superior de Bogotá no toma una decisión.
Por esa razón enviaron una comunicación a la Sala Penal del Tribunal pidiendo que resuelva lo más pronto posible la apelación para que «el Juzgado de Conocimiento pueda dar inicio al juicio contra el acusado, lo más pronto posible, y así evitar la prescripción de la acción penal de las conductas punibles objeto de acusación».
El caso comenzó en 2012
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe, que en la época era senador, demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, que están presos en las cárceles de Palmira y La Picota, respectivamente.
Monsalve, un exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.
El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que este año la Fiscalía decidió acusar al exmandatario, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
EFE