Colombia, 23 febrero de 2021.- El informe de la Alta Comisionada subraya la grave situación de violencia que está afectando algunos territorios, comunidades, municipios y departamentos del país. A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, pasando de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes, en varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no-estatales y grupos criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos.
En el 2020, nuestra oficina documentó 76 masacres y seguimos documentando otros 5 casos. Estas masacres implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014.
Al respecto, el Gobierno informó a nuestra oficina que estableció una unidad especial para coordinar la respuesta estatal a estos casos.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la violencia en varios territorios habría causado en 2020, 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Y personas 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) verificó, por su parte, el asesinato de 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
Los lugares de Colombia afectados por el incremento de la violencia de grupos armados no estatales y criminales, se encuentran principalmente en los Departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos. La violencia afecta los proyectos de vida de estas poblaciones y la protección de sus derechos culturales, espirituales y territoriales, entre otros.
En las misiones realizadas por la oficina se observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos en estas localidades. Muchos de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación.
La ausencia de una presencia integral del Estado, en algunas regiones del país, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables.
La iniciativa del Gobierno de crear cinco “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” ha buscado iniciar el establecimiento de una presencia integral del Estado en esas zonas. El despliegue de instituciones y autoridades civiles es crucial para la prevención de la violencia y la expansión de las garantías de derechos humanos.
Según las declaraciones del Consejero Presidencial Emilio Archila el 2021 deberá ser el año determinante para la implementación de los proyectos PDET. Según lo establecido en el Acuerdo de Paz, la implementación de estrategias integrales en los territorios con la plena participación de las comunidades afectadas permite la consolidación de la paz.
Informe completo
Presentacion Informe Anual Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naci… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
