San Salvador, 23 marzo de 2025.- Decenas de salvadoreños se concentraron este domingo en la capital del país para reiterar su rechazo «total» contra la explotación minera, impulsada por el presidente Nayib Bukele y secundada por la Asamblea Legislativa, por el «impacto nocivo» de dicha actividad sobre el medioambiente.
Al menos tres «plantones» se han realizado en la escalinata de la Biblioteca Nacional, en San Salvador, desde que se aprobó la Ley General de Minería Metálica, el 23 de diciembre del año pasado, que deroga la prohibición a esa actividad vigente desde 2017.
Los manifestantes portaron carteles con frases en rechazo a la minería y algunos tenían pañuelos, máscaras y anteojos para cubrir su rostro.
«(En esta ocasión) decimos de una forma pública y creativa que no estamos de acuerdo con esta política de la minería metálica en El Salvador porque sabemos del riesgo de vida que esto representa», comentó a EFE la activista Amalia López.
López, integrante de la organización Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, aseguró que «El Salvador no está preparado para un experimento de exploración minera» y recordó que en el pasado los proyectos mineros que fueron permitidos «dañaron ríos y perjudicaron la salud de los ciudadanos».
«No podemos darnos el lujo de esperar a los resultados de un experimento, como la minería, porque sabemos que, a todas luces, es dañina y que pone en riesgo la vida de las personas”, dijo.
Además, reiteró que «no existe la minería responsable» y que «en caso de que sí existiera, El Salvador no es el caso».
“Somos un país chiquito, apenas 21.000 kilómetros cuadrados y con una densidad poblacional espantosa. Tenemos 300 personas por kilómetro cuadrado, con lo que no existe la posibilidad de que lleven esta actividad a un lugar donde no haya población. En cualquier lugar donde se pare, en El Salvador, hay población y se verá afectada», manifestó.
La activista apuntó que, por el momento, no se ha explicado a la población «cuál es el supuesto beneficio para comunidades de esta actividad», como «tampoco se ha proyectado cuánto le costará a El Salvador recuperar sus ecosistemas si se llega a realizar esta práctica».
Recordó que mañana lunes representantes de diversas organizaciones presentarán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad y que esperan que este órgano se pronuncie y «si se declara inconstitucional la ley, se revive la ley anterior de prohibición”.
Añadió que la ley minera «atenta contra los derechos humanos a la vida, al agua, a la salud y a un medioambiente sano».
El presidente Bukele aseguró a principios de diciembre que el país centroamericano posee los yacimientos de oro «con mayor densidad por km2 en el mundo», sin citar investigaciones o documentos concretos. Ninguna institución del Gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben lo señalado por el mandatario.
Las organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a unas 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
EFE