Nuuk (Groenlandia), 9 marzo de 2025.- Las adopciones forzosas de niños de familias groenlandesas residentes en Dinamarca han sido una de las cuestiones más polémicas en los últimos tiempos en la relación con Copenhague de este territorio autónomo que celebra elecciones el martes en medio del interés de EE.UU. por adquirirlo.
Según un informe del Centro de Investigación y Análisis del Bienestar (VIVE), la proporción de niños retirados por las autoridades sociales danesas, temporalmente o de forma definitiva, es cinco veces mayor en el caso de familias groenlandesas.
Organizaciones sociales, ayuntamientos, el gobierno autonómico y el Ejecutivo danés han estado involucrados en la controversia mientras las familias llevan meses movilizándose tanto en Dinamarca como en Groenlandia.
En el centro del debate figuran los denominados test de competencia parental (FKU, por sus siglas en danés), que combinan pruebas psicológicas con observaciones y entrevistas y son usados como herramienta principal por las autoridades municipales.
El Instituto de Derechos Humanos danés sugirió ya hace unos meses que dejaran de usarse por su escasa fiabilidad y por no tener en cuenta la cultura y la lengua groenlandesas, y el Gobierno danés abrió en noviembre una investigación, mientras varios ayuntamientos empezaron a dejar de usarlos.
El caso de Keira Kronvold, a quien las autoridades sociales de Thisted (noroeste) le quitaron hace cuatro meses a su hijo poco después del parto, fue el que actuó como detonante de las protestas.
«Cuando el ayuntamiento documentó por qué debían quitarle a los padres a su hijo poco después de nacer, sólo usaron el test. Dijeron que era demasiado groenlandesa y que no podía cuidar de él. No había ningún intérprete presente. Ella habla perfecto inglés. Si se lo hubieran hecho en ese idioma, no habría problema», cuenta a EFE Laila Bertelsen, de la asociación MAPI.
Concentraciones frente al Parlamento y negociaciones políticas
MAPI, que trabaja con familias groenlandesas, ha sido la organizadora de varias protestas delante del Parlamento danés (Folketing), en las que han participado decenas de familias groenlandesas afectadas: la última, la semana pasada, reunió a medio centenar de personas por el centro de la capital danesa.
La situación escaló hasta el punto de que el presidente autonómico groenlandés, Múte B. Egede, viajó hace semanas a Copenhague para reunirse con la ministra de Asuntos Sociales danesa, Sophie Hæstorp Andersen, y esta anunció más tarde la eliminación de los FKU y un nuevo sistema que incluirá una comisión de expertos en cultura y lengua groenlandesas para asistir a los ayuntamientos.
Andersen habló de que unos 460 casos podían beneficiarse, pero el acuerdo no ha satisfecho a los críticos del proyecto de ley, que se encuentra en fase de exposición pública y que el Gobierno quiere que entre en vigor el 1 de mayo.
El Instituto de Derechos Humanos ha advertido por ejemplo contra que sean las autoridades municipales las que determinen la vinculación de una persona con Groenlandia, mientras MAPI denuncia que no vayan a ser examinados los casos ya cerrados o las adopciones forzosas permanentes.
Bertelsen resalta que el Ministerio de Asuntos Sociales ha reconocido finalmente que la condición de pueblo originario de los groenlandeses les concede derechos especiales como minoría y defiende que se recurra a otras familias groenlandesas como adoptivas en caso de que sea necesario.
«Según el FKU, tengo un retraso de segundo grado, es decir, necesito una persona de apoyo y no podría leer mis cartas ni criar a mis niños, aunque de hecho tuviéramos una buena vida como familia», explica a EFE Johanna, una mujer a quienes los servicios sociales le han retirado a cuatro hijos en los últimos quince años y que porta una pancarta con sus fotos.
Johanna, que llegó a Dinamarca de adulta, habla danés con fluidez, pero admite que necesita ayuda para manejarse con la «lengua del sistema», al igual que con los test, y denuncia la arbitrariedad de las autoridades municipales.
Bertelsen habla de un «racismo estructural» contra los groenlandeses y de que hay muchos más casos que no se han contabilizado.
De su crítica tampoco se libran las propias autoridades autonómicas groenlandesas: hace seis años, empezaron a usar el modelo danés con los polémicos test y, desde entonces, el número de casos con niños retirados a sus familias ha subido un 33 % en esta isla ártica.
Anxo Lamela
EFE