Viuda, hijos y Fiscalía se pelean la fortuna del ‘Ñeñe’

FECHA:

La exreina de belleza María Mónica Urbina no se había quitado aún el luto riguroso por el asesinato de su pareja, José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, cuando comenzó a buscar abogado.

Según registros judiciales a los que el diario El Tiempo tuvo acceso, el 6 de septiembre de 2019 –cuatro meses después de que el ganadero fue acribillado en Brasil por supuestamente robarle su Rolex de oro–, la exreina instauró una demanda ante el Juzgado Primero del Circuito de Familia de Bogotá.

Busca que se le reconozca la sociedad conyugal y patrimonial vigente que ella asegura haber tenido con el ‘Ñeñe’.

Además de la pensión de supervivencia, pretende disputar con los hijos parte de los bienes que se recuperen del proceso de extinción de dominio que la Fiscalía ya echó a andar por nexos del ganadero con organizaciones criminales narcotraficantes.

El 2 de marzo se radicó la demanda de extinción del paquete de predios incautados, que incluye los de otros 20 sindicados y que suman más de 1,2 billones de pesos.

En el caso del ‘Ñeñe’, la joya de la corona es un lote de 654 hectáreas en las goteras de Cartagena, vinculado a un proyecto que ya se le había presentado a la Agencia Nacional de Infraestractura (ANI), para desarrollar el nuevo aeropuerto de la Heroica.

El predio, en la margen izquierda de la carreta La Cordialidad, está ligado a una de las empresas incautadas: Inversiones Hernández López.

La exreina instauró la demanda después de una fallida conciliación con los hijos de su pareja, Juan Miguel y Juan David Hernández, quienes no la reconocen como pareja permanente de su padre. Por eso, van a dar la pelea para que no reclame ni pensión ni bienes.

Para enfrentarse a la exreina contrataron al abogado Helí Abel Torrado, quien ya contestó la demanda argumentando por qué no se puede reconocer a Urbina como compañera permanente del ‘Ñeñe’.

También le dieron poder a un penalista para que le pelee a la Fiscalía los bienes incautados. Los herederos del ganadero insistirán en que la fortuna del difunto es producto de la herencia que recibió y otros fueron adquiridos legalmente.

Audios y ‘Goyo’

Además de negar amistad o cercanía de su progenitor con el presidente Iván Duque, José Miguel Hernández le dijo al diario El Tiempo: “Mi padre trabajó desde muy joven con lo heredado, nunca tuvo vínculos con el narcotráfico y menos aún con lavado de activos”.

Pero para la Fiscalía es claro que en cientos de horas de interceptaciones se estableció el nexo entre el ‘Ñeñe’ y la organización criminal de ‘Marquitos’ Figueroa.

En un audio se escucha al ‘Ñeñe’ hablar de tener oculta una tonelada, y dentro del expediente hay testimonios de sicarios de La Guajira, que lo señalaban como “uno de los patrones”.

También pesan los señalamientos por su presunta participación en el asesinato de Óscar Rodríguez, hijo del prestamista Carlos Rodríguez ejecutado por orden de ‘Marquitos’.

Pero, las interceptaciones hechas por la Dijín son la clave.

Inicialmente, abogados de los implicados en las conversaciones –incluida la defensa de Claudia Daza, exasesora del expresidente Álvaro Uribe– le estaban apostando a señalar que los audios eran ilegales.

Según argumentan, el juez de garantías que amplió las fechas de interceptación de las líneas del ‘Ñeñe’ no dejó explícito la legalización de las grabaciones que ya se habían hecho.

Sin embargo, para la Fiscalía no hay duda de la legalidad de las interceptaciones que vinculan al ‘Ñeñe’, hechas desde la llamada Sala Rojo de la Policía.

Pero sí se está investigando que la orden de interceptación se usó para escuchar a un teniente y a cuatro patrulleros, indagados por la supuesta pérdida de una plata de un allanamiento en Cali. De hecho, se alista la imputación de cargos contra uniformados que habrían metido esas líneas, y que aseguran que fueron suministradas por un informante.

Además, se indagan otras posibles interceptaciones ilegales de otra de las salas que maneja la Policía: la Negro.

En la práctica, si los audios se reconocen como legales para el proceso de extinción, también servirán para la investigación sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña a la presidencia de Iván Duque.

Una de las conversaciones corresponde a la sostenida entre Claudia ‘Caya’ Daza y José Gregorio Hernández Aponte, conocido como ‘Goyo’ y hermano mayor del ‘Ñeñe’. Allí se habla de manera explícita del desembolso de recursos para pancartas y propaganda proselitista, y de contactos non sanctos con personajes vinculados al narcotráfico.

Sobre esas conversaciones, ‘Caya’ Daza guardará silencio cuando sea requerida por autoridades. Y personas cercanas a la campaña de Duque recordaron que la exasesora de Uribe no hacía parte de sus cuadros directivos y, por ende, no pueden responder por sus presuntas conductas irregulares.

Así mismo, se recalca que esa conversación parece corresponder a otro paquete de interceptaciones que aún no ha sido revelado en su totalidad y que contiene más datos relevantes.

En lo único que coinciden los abogados de todas las partes en esta trama es que tanto el pulso por los bienes del ‘Ñeñe como la indagación por los presuntos aportes ilegales a la campaña de Duque tomarán impulso cuando se reactiven los términos y procesos suspendidos por la emergencia sanitaria.

La defensa de la exreina Urbina

El apoderado de María Mónica Urbina ante el juzgado de familia, el abogado Evans Mauricio Bermúdez, le dijo al periódico El Tiempo que la exreina tiene cómo demostrar que sí fue por 10 años la pareja del ‘Ñeñe’.

Agregó que ella tiene derecho a que se le reconozca la sociedad conyugal y patrimonial: “Los hijos del señor Hernández contestaron la demanda, pero mi cliente también puede ser reconocida como heredera”.

Tomado de El Tiempo


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