La violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en las regiones de Colombia no es nuevo. Sobre este asunto ya han alertado la ONU, Amnistía Internacional, países como Noruega y varias organizaciones sociales dedicadas a hacer seguimiento al conflicto en el país. Sin embargo, la crisis económica y sanitaria por la pandemia del COVID-19 llevó a que, durante los más de cinco meses de aislamiento obligatorio, el panorama fuese aún peor: el primer semestre de 2020 fue un 85% más peligroso para estas personas en sus regiones con respecto al mismo periodo de 2019.
Así lo determina International Crisis Group, una organización sin ánimo de lucro internacional creada para el análisis, prevención y resolución de conflictos armados nacionales e internacionales, que esta semana entregó al país un informe llamado Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en Colombia, en el que hace un diagnóstico sobre esta problemática que no cesa en el país ni siquiera en medio de una pandemia. Citando al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha habido 139 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en 156 días de cuarentena, casi un homicidio diario.
Para construir el documento se realizaron más de 90 entrevistas con líderes sociales, funcionarios del Gobierno Nacional, militares, autoridades, comunidad en general y organizaciones sociales en Bogotá, Soacha y los departamentos de Cauca, Córdoba, Antioquia, Guaviare y Amazonas. Con la información recolectada también se pudo determinar que los dos primeros meses de cuarentena (finales de marzo hasta finales de mayo) la tasa nacional general de homicidios disminuyó en un 16%, mientras que los asesinatos a defensores de derechos humanos aumentó en un 53%.
Para dimensionar el problema, basta con recordar el crimen cometido hace casi un mes contra el líder indígena Oliverio Conejo Sánchez y su hija Emily, de 22 años, contra quienes atentaron el 12 de septiembre mientras se transportaban del municipio de Inzá (Cauca) a Tororó, de donde eran oriundos, luego de cumplir con brigadas y actividades de la salud para prevenir el contagio de COVID-19 en esta zona del departamento. El líder era el coordinador del programa de salud de su resguardo a través del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Las causas de su muerte todavía son un enigma para la comunidad.
Y es que el margen de acción de los líderes sociales y defensores de derechos humanos fue limitado en medio de la emergencia sanitaria. “Aquí en la frontera con Brasil, en el Amazonas, los grupos armados fueron quienes pusieron las normas del aislamiento, incluso algunos han sido quienes han entregado alimentos o ayuda para reforzar la colaboración comunitaria”, cuenta un líder social que participó de la más reciente investigación de la organización Crisis Group.
Los ataques u homicidios contra los líderes sociales no sólo afectan a la familias de las víctimas, sino también a su comunidad que queda huérfana. “Los ataques a los líderes sociales tienen un impacto más profundo que el crimen cotidiano. Los agresores apuntan a los líderes sociales como una forma de presionar a toda una comunidad, sabiendo que con ese homicidio en particular, subrayan la omnipresencia de su poder coercitivo local”, concluye el informe.
De acuerdo con el estudio, los principales problemas a los que se han enfrentado los líderes sociales y defensores de derechos humanos en estos meses han sido: las limitaciones físicas que tienen para desplazarse hacia otros espacios, lo que los pone en una situación de inseguridad porque tienen ubicaciones fijas; la constante suspensión de sus esquemas de seguridad, como la presencia de escoltas y automóviles blindados durante los días de aislamiento; su nula posibilidad de relacionamiento con personas de la comunidad para coordinar o responder a hechos violentos; las condiciones propias de la geografía colombiana que impiden que en muchos territorios rurales haya servicio de conectividad, y finalmente, en muchos casos, la imposibilidad de acceder a dispositivos electrónicos como un celular para alertar en momentos de peligro.
Por otro lado, el documento se refiere a los riesgos de la erradicación de la hoja de coca. Aunque en el Acuerdo de Paz estableció que para frenarle la vía al narcotráfico se debería implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en zonas del país donde se identificó mayor afectación, el informe especifica que, inicialmente, el gobierno Duque vio la medida de aislamiento obligatorio como una “oportunidad para redoblar los esfuerzos de las fuerzas armadas para la erradicación forzosa de la coca, lo que en realidad acentuó la inseguridad en determinadas comunidades».
De hecho, El Espectador ha documentado varios casos de abuso de Fuerza Pública en operativos de erradicación. Uno de ellos sucedió el 3 de julio, en el corregimiento de Teteyé (vereda La Caucasia), en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. A pesar de que los cocaleros de esta zona no son beneficiarios del PNIS, en ese entonces, se aseguró que las familias habían hecho acuerdos para hacer procesos de sustitución colectivos. Ese día dos campesinos murieron luego de enfrentarse a policías de la Unidad Antinarcóticos y otros tres más resultaron heridos.
Sobre este asunto el informe es muy claro: “La tensión y la desconfianza hacia los militares han aumentado en las comunidades cocaleras. Las asociaciones de agricultores rompieron la cuarentena para bloquear las acciones de los erradicadores manuales, argumentando que tales esfuerzos los arruinarán otros grupos armados que aprovechan la confusión para identificar a los proponentes de la erradicación voluntaria”.
Y a este problema hay que agregarle la estigmatización que viven los líderes sociales y defensores de derechos humanos, según advierte Crisis Group. Como ha sucedido desde hace más de una década, son señalados erróneamente por las autoridades de ser miembros o colabores de las guerrillas o grupos insurgentes.
Esto no sólo complejiza más la situación de seguridad de quienes defienden la paz en los territorios, sino que también hace mella en la confianza entre los líderes y las autoridades por falsas acusaciones. “El 1 de junio, autoridades indígenas U’wa en Norte de Santander dijeron que Joel Villamizar, asesinado por militares como presunto miembro del Eln, era en realidad un líder social. Hay un discurso de que los líderes sociales son guerrilleros y narcotraficantes”, reporta la organización internacional.
Otro escenario en el que también documenta Crisis Group es el recrudecimiento de la violencia es en los territorios donde hay «aparentes vínculos entre grupos armados ilegales y miembros de las fuerzas de seguridad o del Gobierno”. El reconocido líder chocoano Leyner Palacios, hoy comisionado de la Verdad, manifestó que en una reunión que tuvo con presidencia, a principio de año, denunció una “aparente complicidad entre las fuerzas armadas y los Gaitanistas de la región en el Auto Baudó (Chocó)”.
Según el testimonio que aportó al informe, el Ejército negó las denuncias, aunque se están llevando a cabo investigaciones disciplinarias. “Figuras de la sociedad civil local en Chocó y Cauca, así como monitores internacionales, informan que el Ejército parece apuntar solo a ciertos actores armados y no otros no; mientras que el ejército ha rechazado al Eln, las Agc han ido ganando mucho territorio”, se lee en el documento.
Pero también sucede, señala el informe, que “los grupos armados se han aprovechado de la distracción del Gobierno para reforzar su control sobre el territorio, imponiendo estrictos controles sociales como los toques de queda bajo la apariencia de cuarentenas, ordenando la distribución de suministros de alimentos y amenazando a cualquier persona de quien se sospeche es contagiosa”. Por ejemplo, en la región del Bajo Cauca antioqueño, habitantes de la zona denunciaron a la ONG investigadora que el grupo neoparamilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) “ha instruido a los líderes sociales de la zona para que sean los rostros visibles de las órdenes que dan”, ante la falta de funcionarios de salud en varios de los territorios.
Como uno de los pilares de lo pactado en La Habana (Cuba) era disminuir la brecha existente entre zonas rurales y urbanas a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre otras estrategias, el grupo Crisis Group advierte que por las condiciones propias del campo, sumado a la situación económica mundial, “los pocos intentos de corregir la desigualdad a través del acuerdo de paz de 2016 se retrasan y corren el riesgo de quedar completamente en el aire ya que el COVID-19 abruma las finanzas estatales”.
Además, pone en riesgo aún más los liderazgos comunitarios que, a través de iniciativas propias, han buscado mitigar el impacto, pues el 60 % de los homicidios contra líderes sociales desde la firma del acuerdo han ocurrido en territorios PDET: “La incapacidad del Estado para controlar el territorio donde operaban las extintas Farc ha creado un nuevo universo de riesgos para los líderes sociales que se encuentran en medio del fuego cruzado entre grupos armados rivales”.
¿Qué hace el Gobierno para proteger a los líderes?
Hasta mayo de este año, había 4.966 líderes sociales que contaban con esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Eso se traduce en escoltas, teléfonos móviles, cursos de autoprotección, chaquetas antibalas y hasta botones de pánico. De acuerdo con los analistas de Crisis Group, preocupa que el Gobierno haya implementado miles de estas opciones debido a que hasta ahora «las autoridades no han avanzado en las investigaciones sobre las amenazas con la rapidez suficiente para frustrarlas”.
Además, la organización internacional considera que estas medidas son ineficaces. Incluso, muchas de las soluciones del Estado se resumen a un traslado de lugar. Para evitar tener que abandonar sus hogares y las causas que defienden, muchos líderes sociales se han abstenido de pedir seguridad y crean sus propias redes de coordinación informal y sistemas comunitarios de alerta temprana.
Para ejemplificar lo anterior, Edwin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, dijo en diálogo con Colombia2020 el pasado 23 de septiembre que en su territorio la guardia indígena se estableció una vez salieron las Farc, debido a que el Estado no llegó. Esta estrategia de autoprotección con las guardias ancestrales (indígena, campesina o cimarrona) como autoridades cívicas es la recomendación que se plantea en el informe como una salida eficaz al conflicto interno. Sin embargo, no es tan fácil implementar estos esquemas propios de seguridad. Según Edwin Mauricio Capaz, “lo que vino enseguida fue la explosión de múltiples actores armados que empezaron a señalar a los guardias como actores de inteligencia militar o como miembros de algún grupo armado”.
Mitigar la crisis económica y la inseguridad
“Si bien la administración Duque ha dedicado considerable atención a proteger a las personas en “peligro de extinción”, su estrategia ha expuesto a los líderes a mayores peligros en ocasiones”, dice el informe. No obstante, la principal recomendación de Crisis Group para mitigar los impactos de la pandemia en el conflicto armado y en la implementación del Acuerdo de Paz es avanzar en la ley que beneficia a productores locales y de agricultura campesina familiar, sancionada el 6 de agosto de este año.
La propuesta consiste en que todos los organismos estatales, desde las fuerzas militares hasta los hospitales públicos, compren un porcentaje de los alimentos que requieren a los agricultores y campesinos locales de la zona donde operan. “Si se cuenta con la logística necesaria para implementar estas disposiciones, los compradores estatales podrían generar un nuevo mercado garantizado para los productores locales que de otra manera enfrentan dificultades para generar ingresos lícitos”, asegura el documento.
Teniendo en cuenta que una de las causas de los liderazgos sociales en las regiones es por conectividad vial y más oportunidades para los locales, también se menciona la importancia de construir carreteras, aprovechando la baja movilidad en la pandemia, para que los agricultores tengan más fácil acceso a ciudades para vender sus productos y así incentivar la economía. Para ello, propusieron que los contratistas de los proyectos sean personas de las regiones, para estimular las oportunidades laborales.
El Acuerdo de Paz también estableció un plan para redistribuir la tierra a favor de pequeños agricultores. Este punto, considera Crisis Group, es importante implementarlo con rapidez, para abordar las condiciones de pobreza y garantizar medios de vida para las comunidades rurales: “Aunque el Gobierno ha aumentado el área de tierra disponible para la redistribución, sólo se ha distribuido una pequeña cantidad de parcelas”. Para lograr esos objetivos, plantea, sería fundamental la relación y alianza con los líderes sociales para llegar a las comunidades. “Eso, a su vez, requiere que los líderes sociales consideren que el gobierno no ve la paz y el bienestar rural como algo secundario a otras metas económicas o de seguridad”.
Para continuar con el desmantelamiento de estructuras armadas se sugiere que el país mejore las opciones y alternativas para que los combatientes adopten una ruta de desmovilización y reincorporación, no sólo de manera individual sino también colectivamente, como lo estuvo en su momento para los paramilitares y posteriormente para las Farc.
Sobre la protección de los líderes sociales en la emergencia sanitaria se pide el Gobierno apoye las iniciativas de autoprotección de los líderes, entendiendo sus particularidades en contexto. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, según los analistas que realizaron el informe, podrían permitirle a los defensores postular y elegir sus propios escoltas, así como dotarles de herramientas que faciliten el monitoreo de la violencia en las regiones.
Finalmente, para disminuir el reclutamiento forzado de menores, que también se agudizó en la pandemia, se propone crear espacios de recreación segura para los niños y jóvenes, de manera que puedan ocupar el tiempo libre. Asimismo, se resalta la importancia de establecer protocolos de respuesta rápida para emergencias en los territorios e instalar torres de telefonía celular para garantizar conexión, en caso de emergencias: “Tales iniciativas podrían salvar más vidas al tiempo que alivian la carga financiera y logística del sistema de protección individual”.
Tomado de El Espectador
