Bogotá, 23 may – El céntrico Parque Nacional de Bogotá lleva cuatro días cerrado al público por un perímetro de vallas metálicas, bajo control del Distrito, ante el retorno de más de 500 indígenas, la mitad de ellos niños, que instalaron sus carpas de plástico en el campo del parque para exigir mejores condiciones de vida.
Según datos de la Alcaldía, del total de indígenas expuestos a la lluvia y al frío de las noches bogotanas, 220 son menores de edad, 14 son mujeres embarazadas, 30 son lactantes y 4 padecen enfermedades crónicas.
«Lo que más nos preocupa son las personas que pernoctan, porque evidentemente este no es un lugar en donde se pueda pernoctar en condiciones adecuadas para las niñas y los niños», dijo a EFE el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.
Estos indígenas de la etnia embera provienen de la UPI La Rioja, una unidad de protección humanitaria al sur de Bogotá, donde muchos han permanecido por cuatro años esperando una reubicación definitiva.
Otros embera ya habían estado en el mismo parque en 2021, cuando unos 800 indígenas se asentaron en protesta por las condiciones de los albergues y solicitando el retorno a sus tierras en los departamentos occidentales del Chocó y Risaralda, fuertemente afectados por el conflicto armado.
En julio de 2024, cientos de ellos pudieron regresar a sus territorios tras una operación conjunta con el Gobierno nacional, pero, según Quintero, quienes están hoy en el parque no son los mismos: «Son otros, que de nuevo se desplazaron desde la UPI y han vuelto a instalar sus carpas en el campo del parque».
El funcionario explicó que las comunidades aún no han definido si desean permanecer en Bogotá, ser reubicados o regresar a sus territorios.
«Ellos deben decirle a la Unidad de Víctimas si quieren regresar a su territorio, reubicarse en uno distinto o quedarse en Bogotá, pero en este momento todavía no han hecho esa declaración», dijo Quintero, quien agregó que la prioridad es que los niños acudan al colegio.
Las madres de 35 de ellos ya accedieron a que sean escolarizados, y la Alcaldía ha dispuesto un autobús que los lleva y los recoge a diario.
A diferencia de episodios anteriores, esta vez el parque está cerrado y el acceso está restringido exclusivamente a los miembros de la comunidad, bajo control de funcionarios distritales.
El campamento, instalado inicialmente como una forma de presión para exigir soluciones estructurales a las condiciones de pobreza y desplazamiento que enfrentan estas comunidades, ha despertado preocupación por la situación de salud, seguridad alimentaria y acceso a derechos fundamentales, especialmente para los niños y niñas.
Actualmente, las autoridades locales están haciendo diagnósticos para evaluar las necesidades inmediatas de las familias y establecer rutas institucionales que respeten sus decisiones a través de varias mesas de diálogo con tres líderes de las comunidades, dos hombres y una mujer, explicó Quintero.
Sin embargo, persiste la tensión entre el deber de proteger los derechos de la comunidad y la gestión del espacio público por parte de la Alcaldía.
EFE