Antioquia, Colombia, 7 agosto de 2025.- La violencia contra líderes sociales sigue marcando la historia reciente de Antioquia. El más reciente informe de la Fundación Sumapaz, titulado El Arte de Contar Muertos y la Cuenta Triste de Líderes y Lideresas Sociales Asesinados en la Antioquia Profunda, Urbana y Rural, expone con cifras, testimonios y análisis un panorama alarmante: 97 agresiones contra defensores de derechos humanos en las nueve subregiones del departamento durante el primer semestre de 2025.
Según el documento, estas agresiones incluyen 27 amenazas, 9 homicidios, 9 desplazamientos forzados, 7 desapariciones y 7 secuestros. El Valle de Aburrá lidera la lista con 51 casos, seguido por el Suroeste (17) y el Nordeste (11).
“La violencia contra los líderes sociales en Antioquia no solo amenaza a individuos, sino que socava la democracia participativa y perpetúa ciclos de miedo”, señala el informe.
El rostro humano de la tragedia: Jaime “Mongo” Gallego
El informe está dedicado a la memoria de Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como Mongo, minero, líder cultural y defensor de derechos humanos, sobreviviente de la masacre de Segovia en 1988. El 3 de marzo de 2025 fue secuestrado en Vegachí y, seis días después, hallado asesinado.
Gallego defendía la minería artesanal frente a las multinacionales y preservaba la memoria cultural organizando el Carnaval de la Gigantona. Su muerte representa el riesgo latente que enfrentan quienes lideran procesos sociales en territorios dominados por economías ilícitas y grupos armados.
Las cifras detrás del miedo
Los datos del informe dibujan un mapa de violencia:
- Valle de Aburrá: 51 agresiones, muchas en barrios controlados por extorsiones y desplazamientos invisibles.
- Suroeste: 11 líderes ambientales enfrentan procesos judiciales por oponerse al proyecto minero Quebradona en Jericó.
- Nordeste: minas de oro y cultivos de coca han convertido la zona en campo de batalla entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el ELN y las Disidencias.
El perfil de las víctimas incluye 16 líderes comunales, 13 líderes sociales, 12 defensores de derechos humanos, 11 periodistas, 11 sindicalistas y 11 ambientalistas. La violencia contra mujeres defensoras también crece: 21 de ellas fueron agredidas, muchas enfrentando violencia de género como estrategia de silenciamiento.
Un Estado ausente y la protección precaria de la UNP
Uno de los apartados más críticos del informe denuncia el desmonte sistemático de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En Medellín, de 90 solicitudes de protección, 40 no fueron atendidas, 20 siguen en trámite y 5 sufrieron retiro de medidas, entre ellas casos de la Corporación para la Paz y el Desarrollo (CORPADES) y del defensor histórico Carlos Alberto Arcila Valencia.
La Fundación cuestiona los largos tiempos de análisis de riesgo —que pueden tardar hasta cuatro meses— y la falta de conocimiento territorial de los analistas. También denuncia fallos como vehículos blindados sin mantenimiento, esquemas desarticulados y falta de protección a familiares.
Criminalización de la protesta social
El informe señala como ejemplo grave el caso de 11 defensores de Jericó acusados de secuestro y hurto por oponerse al proyecto minero de AngloGold Ashanti. Para Sumapaz, esto es intimidación jurídica para desalentar la defensa del agua y de la vida.
La impunidad como norma
En 48 de los 97 casos documentados no se identificó al agresor. Además, en 13 casos los ataques fueron atribuidos a funcionarios públicos, lo que alimenta la desconfianza ciudadana y evidencia connivencia institucional con actores armados ilegales.
El costo humano de cada muerte
Cada asesinato o desplazamiento deja comunidades sin voceros, juntas comunales sin liderazgo y procesos colectivos fragmentados. En el Bajo Cauca y el Suroeste, las lideresas enfrentan la doble carga de desafiar tanto a grupos armados como a estructuras patriarcales.
Recomendaciones y llamados
La Fundación Sumapaz propone:
- Incorporar enfoques de género, etnia y territorio en las medidas de protección.
- Reducir a 30 días el plazo de análisis de riesgo.
- Incluir a las comunidades en el diseño de los planes de protección.
- Priorizar las investigaciones de la Fiscalía para romper la impunidad.
- Cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Memoria y resistencia
Inspirado en textos de Yolanda Ruiz y Tatiana Duplat, el título del informe recuerda que contar muertos no puede normalizarse. En un Antioquia marcado por el asesinato de líderes, la vida y la muerte de Mongo Gallego simbolizan la resistencia de quienes, pese al riesgo, eligen defender la vida.
A.U.
Informe completo: EL ARTE DE CONTAR MUERTOS Y LA CUENTA TRISTE
DE LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES ASESINADOS EN LA ANTIOQUIA PROFUNDA, URBANA Y RURAL
El Arte de Contar Muertos y La Cuenta Triste de Líderes y Lideresas Sociales Asesinados en La Antioquia Pro… by Análisis Urbano Medellín