Juan Frío (Colombia), 21 abril de 2023.- En Juan Frío, un caserío colombiano de la línea de frontera con Venezuela, la gente todavía se estremece cuando habla de los «hornos crematorios» usados por los paramilitares como mecanismo de desaparición forzada, un horror que el Gobierno quiere rescatar del olvido para que no se repita.
En este pueblo que hace parte del municipio de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, donde sus habitantes aseguran que la tierra es bendita para cosechar plátano y yuca, la tranquilidad se rompió en 1999 con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que convirtieron a Juan Frío en centro de operaciones contra la guerrilla.
La matanza de 6 personas, el 24 de septiembre de 2000, fue un marco de la violencia paramilitar y por esa época sus tierras fértiles se llenaron de cadáveres, en su mayoría traídos de Villa del Rosario, de Cúcuta -capital departamental- o de la cercana localidad de Los Patios.
«Recuerdo cuando trabajaba en San Antonio (Venezuela) y pasaba por el río Táchira todas las mañanas para llegar más rápido y encontraba cuerpos en las riberas, desmembrados, quemados, partidos a la mitad, a veces todavía vivos, y uno solo tenía que echarlos para un lado y seguir. Algunas veces me detenía y les decía ‘que en paz descanse'», relata a EFE Fidedigna Gómez, quien desde 1999 busca a su padre desaparecido en la zona.
RÉGIMEN DE TERROR
Sin embargo, lo que marcó para siempre a Juan Frío fueron los «hornos crematorios» en los que los paramilitares convirtieron las construcciones de ladrillo usadas originalmente por los campesinos en el proceso de calentar el zumo de caña de azúcar para producir panela.
Se calcula que los paramilitares incineraron en los hornos a unas 500 personas para borrar toda evidencia de los crímenes cometidos por el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las AUC, bajo el mando de Jorge Iván Laverde, alias «El Iguano», quien años después se acogió a la Ley de Justicia y Paz que en 2006 condujo a la desmovilización de ese grupo.
Algunos de esos hornos todavía son visibles en medio de la maleza y quienes pasan por ahí y saben la historia se santiguan, mientras que quienes buscan a familiares desaparecidos lloran al pensar que pueden haber sido incinerados allí.
Todos se consuelan con la esperanza de que algún día se construya en el lugar un jardín o un parque en memoria de los asesinados para no tener que llorarlos desde una carretera polvorienta.
Por eso, y para garantizar el pleno derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, la Cancillería celebrará próximamente en Juan Frío un «acto de responsabilidad extrajudicial», acatando las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad.
DOLOR PERMANENTE
Una de ellas es Rudt Cotamo Coronado, quien llora abrazada a una foto de su hermano Jorge Enrique, desaparecido hace 19 años por paramilitares, mientras que al mayor, Joel Henry, lo asesinó la guerrilla cuando quiso dejar sus filas.
«Jorge hizo parte de las Autodefensas en el año 2000 con la única intención de vengar la muerte de su hermano mayor, Joel Henry, quien había sido reclutado por la guerrilla a sus 13 años (…) y cuando quiso salirse de ese grupo, lo asesinaron con un tiro de gracia» y les hicieron creer que había muerto en un enfrentamiento», dice a EFE.
La mujer, que es líder las víctimas de Juan Frío, explica que entonces Jorge Enrique se metió también a la guerrilla para combatir a los paramilitares que supuestamente habían matado a Joel, «sin saber que su destino iba a ser el mismo, pero en este caso, un desaparecido más, como todos los que hay en Colombia».
«¿Quién me dice que no puedo pedir justicia por él? Mi alma lo clama a gritos, y aquí estoy, buscándolo, buscando una respuesta al porqué de su desaparición. ¿Por qué tengo que ver a mi madre arrodillada todas las noches llorando por no saber dónde encontrarlo?, ¿por qué tengo que ver el sufrimiento de mis sobrinos diciendo por qué no pudieron crecer al lado de su papá y su mamá?», dice Rudt entre lágrimas.
Fidedigna Gómez recuerda que hace unos 40 años, cuando visitaba los trapiches de caña de azúcar con sus compañeras de colegio, caminaba sin miedo por esos terrenos, y después fue testigo del daño causado por la guerrilla y el abandono estatal, «porque hablando las cosas como son, la culpa también es del Gobierno, porque no supo cómo entrarles a ellos y los dejaron agrandar».
Posteriormente «esa gente» (los paramilitares) se apoderó de los hornos de los trapiches, donde «metían cauchos de carros y madera y echaban la gente para desaparecerla», dice.
Gómez recuerda que hace unos años en esa misma zona uno de sus hijos encontró «un pedazo de cuerpo a medio quemar; yo solo le dije, ‘vámonos chino, no sea que nos hagan lo mismo'», dice la mujer, quien asegura que «aún hay muchas fosas comunes que no han destapado» y a muchos otros simplemente «se los llevó el río».
Geraldine García
EFE
