En un comunicado público, la Fundación Social Cordoberxia advierte al Gobierno que las acciones de la Fuerza Pública no son la única respuesta que requieren las comunidades del sur de Córdoba ante el recrudecimiento de la violencia.
La respuesta del Estado ha sido netamente militar, dice Cordoberxia en el escrito, pese a que se han hecho recomendaciones para combatir la pobreza, las economías ilícitas y la presencia de grupos armados ilegales.
Este es el comunicado:
“¡Alertas sin atención eficaz, pueblos con violencia mordaz!”
“En el Sur de Córdoba la falta de presencia integral y/o efectiva del Estado, principalmente en zonas rurales, impide la atención de las causas estructurales generadoras de violencia: índices de pobreza multidimensional, limitado acceso a la tierra, economías ilícitas y presencia de grupos criminales y/o grupos armados ilegales que se lucran de estas economías, que generan violencia y corrupción”.
“Recientemente, la Defensoría del Pueblo publicó la Alerta Temprana No. 054-19 donde exponen las violaciones a los derechos humanos en la región. Puntos claves 26.123 civiles que habitan las zonas rurales que bordean el Nudo del Paramillo están en alto riesgo, incluyendo: Población indígena Zenú del Resguardo mayor del Alto San Jorge; las comunidades Embera Katío del Alto Sinú, Quebrada Cañaveral y Dochama; todos los líderes sociales, campesinos y Defensores de derechos humanos de ASODECAS, ASCSUCOR, COCCAM, FUNSAP, ANZORC, CORDOBERXIA; Consejo Comunitario San José de Uré; Campesinos vinculados al PNIS; misiones médicas”.
“Nada distinto a lo que expuso en noviembre del 2018 la misma institución mediante la Alerta temprana 083-18”.
“Las acciones para contrarrestar «los daños» desde 2018 han sido netamente militares, pese a que en las recomendaciones ambas alertas tempranas indican las acciones que podrían detener la escalada criminal y que pareciera «naturalizarse» nuevamente para las comunidades a las que los violentos les están «controlando los destinos sociales y comunitarios a un 100%»; la realidad que hoy perpleja al sur de Córdoba, pese a la implementación del acuerdo de Paz, al menos para el PNIS y PDET medianamente materializados es que la violencia, -con sus violentos- no se fue, se quedó, cambio de mando, de tropas, de nombres y de brazaletes”.
“Requerimos a la Procuraduría General de la Nación, en el marco de lo mandatado en la Mesa por la Vida realizada en Apartado y Carmen de Bolivar entre 2018 y 2019 en cabeza del señor Procurador y el señor Defensor del Pueblo, requieran y exhorten la atención integral y cumplimiento cabal de las recomendaciones de las dos alertas tempranas aquí señaladas: 083-18 y 054-19. ¡Que la Paz no nos cueste la Vida!”
