Medellín, Colombia, 4 enero de 2025.- Nathalia Carolina Vargas Salcedo, ciudadana venezolana, fue asegurada en centro carcelario tras ser señalada como presunta implicada en el homicidio y hurto del ciudadano ecuatoriano Javier Alejandro Vásquez Chacón, ocurrido el pasado 22 de diciembre de 2024 en Medellín. Según la Fiscalía General de la Nación, la víctima fue asfixiada mecánicamente después de ser dejada en estado de indefensión mediante el suministro de una sustancia, y sus tarjetas bancarias fueron usadas para realizar transacciones y compras que superaron los 12 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, Vargas Salcedo contactó al ciudadano ecuatoriano a través de una aplicación y pactó un encuentro en un bar ubicado en la Avenida Las Palmas. Cámaras de seguridad registraron que la acusada llegó acompañada de otra persona y estuvo con la víctima hasta la madrugada. Ambos salieron del lugar en un vehículo hacia un hotel. Allí, Vásquez Chacón ya se encontraba inconsciente al parecer por efecto de una sustancia suministrada, lo que facilitó el robo. Horas después, el cuerpo de la víctima fue hallado en la habitación con signos de estrangulamiento.

La Fiscalía presentó ante el juez de control de garantías pruebas que incluyen registros de cámaras de seguridad y transacciones realizadas con las tarjetas sustraídas. La imputación incluyó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, cargos que Vargas Salcedo no aceptó.

Este caso resalta la preocupación por la seguridad en encuentros mediados por aplicaciones y el uso de sustancias para cometer delitos, lo que sigue siendo objeto de investigación y atención por parte de las autoridades.

A.U.

La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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