Bogotá, 18 sep – Un grupo de familiares de personas asesinadas por militares en el departamento colombiano del Casanare (este) reclamaron este lunes conocer el nombre del que dio la orden para matar a 303 campesinos y colonos y hacerlos pasar por guerrilleros en hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008, conocidos en Colombia como «falsos positivos».
Una de las que más alzó la voz fue Derly Patiño, la esposa de un campesino asesinado por los militares que fue presentado como guerrillero dado de baja en combate.
«¿Quién les dio la orden?», preguntó Patiño al mayor general (r) Henry Torres Escalante, a otros 13 oficiales, siete suboficiales, un funcionario de la Policía secreta y dos terceros civiles en una audiencia de reconocimiento de ejecuciones de civiles por parte de militares organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal, capital del Casanare.
En esa diligencia 21 militares, que hicieron parte de la Brigada XVI del Ejército en Casanare, reconocieron frente a la justicia, la comunidad internacional y delante de los familiares de las víctimas su participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate conocidos como «falsos positivos»; asesinatos cometidos por militares a cambio de ascensos, vacaciones y otras prebendas por «resultados» en la lucha contra la guerrilla.
POR LA VERDAD
Patiño, que estaba descalza y con pantalones vaqueros, se fue quitando varias camisetas blancas en las que estaban la foto de su esposo asesinado y otras de más víctimas.
«Nuestras vidas quedaron rotas, preguntándonos por qué mataron a nuestros familiares», dijo con voz quebrada a los militares a los que la Sala de Reconocimiento de la JEP les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.
Y a algunos los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
Por su lado, el sargento segundo retirado del Ejército, Faiber Alberto Amaya Ruiz, aceptó su responsabilidad por los asesinatos cometidos en Casanare.
«Yo, Faiber Alberto Amaya Ruiz, hoy, con vergüenza, dolor y tristeza, vengo ante ustedes a reconocer mi responsabilidad en la participación de los delitos de junio de 2005 a abril del 2007, como coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», dijo.
El exmilitar admitió que tuvo varios roles criminales, entre ellos hacer acusaciones falsas contra campesinos asesinados, con lo que «en lugar de ser investigado y sancionado, fui premiado con un curso en Estados Unidos por tres meses».
Mientras tanto, el teniente retirado Fabián García Céspedes, dijo ante la JEP que cuando estuvo recluido en el fuerte Tolemaida del Ejército recibió 45 millones de pesos (unos 11.500 dólares de hoy) para no involucrar al mayor general Torres en el asesinato de dos campesinos.
«Cuando estaba recluido en Tolemaida yo recibí dinero del señor general Torres Escalante, 45 millones de pesos, hubo un intermediario, y era con el fin de cambiar unas versiones», aseguró.
De los 26 imputados por los crímenes cometidos en Casanare, dos oficiales no aceptaron responsabilidad y serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en Colombia entre 2002 y 2008, situando la mayoría de casos durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).EFE.
